03-10-23.-Las organizaciones del Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo y el Comité de Familiares y Amigos y Amigas por la Libertad de las y los Trabajadores Presos han dado inicio a la campaña «Basta de criminalizar a quienes luchan», para exigir la liberación de las y los trabajadores y luchadores sociales injustamente encarcelados en Venezuela.
Los organizadores de la campaña han explicado que entre los casos denunciados algunos corresponden a personas privadas de su libertad «por haberse opuesto a la comisión de actos de corrupción y/o haber defendido los intereses y conquistas históricas de la clase trabajadora venezolana», y otros son «simplemente víctimas de un sistema de justicia basado en la aporofobia; un sistema clasista, misógino y patriarcal», que desprecia a las y los pobres.
En la lista de casos denunciados por las organizaciones políticas, sociales y sindicales adherentes de la campaña, destacan los de Daniel Romero y Leonardo Azócar, trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) secuestrados en junio de este año por la Dirección General de Contrainteligencia Militar y encarcelados para neutralizar las masivas protestas por salarios dignos que han realizado las y los obreros de esa empresa.
Otro caso destacado es el de la trabajadora petrolera Johana González, quien fue condenada sin pruebas en su contra en 2021. Pese a haber obtenido una boleta de excarcelación pocos meses después, permanece hasta hoy ilegalmente detenida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina.
También entre los casos se cuenta el de Naibelys Noel, una joven condenada a 30 años de prisión por su supuesta participación en el asesinato de su bebé de 18 meses en 2019. Sin embargo, el verdadero homicida de su hijo, José Teodoro González Uzcátegui, fue sentenciado a 14 años de cárcel.
Objetivos de la campaña
Esta campaña «se basa en la necesidad de poner fin a la criminalización y persecución injusta de aquellos que alzan la voz», declararon los impulsores de la iniciativa. Al evaluar los casos, se ha encontrado como común denominador la violación al debido proceso, e irregularidades tales como aprehensiones sin orden judicial, acusaciones fiscales sin base, diferimiento reiterado de las audiencias, adopción de decisiones judiciales contra derecho, y enjuiciamientos y sentencias condenatorias sin base probatoria en los expedientes.
Las organizaciones que impulsan la campaña aspiran a lograr una masiva recolección de firmas de apoyo, para elevar a las instituciones del Estado venezolano la exigencia de liberación inmediata de estas y estos ciudadanos injustamente privados de libertad.
