El capitalismo es el genocida más respetado del mundo, ¡a irrespetarlo!
La decisión del gobierno de Hugo Chávez de entregar al periodista Joaquín Pérez Becerra, director de la Agencia de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL) al gobierno de ese país, constituye un viraje sustancial de la política internacional del régimen venezolano, que de hecho ha cedido a las presiones imperialistas y al narco gobierno de Juan Manuel Santos, continuador de la política pro fascista de Álvaro Uribe Vélez.
Joaquín Pérez Becerra salió de Colombia hace más de 20 años, huyendo de los asesinatos cometidos a más de 5 mil militantes de la Unión Patriótica, UP, movimiento de izquierda por el cual fue elegido concejal en Corinto, Valle del Cauca, a principios de los 90. Joaquín salió de su país luego del asesinato de su esposa. En Suecia le fue concedido asilo político y allí asumió esa nacionalidad, rehizo una familia y se dedicó al periodismo siendo uno de los fundadores de la agencia ANNCOL. Nunca más regresó a Colombia, donde está condenado a muerte.
Según un cable de la agencia EFE publicado en el diario “El Tiempo”, propiedad de la familia Santos, este apresamiento y deportación del comunicador se habría hecho “por encargo”. En ella se señala que Santos se comunicó por teléfono con Chávez antes del aterrizaje del avión que llevaba a Pérez a Caracas, le pidió el arresto de Joaquín Pérez ni bien pisara el aeropuerto de Maiquetía. “Le di el nombre y le pedí que colaborara para su captura. No titubeó”, dijo el mandatario, quien agregó que “esta mañana habló nuevamente con Chávez para agradecer la detención del guerrillero”.
La diligencia con la que ha actuado Chávez muestra un debilitamiento político de su gobierno, que busca equilibrarlo haciendo concesiones a la oligarquía y al imperialismo, asumiendo la criminalización de militantes de la izquierda y del movimiento insurgente particularmente colombiano, que durante el último año han sido deportados por las autoridades venezolanas: alrededor de 15 presuntos miembros de las FARC y del ELN, equiparados absurdamente con los paramilitares colombianos, asumiendo el mismo discurso de la propaganda contrainsurgente del Estado colombiano, para quien los luchadores sociales y políticos opuestos a su política guerrerista, de crimen y exclusión al pueblo, los que luchan por democracia, trabajo y justicia, por una salida política al conflicto interno colombiano; simplemente son acusados de “terroristas”.
El comunicado del gobierno venezolano ante la extradición de Joaquín Pérez lo corrobora: “El Gobierno Bolivariano ratifica así su compromiso inquebrantable en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia y el crimen organizado, en estricto cumplimiento de los compromisos y de la cooperación internacional, bajo los principios de paz, solidaridad y respeto a los derechos humanos.”
Esta posición colaboracionista de Chávez es una gran ayuda al gobierno colombiano frente al desprestigio internacional que sufre por su política criminal y de hecho entra en acuerdo con el denominado “Salto Estratégico”, nuevo plan contrainsurgente del presidente Santos que en esencia significa criminalizar toda expresión política que se le oponga, aún las más alejadas de la insurgencia, tanto dentro del país como fuera de él; en el cual las extradiciones se convierten en un instrumento para internacionalizar la Guerra Sucia colombiana, usándolas como un mecanismo para el amedrentamiento a todo aquel que opine diferente, a quienes denuncien y condenen la guerra de exterminio y crimen contra su pueblo.
Paradójicamente, la política del Plan Colombia y del gobierno colombiano va ganando terreno y liderazgo en gobiernos llamados progresistas como el de Chávez, quien antes mantuvo una fuerte condena a esta política y reivindicaba la acción de la insurgencia como legitima y para quienes reclamó el estatus de “fuerzas beligerantes”; que por los hechos nunca tuvo la decisión de otorgarles. El apresamiento del director de ANNCOL es un quiebre muy serio en la política internacional de Chávez, que ha desatado fuertes críticas y cuestionamientos de varias organizaciones sociales venezolanas, lo propio han hecho varios analistas políticos, comunicadores y lideres de izquierda en América Latina, para algunos de los cuales esto significa una “traición” y un “viraje hacia la derecha”. En este sentido la organización sindical venezolana ÚNETE, partidaria del gobierno, expresó:
“Esa detención y el contenido del comunicado del gobierno venezolano, asumiendo ya una postura condenatoria, calificando de terrorista y delincuente a un militante revolucionario, a la usanza del imperialismo yanqui y sus lacayos, son contrarios totalmente a la esperanza liberadora y antimperialista que proyecta el proceso bolivariano.” No cabe duda que la desazón, la inconformidad, la desconfianza y las críticas, se han extendido a un amplio espectro del movimiento popular venezolano frente a la extradición de Joaquín Pérez, al que se añade el apoyo al anti popular gobierno de Porfirio Lobo de Honduras, por quien aboga para su reinserción en la OEA, golpeando así la movilización, la resistencia y la lucha del pueblo hondureño que tiene desgastado políticamente a un gobierno que ha asesinado a varios líderes sociales.
Ecuador en la estrategia contrainsurgente de Colombia
La aureola de gobierno progresista que tiene Correa en el exterior, lograda sobre en base de una fuerte ofensiva mediática y de un discurso demagógico es diferente a lo interno del país, donde los más amplios sectores reconocen el proceso derechización expresado, entre otros aspectos, en la criminalización de la lucha social y en la acusación a líderes sociales y políticos con la figura de “terrorismo y sabotaje”, que alcanza a más de 280 ciudadanos, de los cuales 7 campesinos del sur de país han sido condenados a 8 años de cárcel; el presidente de la FEUE, Marcelo Rivera, a 3 años.
Edgar Isch sostiene que “Un gobierno que sustenta su legitimidad en la violencia estatal, el uso de mecanismos judiciales para reprimir y las Fuerzas Armadas en las calles, poco puede hablar de democracia y mucho menos de socialismo. Es, por el contrario, un gobierno que busca disciplinamiento social en términos de sumisión y acatamiento a las órdenes e ideas oficiales”. Nada que envidiarle al gobierno colombiano, es más, podría decirse que hay muchas coincidencias en este plano. Llama la atención y preocupa que gobiernos que supuestamente están en orillas distintas coincidan y sustentan esta política anti popular en las “razones de Estado”, o en “cuestiones de seguridad regional”; y en común tipifiquen la lucha popular de resistencia y por el cambio como “terrorismo”, convirtiendo a las organizaciones populares y a sus líderes en el enemigo principal. Correa ha señalado reiteradamente que el mayor peligro para su “revolución” son los izquierdistas, los ecologistas y los indígenas “infantiles”. Para Chávez, coreándole a Santos, un periodista que denuncia y desenmascara en el plano internacional las atrocidades del gobierno colombiano es un terrorista y es sujeto de extradición.
La inserción del Ecuador en el Plan Colombia ha dado grandes pasos con el gobierno actual, así lo señalan el reforzamiento de la frontera norte con alrededor de 10 mil efectivos militares, afirmando el plan de “yunque y martillo” establecido por Colombia, con grandes gastos para el país. Pese a que Colombia en el año 2008 invadió territorio ecuatoriano, violó su soberanía, bombardeó un campamento, asesino a varios guerrilleros, a varios estudiantes internacionalistas mexicanos y a un ecuatoriano, las reclamaciones no pasaron de una que otra rabieta presidencial y de un pliego de peticiones y explicaciones de las cuales tanto Uribe como Santos se burlaron. Además es público que el gobierno de Correa ayudó a que se sobreseyera la causa judicial que pesaba contra Manuel Santos por el bombardeó en Angostura, que se llevaba a cabo en la provincia amazónica de Sucumbíos.
En noviembre del 2009 se restableció la Comisión Binacional Fronteriza, donde es notorio que la iniciativa la tiene el gobierno colombiano. Ahora en el 2011 se ha discutido un “Programa de Acción Binacional para fortalecer la seguridad fronteriza”, que según el Ministerio de Defensa del Ecuador cuenta con más de veinte planes conjuntos orientados a incrementar el intercambio de información y fortalecer la seguridad en la zona de frontera, para robustecer “la capacidad para enfrentar, de mejor manera, las amenazas a la seguridad”, establece “una instancia de seguimiento y evaluación; acciones para el “control de la movilidad”, analizaron “estrategias de comunicación” en la zona fronteriza y la celebración de “acciones cívico-militares de apoyo al desarrollo”, "protección de la población y prevención ante la presencia de grupos delincuenciales". Así, el discurso de soberanía de Correa se desvaneció con la vergonzosa normalización de las relaciones con Colombia, en condiciones de abierta colaboración con el Plan Colombia y la estrategia contrainsurgente diseñada por el imperialismo. Las concesiones realizadas por el gobierno venezolano entran en la misma onda, -aunque con particularidades propias- . y en los hechos ambos coinciden en la línea estratégica del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos quien paulatinamente se está convirtiendo en la punta de lanza para la internacionalización del conflicto colombiano y la aplicación del Plan Colombia en la región.
