Con la llegada a nuestra América de gobiernos de izquierda y progresistas, se pudo revelar el papel que desempeñó la Organización de Estados Americanos de apoyo a dictaduras regionales, así como, su sometimiento a los designios de los Estados Unidos de América. Pero esta vez, la OEA no es la que esta siendo desvestida ante la mirada de nuestros pueblos, ya que le toca a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siempre mudas ante las evidentes violaciones a los derechos humanos ocurridas en la región.
Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de 1969 es un instrumento interamericano que establece el deber de los Estados en el cumplimiento de los derechos civiles y políticos de las personas tales como, el derecho de la vida, la integridad personal, a la expresión, entre otros. Para ello, la Convención crea dos Órganos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión, se encarga de analizar los casos de violaciones a los Derechos Humanos y verificar si procede su estudio o no, la misma puede, en excepciones, actuar de oficio ante hechos que evidencien la violación de los derechos contemplados en el Pacto, ejemplo de ello pudieron haber sido: terrorismo en Nicaragua y en el Salvador promovidos desde los Estados Unidos; dictaduras y represiones en Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia, Colombia, Venezuela, entre otros hechos más.
En el caso de Venezuela, las fuerzas del Estado en 1989 asesinaron y desaparecieron a cientos de manifestantes y la Comisión no actuó, como tampoco lo hizo ante los horrorosos acontecimientos de nuestra región. Cuando los representantes de algunas de las víctimas del Caracazo presentaron el caso ante ese Órgano en 1995, no lo proceso de inmediato, solo en 1999, después de la llegada del Gobierno Bolivariano, es que la Comisión somete el caso para estudio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Torturas, desapariciones forzadas, violaciones del debido proceso, instauración de campos de concentración, asesinato de dirigentes políticos fueron omitidas por la Comisión. Desde 1969 hasta 1998, la Comisión solo atendió cuatro casos de Venezuela, que para colmo defendían los derechos de los cuatro implicados en la voladura del vuelo cubana de aviación en 1976 donde fallecieron 73 personas. Es decir, la Comisión debutó en Venezuela defendiendo los intereses del terrorista Posada Carriles y aliados; mas adelante vimos a la Comisión manifestarse sobre nuestro país, y es que en abril de 2002, su Presidente remitió una Carta de felicitaciones a Carmona Estanga por “haber restituido la democracia en Venezuela”.
Luego de la aprobación de la nueva Constitución en 1999, donde se establece como derechos irrenunciables de la nación, la independencia, la libertad, la soberanía, la integridad territorial, la inmunidad y la autodeterminación nacional, queda en evidencia el principio de no supra constitucionalidad, es por ello que ningún órgano internacional puede decidir por encima de nuestras instituciones. En distintas oportunidades la Sala Constitucional se pronuncio sobre lo mismo y en ocasiones solicito al Ejecutivo Nacional “con fundamento al principio de colaboración de poderes, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 78 de la Convención Americana de Derechos Humanos proceda a denunciar este Tratado o Convención, ante la evidente usurpación de funciones en que ha incurrido la Corte Interamericana de Derechos Humanos” (Sala Constitucional Expediente Nro.08-1572).
Tanto la Comisión como la Corte incumplen con lo estipulado en el articulo 46 del Pacto de San José para la admisión de casos sobre nuestro país, y a la vez contribuyen a la política exterior estadounidense para el descredito del proceso revolucionario venezolano. Desde 1999 al 2011 se contabilizan más de 40 casos contra el Estado venezolano que son abordados por la Comisión. En cuanto a la Corte, Venezuela y Argentina son los países con más casos ante esa instancia, sin embargo Venezuela es el primer país que se le ha dictaminado mas medidas provisionales, 13, sabiendo que estas medidas solo se utilizan para casos extremos.
La decisión del gobierno venezolano de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, no solo defiende la soberanía de la nación determinada en la Constitución Nacional, sino que además, pone al descubierto el carácter servil de la Comisión y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que junto a las Organizaciones No Gubernamentales, responden a la política exterior de los Estados Unidos de América.
Venezuela y el ordenamiento legal que la ampara establece un sistema de protección a los derechos humanos mucho mas integral que lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, la misma abarca las realidades de nuestros pueblos, y reconoce los derechos sociales, económicos y culturales de todas las personas, así mismo crea diversas instancias encargadas de asegurar los derechos humanos consagrados en la Constitución.
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