Uno de los argumentos más usados por los grandes medios de comunicación occidentales a la hora de interpretar el origen del estallido social en las calles de Turquía es la deriva islamista y autoritaria del Gobierno de Recep Tayip Erdogan.


De esta manera, los ‘mass media’ centran toda la atención en la disyuntiva islamismo-laicismo y autoritarismo-democracia, llevando a cabo un análisis simplista y parcial de la realidad que vive estos días el país euroasiático.

Y es que para poder analizar con mayor profundidad la reciente revuelta popular en las calles de ciudades como Estambul o Ankara, habría que adoptar algo más de perspectiva y poner la lupa en las políticas socioeconómicas que el Ejecutivo viene desarrollando durante estos últimos años.

El Gobierno de Erdogan, integrado por el Partido Justicia y Desarrollo (AKP), irrumpe en el poder en el año 2002 en un contexto de crisis económica (crisis financiera de 2001) donde acuerda un programa de medidas de claro corte neoliberal con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que pasan por la privatización del sector público, reformas laborales y drásticos recortes sociales.

Un año después de llegar al Gobierno, en 2003, se abre el camino a la privatización de la empresa pública de telecomunicaciones Turk Telekom [1]. Al año siguiente, en 2004, se ponen a la venta compañías de licor, fábricas de acero y Aerolíneas Turcas [2].

Desde entonces, se inicia un proceso que no tiene marcha atrás: En 2007, se da luz verde a la privatización de la compañía pública de tabacos de Turquía, Tekel [3]. En 2008, es el turno de la red eléctrica, con la venta de dos compañías de distribución en Ankara y Sakarya-Kocaeli [4]. Además, ese mismo año se anuncia la venta del banco de propiedad estatal Halkbank y la privatización del 15 por ciento de las acciones de Turk Telekom.

En 2009, el Gobierno aprueba una legislación para otorgar el agua de los ríos, los lagos y los estanques a las corporaciones privadas. Esto significa que los recursos hídricos pueden transferirse a corporaciones, que hasta el momento sólo controlaban los servicios de distribución [5].

Debido a esto, la Confederación de los sindicatos campesinos turcos, Çiftçi-Sen, junto con más de 100 otras fuerzas de oposición social que defienden el reconocimiento del derecho al agua, forman una plataforma llamada “No a la comercialización del agua” y se manifiestan masivamente el 15 de marzo de 2009 en Estambul, en el marco del Foro Mundial del Agua [6].

En 2011, el Gobierno de Erdogan inicia las negociaciones para la privatización [7] de 2.000 kilómetros de autopistas y puentes del país. De esta manera el Ejecutivo turco pretende ceder al capital privado hasta nueve carreteras de peaje y dos puentes sobre el Bósforo, vías de comunicación muy importantes en el área de Estambul.

A través de la llamada “Administración de Privatizaciones” (OIB por sus siglas en turco), Erdogan busca tirar adelante un paquete de privatizaciones en el país que incluye el textil, la minería, el petróleo, la alimentación o el transporte marítimo, entre otros [8].

En febrero de ese mismo año, 10.000 personas se manifiestan en el centro de Ankara en rechazo a la reforma laboral del Gobierno, que entre las medidas, destacan la reducción del salario mínimo para los jóvenes, la posibilidad de traslado de los funcionarios y permite la contratación de empleados sin seguro social [9].

Muchos de los allí presentes corean gritos de “Esto es Ankara, no el Cairo”, “Tayyip ha llegado tu turno” y “Tayyip, te deseamos un final feliz como a Mubarak”.

Las directrices neoliberales aplicadas durante estos últimos años han generado un aumento de la desigualdad social en el país. Según la revista Forbes, en Estambul, capital financiera de Turquía, había un total de 35 multimillonarios en marzo de 2008 (en comparación con 25 en 2007), situándose en el puesto 4º en el mundo. Un informe para empresarios interesados en invertir en Turquía elaborado por el banco español Banesto asegura que “el país está marcado por la existencia de fuertes desigualdades de rentas” [10]. Muchos empleados en Turquía no cobran más del salario mínimo de unos 570 dólares y el ingreso per cápita es casi la mitad que los ingresos medios europeos.

Quizás este conjunto de factores ayude a explicar el malestar social que ha dado origen a los disturbios que hoy vive Turquía, más allá del enfoque liberal que se pretende dar desde la prensa de Occidente.