El litigio marítimo entre Perú y Chile y su resolución por la Corte Internacional de Justicia ha dado indicaciones a Bolivia sobre sus nuevas estrategias contra la mediterraneidad, convirtiendo a Bolivia en una pieza clave en la integración latinoamericana antineoliberal.
En 2008 el expresidente peruano Alan García inició una demanda internacional en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Chile después de fracasar las negociaciones bilaterales iniciadas en 2000. Perú solicitó a Chile revisar los tratados marítimos de 1952 y 1954, la Declaración de Zona Marítima en Santiago de Chile, dado que según el Estado Inca no definían bien la soberanía marítima en la frontera de los dos países que fue definida en el Tratado de Lima de 1929, pero Chile se negó en todo momento que fueran renegociados esos tratados.
Con la nueva demanda internacional Perú hizo uso del llamado Pacto de Bogotá de 1948 o conocido también como Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, y que Chile ratificó en 1967, para que la CIJ pudiera decidir jurídicamente sobre el litigio fronterizo. Este conflicto se ubicó en una disputa marítima donde se pretendía modificar la frontera actual que existe bajo una línea paralela desde cerca de la ciudad chilena de Arica con 200 millas marítimas a una línea equidistante entre ambos países.
Después de 6 años de peritos, estudios históricos, análisis jurídicos, y predicciones de impactos políticos, además de la explosión chovinista que los medios de comunicación y las fuerzas políticas de los dos países encendieron, finalmente la CIJ convirtió un clima disyuntivo, “victoria de Perú o Chile”, a un ambiente copulativo, “ni para Perú todo ni para Chile”, según su sentencia el pasado 27 de Enero. Se decidió que del total del área marítima, 67.139,4 km2, Perú se quedaría algo más de 50.000 km2 y Chile 16.352 km2, pero Chile controlaría desde su costa en dirección horizontal las 80 millas no perdiendo así su soberanía de pesca cercana. Con esta sentencia, más allá de análisis de líderes políticos o académicos de los dos países, sobre lo que se ganó o se perdió, hay que subrayar que el punto clave es que los dos estados en pugna aceptaron una resolución externa.
Esto conduce a preguntarnos varias cuestiones; ¿por qué los dos países aceptaron sin remordimientos el Fallo de la Haya? ¿Por qué se disfrazó la visión nacionalista de Perú y Chile, estados fronterizos con varios históricos conflictos armados, a una ética de integración latinoamericana? ¿Qué beneficio obtuvo la CIJ en su resolución? ¿Cómo interpretó Bolivia esta resolución? O ¿por qué en este caso sí hubo resolución aceptada y no tuvo el mismo éxito el caso del Fallo de la Corte de la Haya sobre el Litigio entre Colombia y Nicaragua?
Integración, comercio y riqueza
Posiblemente Marx no estaría muy equivocado en esta pugna binacional cuando situaba la infraestructura (base material) por encima de la superestructura (base simbólica). Sin esconder que los gobiernos y medios comunicativos e ideológicos de Perú y Chile alteraron el chovinismo en su población – que de vez en cuando incluso utilizan técnicas como el deporte internacional para ocultar las contradicciones económicas internas -, durante los días posteriores a la Resolución de la CIJ el Presidente peruano Ollanta Humala y su colega chileno Sebastián Piñera, además de la nueva mandataria a partir del 12 de marzo, Michelle Bachelet, acudieron a la II Cumbre de la CELAC, en La Habana, para presentar una visión pacifica, conciliadora, democrática e integracionista. Justamente dos países con un modelo económico neoliberal semejante y siendo miembros del mismo eje “integracionista” de la Alianza del Pacífico, junto a México y Colombia, que busca acrecentar los Tratados de Libre Comercio (TLCs), en vínculo con Estados Unidos y su estrategia del ALCA, y hacer frente al proteccionismo y desarrollismo del MERCOSUR y el socialismo latinoamericano del ALBA-TCP, no les interesaba entrar en conflicto para desprestigiar la Alianza del Pacífico en un momento histórico de correlación de fuerzas. Por lo tanto, posiblemente su relación economicista y comercial esté por encima de cualquier “simple” trozo de tierra o mar. Según datos de ALADI, en 2012 Perú fue el 11 importador mundial de los productos chilenos (2,09% del total), detrás sólo de Brasil, y Chile el 6 importador de Perú, primero de Latinoamérica, con el 4,45% del total. Dos países que además de tener TLC comparten proyectos conjuntos de comercio con Asia, como ser miembros de la APEC y el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica.
El conocido y férreo vínculo económico entre Chile y Perú no lo dejaría de lado la CIJ para posicionar que era más fácil poder llegar a un acuerdo común entre los dos países. Además, sabiendo que la zona en disputa no es un área estratégica rica en recursos, como petróleo, o una ubicación política como el Estrecho de Gibraltar (entrada al mar Mediterráneo entre Europa y África), o una zona terrestre con residentes, facilitaba la posibilidad de definir nuevos límites. La CIJ concretamente arrastraba una pérdida de legitimidad tras el Fallo de la Corte de la Haya en 2012 sobre el litigio entre Colombia y Nicaragua, sentenciando que Colombia tiene la soberanía de las Islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero también ampliando la soberanía marítima de Nicaragua en una zona de soberanía colombiana. El gobierno de Juan Manuel Santos no aceptó finalmente la resolución de la CIJ y no cedió soberanía, además de retirarse del Pacto de Bogotá poniendo, así, fin a la jurisdicción de la Corte en demandas con otros países. A diferencia del conflicto Chile y Perú, Colombia y Nicaragua están situados en dos frentes de integración regional chocantes, el primero en la Alianza del pacífico y el segundo en el ALBA-TCP. Además, sus relaciones comerciales son insignificantes, exportando Colombia a Nicaragua solamente el 0,01% de su total. Y finalmente la zona en disputa es rica no solamente en pesca, sino también en posibles explotaciones petrolera.
Bolivia: ¿la lucha por el mar o contra el neoliberalismo en las Américas?
La diplomacia boliviana, junto asesores internacionales, ha seguido de cerca el fallo Perú - Chile para su futura, pero cercana, demanda marítima en la CIJ. Dado que no soy un especialista en jurisdicción internacional, me basaré en los tres conceptos expuestos anteriormente sobre los casos de Chile y Perú, y de Colombia y Nicaragua, – relaciones integracionistas, relaciones comerciales, y riqueza de la zona en disputa – para valorar las posibilidades de Bolivia sobre no solamente ganar el litigio en la CIJ sino que Chile acepte la sentencia.
En la primera confrontación, Chile, como hemos señalado, hace parte de la AP fortaleciendo el “libre” comercio con miradas hacia Asia y países neoliberales del continente latinoamericano, mientras Bolivia es miembro del ALBA-TCP, con interés de adhesión al MERCOSUR, para fortalecer el desarrollo endógeno, la producción nacional y el comercio justo frente al papel de las transnacionales. Más que consenso los dos países se sitúan en frentes pugnantes, como lo que sucedió entre Colombia y Nicaragua.
En la segunda confrontación, Bolivia sigue dependiendo, en parte, de los puertos chilenos de Arica e Iquique para el comercio internacional con Asia y Estados Unidos, aunque sus principales socios son Brasil y Argentina. Para Chile el comercio de Bolivia es importante pero en un Estado tan centralista como es su principal puerto comercial está en Valparaíso, lejano de la frontera con Bolivia. Por lo tanto no existe un comercio bilateral estratégico.
Y en la tercera confrontación, la zona más rica de Chile es justamente el norte del país, el territorio que demanda Bolivia para su salida el mar por ser arrebatada por Chile en la Guerra del Pacífico (1879-1883), donde prevalece la mayor minería de cobre del mundo, siendo esto el núcleo económico de Chile, y no cederá ni un metro como lo hizo con Perú.
Si Bolivia, hipotéticamente, gana la futura demanda en la CIJ existe una gran posibilidad correlativa que Chile actúe como Colombia, no solamente no aceptar la resolución para no perder nada de su territorio, sino que también se saldría del Pacto del Bogotá. Por lo tanto, es certero que el litigio de Perú-Chile es totalmente diferente al de Bolivia-Chile, pero no solamente en lo que está en juego y en cómo actuaría Chile sino en cómo puede resonar en la integración latinoamericana saliéndose Chile del Pacto de Bogotá, junto a la recién retirada Colombia. Dos de los cuatro países actuales de la Alianza del Pacífico. Un fenómeno que podría provocar un aislamiento mayor del neoliberalismo en América Latina.
¡Adelante Bolivia con la demanda!
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