Dejar encerradas a decenas de personas durante un sismo de proporciones, así como viajar al extranjero para enlodar la imagen del país, y en ambos casos no recibir sanción efectiva, demuestra cuán débil y cooptada está nuestra democracia

Arturo Alejandro Muñoz

SUPONGAMOS –y sólo supongamos- que un bromista estudiante universitario, en plena fiesta ‘mechona’, decidido a ganar puntos para su alianza, hubiese sido quien bajó las cortinas del supermercado LIDER en Maipú al momento de iniciarse un sismo de proporciones, dejando encerradas a decenas de personas al interior del local comercial. "Tan solo quise hacer una broma que fuese rescatada por los medios de comunicación y ganar puntaje para mi alianza en estas fiestas universitarias", habría explicado luego de ser arrestado y conducido a un tribunal, donde seguramente le esperarían durísimas sanciones.

Es un hecho que los medios de prensa lo habrían crucificado sin titubeos, y gran parte de la sociedad (la más amplia mayoría) habría hecho lo mismo, exigiendo en consecuencia aplicarle el máximo rigor de la ley. Aún más, muchos postularían -y les asistiría la razón en ello- poner coto definitivo a esas fiestas universitarias que malamente pretenden dar la bienvenida a sus nuevos condiscípulos, pero que terminan no sólo humillándolos sino, como corolario detestable, provocando serios destrozos materiales en bienes públicos y privados, así como entregando también una imagen demoledora y negativa de un sector de la juventud, específicamente aquel que es soberbio a fuerza de creerse (y sentirse) superior a sus pares.

Veamos otro caso, otro ejemplo. Supongamos también que un dirigente político izquierdista hubiese viajado hasta los Estados Unidos de Norteamérica acompañando a su esposa –ciudadana de esa nación-, y allá protagonizara un pequeño escandalillo mediante su participación en una marcha-protesta de latinos y afroamericanos que luchan en beneficio de los derechos civiles que les son mezquinados… y hubiese sido detenido por la policía del lugar, llevado a un reciento policial y luego liberado en el aeropuerto de la ciudad, conminado a abordar el primer avión con destino a Sudamérica.

Ante esta situación, la prensa (en particular aquella administrada por patroncitos locales que son lacayos de las grandes transnacionales predadoras) se habría desgañitado gritando su molestia y vergüenza ante la conducta, impropia y burda, de un "típico representante de la siempre insatisfecha izquierda criolla". Y si ese dirigente fuese además parlamentario, es un hecho que la inútil comisión de ética de la Cámara de Diputados solicitaría las sanciones de repudio más virulentas y, además, creo no exagerar al presumir que incluso el Tribunal Constitucional podría insinuar al menos el desafuero del sujeto de marras por una "inconducta que atenta contra el bien ganado prestigio de Chile en la comunidad internacional".

Pues bien, dejemos a un lado las suposiciones y vayamos al meollo de lo acontecido realmente. Los casos relatados acaecieron en verdad, pero en ambas situaciones los sujetos responsables de aquello que se menciona en estas líneas fueron personajes diametralmente opuestos a los que usamos como actores en los ejemplos citados. En la inaceptable situación del cierre de cortinas no hubo universitario alguno, pues fue la propia empresa quien determinó exponer a decenas de personas a una posible desgracia al poner en uso los protocolos ordenados por la gerencia de Wal-Mart, corporación multinacional de tiendas, de origen estadounidense, hoy propietaria de la cadena LIDER. ¿Cuál fue la sanción legal y oficial aplicada por la Dirección del Trabajo? Pagar 60 UTM (Unidades Tributarias Mensuales)… algo así como un suave coscorrón a la caja fuerte de la empresa. "60 UTM es la multa máxima que legalmente se puede aplicar", manifestó un funcionario de la Dirección del Trabajo, lo cual permite aventurar que con ese bajísimo nivel de sanciones, las megaempresas se sienten autorizadas para hacer en Chile las "quico y caco" arriesgando sólo una especie de propina en calidad de multa -o de "gran sanción"- que deberán pagar al fisco.

¿Y respecto del desaguisado –grave, por cierto- relacionado con viajar al extranjero y meterse en medio de una marcha de opositores para "protestar" contra el gobierno local? Bueno, ello ocurrió, pero no fue un izquierdista, un anarquista ni un "joven revolucionario" quien lo hizo. La acción resultó ser responsabilidad de un conocido dirigente (diputado, por añadidura) del sector más rancio y duro de la derecha chilena. Un reconocido pinochetista, presidente de EVÓPOLI, perteneciente a enriquecida familia de fundamentalistas conservadores que tienen negra historia en la localidad de Paine, referida a los primeros meses de la dictadura cívico-militar.

Lo anterior no se ahogó en el simple hecho de ‘marchar’ junto a filas de opositores al gobierno local (en este caso, al gobierno cubano) sino, además, elucubrar una fantasiosa historia de "malos tratos y golpes" recibidos por parte de la policía habanera, los que jamás existieron. "La detención tuvo exceso de violencia, donde además fui esposado e incomunicado por tres horas. Fui detenido, golpeado, interrogado e incomunicado por la policía, entre las 13 y 16 horas", aseguró el sujeto al llegar a Chile.

Y como corolario de tan enjundiosa mentira, ese parlamentario y varias tiendas partidistas de la derecha criolla solicitaron a la presidenta Bachelet "exigir explicaciones al gobierno de Cuba", insistiendo que La Moneda debía llamar al embajador chileno en La Habana para explicar con ‘lujo de detalles’ la afrenta recibida por el señor diputado derechista –don Felipe Kast- en el país caribeño.

Como bien reza la conocida frase, más temprano que tarde se supo la verdad de lo ocurrido en la isla de Martí. Nuestra Cancillería –que tan rápida y eficazmente se mueve cuando los patrones de estos mayordomos que gobiernan lo impetran- solicitó a Cuba los antecedentes de la detención (misma que duró solo tres horas), Llegada la respuesta del gobierno cubano, la verdad afloró nítida. Nunca hubo golpes ni violencia física contra el dirigente pinochetista. Tampoco hubo "detención arbitraria", ya que se trataba de un extranjero inmiscuyéndose abiertamente en política local, cuestión que en cualquier país –incluyendo el nuestro- obliga a la policía a detener a quien, siendo extranjero, así actúe; y en muchos casos la decisión judicial sería la inmediata deportación del causante.

La Cámara de Diputados, pese a ser tan proclive a la farándula cuando se producen casos como el relatado, pero sólo si afectan a parlamentarios que no dispongan se ciertos ‘fueros’ emanados del dinero, el apellido o las redes sociales militaristas- esta vez no realizó esfuerzo para echar a andar la Comisión de Ética y Transparencia. En los poderes del Estado en Chile, la actual democracia se desmaya al alcanzar ciertos deslindes; más allá de ellos, campean a rostro descubierto la soberbia del hacendado y la pusilanimidad del inquilinaje mayordomil.

¿Autoriza ello a algunos individuos privilegiados por una situación política determinada, como Kast, permitirse poner en ridículo al país mintiendo con descaro para beneficiar posturas económicas e ideológicas de su capote? Ocurrió, y hasta ahora ni el Legislativo ni el Ejecutivo han dicho esta boca es mía. Pero, si el responsable de tanto descalabro hubiese sido un dirigente sindical, o estudiantil, dando triste espectáculo en alguna nación dominada por el neoliberalismo, ¡madre mía!, las penas del infierno habrían sido insuficientes.