En 1975 las fuerzas democráticas del Estado español –liquidadas, hasta físicamente, por la dictadura– no habían acumulado aún fuerzas suficientes para derrotar al régimen nazi-fascista por las bravas. Muerto Franco, la oligarquía imperialista española necesitaba cambiarlo todo para que nada cambiase. Y con mano de hierro dirigió la conocida como "transición".

Con algún contratiempo, la oligarquía española logró plenamente sus objetivos. Mantuvo el control absoluto de la situación, consiguiendo gobiernos cada vez más favorables a sus intereses y garantizando su lavado de cara para entrar en la tarta de la Unión Europea (entonces CEE). El aparato de estado fascista se mantuvo intocable (jefatura del Estado, ejército, policías y, sobre todo, jueces). Y se doblegó al mítico PCE –convertido ya en una fuerza reformista socialdemócrata– haciéndole aceptar la monarquía y su bandera.

A las elecciones de 1977 –con ley electoral dictada bajo la dictadura y los medios de comunicación del fascismo a todo trapo– se presentaron dos partidos del régimen: uno puramente fascista (AP, hoy PP), y la UCD, encabezada por el presidente del gobierno y ex secretario general del Movimiento fascista (posteriormente la UCD fué absorvida por el PP). También se presentaba un PSOE arrebatado a los viejos socialistas del exilio, financiado por la CIA estadounidense y la socialdemocracia europea. Mientras tanto, todos los partidos comunistas a la izquierda del PCE se mantuvieron ilegalizados.

Esas elecciones condicionaron radicalmente el futuro mapa político español, hasta la actualidad. Cuando la lucha de los trabajadores iba en ascenso, con cada vez más huelgas a pesar de los llamados Pactos de La Moncloa, y las revindicaciones democrático nacionales no cesaban, aparece el "golpe de Estado" del 23 de febrero de 1981. Un auténtico puñetazo en la mesa del fascismo que acobardó las movilizaciones populares hasta hacerlas desaparecer en la práctica, y que permitieron, ya con el gobierno del PSOE, desmantelar la industria y el sector agrícola y ganadero para, obedeciendo las órdenes alemanas, ser admitida España en la UE.

Como resultado, los fascistas se convirtieron de la noche a la mañana en "demócratas de toda la vida" que daban –y siguen dando– lecciones de "democracia" a los luchadores antifascistas. Bajo los gobiernos de Felipe González se llevó a cabo la mayor ofensiva contra los derechos laborales y las pensiones. El terrorismo de ETA sirvió para justificar los mayores ataques a las libertades individuales básicas, con leyes de excepción bajo las que la tortura y los crímenes policiales eran bendecidos por el gobierno y los jueces. Policías torturadores y asesinos, como Matute y otros, fueron amnistiados y ascendidos.

Todavía hoy, los juicios sumarísimos y las ejecuciones y confiscaciones del régimen nazi-fascista son reconocidos como legales en España, mientras gobierno –los anteriores y el actual– y jueces ponen todas las trabas a que los cuerpos de más de 120.000 asesinados puedan ser recuperados y enterrados dignamente.

A través de múltiple mecanismos, reglamentos y leyes, la policía y los jueces pueden actuar arbitraria e impunemente contra los ciudadanos. Detenciones injustificadas, multas gubernativas basadas en que la palabra de la policía hace innecesarias las pruebas, persecución y procesamiento por opiniones, chistes o comentarios, cárcel para miembros de piquetes en las huelgas o por realizar una pintada...

Los abusos son múltiples y constantes, avalados por una ciudadanía mayoritariamente acobardada y con nula conciencia democrática. Y bajo la tormenta de fuego de la propaganda de guerra de los medios de comunicación de la oligarquía. Un partido como C's, que acudía a las elecciones europeas coaligado con la extrema derecha europea (Libertas), puede presentarse impunemente como "democrático". Mientras, el gobierno puede ilegalizar partidos –aunque no el suyo, por muy organización criminal corrupta que sea–.

Un Tribunal Constitucional partidista se convierte en una "tercera cámara" a las órdenes del gobierno. Los jueces y fiscales son puestos y depuestos por el gobierno. Su carrera depende de su adhesión al régimen. El derecho al juez natural sigue suspendido arbitrariamente a través de ese órgano sucesor del Tribunal de Orden Público del fascismo que es la Auidiencia Nacional. Desde el gobierno se recrea la Brigada Político Social, eufemísticamente llamada "policía patriótica".

En este escenario, resulta sorprendente que la izquierda electoral –y electoralista– siga sin atreverse a categorizar al PP, a Ciudadanos y a los resortes de control estatales del régimen como fascistas. Que se ponga en un mismo plano como "radicales" a fascistas y antifascistas. Que no se denuncie a los colaboradores y "compañeros de viaje" del fascismo (como el PSOE). Que se mantenga como virginal e intocable –salvo para lo que interesa– la Constitución de 1978, un trágala bajo la amenaza de los cañones del ejército.

Cuando los que dicen representar a la izquierda –o a "los de abajo" u otro eufemismo similar– renuncian a un lenguaje categórico y entrega las palabras al enemigo, quedamos desarmados. De ahí que los fascistas se presenten como "demócratas" –y se permitan el lujo de presentar a los demócratas como "golpistas": el mundo del revés.

Ningún país en el mundo soportó cuarenta años de fascismo. Las ideas fascistas están impresas en el tuétano de la sociedad española, a derecha y –desgraciadamente– a izquierda. El nacionalismo imperialista granespañol domina sin freno. El acobardamiento es generalizado. La resignación también. "Hay que apoyar al gobierno". "La ley por encima de todo". "Sin ley no hay democracia".

Cierto: todavía podemos hablar (algo, y con mucho cuidado). Y hasta nos dejan votar (sólo lo que ellos quieren). Son más suaves estas cadenas que las del franquismo puro y duro. Por lo demás, cuarenta años más tarde, ya no tenemos que soportar las camisas azules falangistas, sino los trajes de Armani.

El fascismo se viste de seda. Las togas negras siguen igual, por supuesto. Vuelven los presos por motivos políticos. Con el apoyo del PSOE, se siguen prohibiendo ideas, huelgas, referéndums, mítines, papeletas, debates, urnas. O mirar de forma no embelesada a la policía. Y los españoles (los verdaderos españoles, no catalufos, guanches, moros, negros, sudacas y demás ralea) siguen siendo blancos, católicos y europeos. Por la gracia de Dios.