Mientras el actual gabinete siga en funciones, el fundamentalismo ideológico conservador, nacionalista y beato continuará estampando su impronta en el palacio de gobierno
Arturo Alejandro Muñoz
Que la soberbia es mala consejera, se sabe desde hace siglos; no obstante, hay algunos personajes públicos (particularmente, un parlamentario UDI) que insisten en olvidar ese refrán, y tozudamente reiteran insultos lanzados contra sus adversarios políticos, desconociendo además que las injurias son o bien vengadas o bien aguantadas, y a estas alturas de los acontecimientos no se sabe a ciencia cierta si la gente de izquierda decidirá aguantar o vengar las injurias. Además, para la mima derecha, el parlamentario de marras -diputado Ignacio Urrutia- es como leña verde, no ahúma, pero ennegrece.
Además, ya ve usted, amigo lector, que también algunos de los actuales ministros se permiten expresar –desde el púlpito del quehacer público- cualquier estupidez, como ocurrió con Gerardo Varela, titular de Educación, quien se despachó comentarios cuyo tenor confirma cuán lejos está de la realidad en la que esa cartera debe trabajar. "Mis hijos son unos campeones porque requieren tres condones"… "Yo no pondría penas de cárcel a la gente que gana plata"… "A los niños que roban en los supermercados hay que cortarles las manos". ¿Merecen comentarios esas lamentables expresiones?
En una democracia verdadera y con un sistema republicano sólido, tanto Urrutia como Varela ya estarían fuera de sus cargos públicos, y tal vez llevados a tribunales. Pero, en nuestro país tales declaraciones (y otras aún peores) no son sancionadas legalmente. Ello tal vez se deba a que terminada una dictadura sanguinaria y corrupta no hubo jamás verdadera justicia aplicada a los criminales responsables de esos actos, y de otros anteriores a ellos, tanto o más salvajes, como fueron los casos de los asesinatos del comandante Arturo Araya Peeters, del ex canciller Orlando Letelier y de los generales René Schneider y Carlos Prats.
En cuestiones de política pareciera que en Chile hace carne aquello de "La memoria es como el mal amigo, cuando más la necesitas, te falla". Por eso resultan vitalmente necesarios los artículos y columnas de la prensa independiente y las redes sociales, ya que de manera permanente plasman en sus líneas las injusticias, las traiciones, las cobardías, los entreguismos… los recuerdos de ayer.
La casa se arruina por la cocina, reza el dicho español, y en nuestra actividad política esa cocina está ubicada en el Congreso Nacional, lugar desde el cual fluyen las leyes, sean ellas buenas, regulares o malas. Y no sólo leyes, pues en la discusión de las mismas afloran también los insultos que pretenden molestar a los de la bancada de enfrente, pero terminan menoscabando e hiriendo a gente que nada tiene que ver, directamente, en ese quehacer parlamentario.
Un ejemplo de lo dicho fue lo acaecido con la inmoral Ley de Pesca o ‘ley Longueira’ (Ley 20.657), nacida en la aberración de la corruptela y la indignidad, como ha demostrado la justicia al investigar la actuación de ciertos parlamentarios (léase, Jaime Orpis y Jacqueline van Rysselberghe, entre otros) que, sin siquiera ruborizarse, trabajaron de manera ostensible y abierta en el Parlamento para favorecer exclusivamente a una gran corporación comercial, como es CORPESCA.
Por cierto, debe haber un número mayor de senadores involucrados en esta saga de cohecho, lavado de activos, delitos tributarios y fraude al fisco, ya que el ex senador Nelson Ávila, en un artículo de su autoría, recuerda que durante la discusión (y aprobación) de la cuestionada "ley Longueira", hubo activa participación de senadores como Hossain Sabag (DC), Alejandro García Huidobro (UDI), Carlos Bianchi y Antonio Horvath (ambos, independientes). Y agregaba Ávila que los antecedentes serían aún mayores, pues CORPESCA habría financiado de forma irregular las campañas electorales de los cinco integrantes de la Comisión de Pesca del Senado.
No sólo parlamentarios y ministros han tenido controvertidas actuaciones dejando en claro cuál es el espíritu que anima al bloque oficialista. El propio primer mandatario ha puesto sus intereses personales y su opinión particular por sobre los intereses nacionales. Apoyó oficialmente el bombardeo de EEUU y sus aliados a territorio sirio sin consultar siquiera con el Senado. Además, en sus primeras semanas de gobierno ha caminado a punta de decretos saltándose la instancia legislativa, y borró de una plumada las promesas de eliminar el nepotismo y el familisterio en el gobierno, pues sus familiares han sido ubicados en diferentes cargos de su administración, comenzando por su hermano Pablo (embajador en Argentina), su primo Andrés (ministro del interior), y el hijo y la nuera de este último. Son 23 las personas que poseen relación familiar directa con autoridades del Gobierno, conformando una clara red de nepotismo. Entre las autoridades de mayor rango que tienen familiares en la administración de Piñera, están Cristián Larroulet, Juan Andrés Fontaine y Nicolás Monckeberg, entre otros.
Quienes actualmente sustentan el poder político en Chile y administran el país, han demostrado a cabalidad que no son gobernantes propiamente tales sino, en estricta esencia, constituyen una especie de mesa gerencial que negocia y comercia a placer los recursos naturales y humanos de la nación, haciendo tabla rasa las esperanzas y deseos de la sociedad civil cual si esta no existiera…o importara un carajo. Según ellos, Chile no tiene ciudadanos, sino simplemente posee ‘habitantes’, a los que consideran cumpliendo un doble rol, el de empleados y el de clientes.
A ello se debe, pues, que personajes como el ministro de Salud, Emilio Santelices,(quien provocó alarma nacional al entregar cifras falsas sobre el número de fallecidos en el país a causa del VIH), el de Educación, Gerardo Varela, el diputado Ignacio Urrutia, el ciudadano José Antonio Kast, se permitan insultar la inteligencia del electorado y de la sociedad toda, con expresiones, pensamientos y opiniones que en absoluto se condicen con las necesidades y la esencia de una nación supuestamente democrática e inclusiva, donde el respeto a los derechos y dignidad de sus habitantes debería ser una acción primordial y permanente de los gobiernos de turno.
La ultraderecha está en su salsa. Es su mejor momento (aun siendo minoría), y será difícil que alguien logre sacarla de allí. Ello no ocurrirá mientras continúe operando el actual gabinete, donde el fundamentalismo ideológico conservador, nacionalista y beato ha impuesto sus términos.
