Hace casi cuatro años publiqué una columna titulada "Cuidado con una privatización en ciernes en la Educación". En la referida columna advertíamos una privatización velada de los recursos del 4% para la Educación, reorientados a universidades particulares, y que resultaba llamativo que se hiciera "a través de la misma vía que propuso Sebastián Piñera en Chile, para la formación de maestros y maestras. El motivo es seductor, pero el fondo es nefasto".
Recordábamos asimismo que fueron las movilizaciones estudiantiles dadas en ese país entre 2006 y 2012 contra el lucro, la mercantilización y el endeudamiento educativo, las que despertaron la indignación contra las políticas neoliberales y la desigualdad social, culminando en la rebelión de octubre de 2019, que ha puesto a Chile a las puertas de un inédito proceso constituyente.
En dicha columna citábamos comparecencias del exministro Carlos Amarante Baret así como el discurso del presidente Danilo Medina, el 16 de agosto de 2016, anunciando que "a quienes estudien magisterio, les daremos becas para el pago de la universidad, pero también un estipendio mensual para que puedan estudiar a tiempo completo. Para este programa seleccionaremos los mejores estudiantes del país, quienes cursarán un programa de estudio con profesores universitarios nacionales e internacionales del más alto nivel". Pese a que el país cuenta con suficientes casas de estudios superiores del Estado, incluso especializadas en pedagogía, ese proceso se implantó y se ha venido desarrollando tal y como advertimos, haciendo fluir recursos públicos a arcas privadas.
Y ahora llama la atención que faltando días para las elecciones presidenciales, la candidata a vicepresidenta por el PRM y ex vicerrectora de la PUCMM, Raquel Peña, publicara (y luego eliminara) en Twitter que "los estudiantes con buen desempeño académico podrán acceder a facilidades económicas si desean estudiar en universidades privadas y podrán realizar el pago del programa cuando se inserten en el mercado laboral".
Quienes saben algo del tema, entienden que el endeudamiento de jóvenes y familias dominicanas por obtener educación superior privada se basa, generalmente, en la dificultad para acceder a la universidad pública o el temor a no obtener servicios eficientes y demorarse más de lo estimado. Las consecuencias son deudas por cientos de miles de pesos y angustias que pesan sobre sus espaldas durante años. Sería dramático para un país como República Dominicana ver esto convertido en Política de Estado, además con una segregación según calificaciones.
Esta estrategia, en el caso ya citado de Chile, es el tristemente célebre "Crédito con Aval del Estado", la política neoliberal impulsada por Ricardo Lagos que duplicó el "acceso" de jóvenes a la universidad a cambio de concentrar el 70% de la matrícula en un grupo reducido de instituciones privadas beneficiadas, marginando a las universidades públicas, que debe competir por financiamiento como cualquier negocio, en un mercado de estudiantes convertidos en clientes.
El mismo modelo que el aplicado a la salud y las pensiones. Los grandes beneficiarios han sido los bancos, que a 2019 tenían en sus manos a casi 700 mil jóvenes deudores, y además reciben un fabuloso subsidio público que ha superado el 50% de los créditos, a un sobreprecio del 25%, mientras los gobiernos dicen que no hay más recursos para garantizar la educación pública. De los jóvenes endeudados, un 44.5% se encuentra moroso y la inmensa mayoría de estos proviene de los barrios y segmentos empobrecidos.
La idea de financiar apropiadamente la educación, y estimular el buen desempeño, es elemental y plausible, siempre que no sirva como canal para, en el fondo, excluir y segregar ni para privatizar el sistema educativo, transfiriendo recaudaciones públicas a corporaciones y entidades de beneficio particular. Tampoco para transformar la educación en otra mercancía con la que endeudar a más jóvenes y familias de la República Dominicana. Los bancos están para hacer negocios, y los derechos no son para negociar ni las familias dominicanas pueden soportar más saqueos.
El dinero público tiene que ser para la Educación Pública, gratuita, eficiente y de calidad (como la salud y las pensiones) la cual debe ampliarse y fortalecerse, con más justicia fiscal y con mayor inversión social, y como un derecho fundamental consagrado en el artículo 63 de nuestra Constitución:
"Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones (…) El Estado garantiza la educación pública gratuita y la declara obligatoria en el nivel inicial, básico y medio (…). La educación superior en el sistema público será financiada por el Estado, garantizando una distribución de los recursos proporcional a la oferta educativa de las regiones".
