El juicio político al que se enfrenta Dilma Rousseff en el Senado comenzó el pasado jueves con los ánimos encendidos. La presidenta apartada no es acusada de corrupción, malversación de fondos, o algún tipo de crimen penal. La mandataria es acusada de haber firmado tres decretos presupuestarios donde maquilló las cuentas del Gobierno para poder solicitar nuevos créditos a los bancos sin haber devuelto los préstamos anteriores. Amparar este delito bajo la fórmula de “crimen de responsabilidad”, la única acusación por la que un presidente puede sufrir un impeachment, ha sido el debate principal de los últimos cuatro días.

Pero si Dilma no está formalmente acusada de corrupción, no se puede decir lo mismo del 60% de los senadores que la juzgan estos días. Por eso la senadora del PT Gleissi Hoffman dijo el jueves que el Senado brasileño “no tiene ninguna autoridad moral” para juzgar a Rousseff. La frase cayó como una bomba, especialmente en un Senado al que se le acusa de “golpista” por aceptar un delito de maquillaje de cuentas como crimen de responsabilidad, algo nunca visto hasta ahora.

Tras la provocación de Hoffmann comenzaron los primeros gritos y cruces de acusaciones. El senador Ronaldo Caiado (DEM) le respondió que al menos él y otros senadores no eran “asaltantes de jubilados” para referirse al marido de la senadora, el exministro Paulo Bernardo, al que se llevaron preso por un entramado de corrupción en el que habría desviado 100 millones de reales (algo más de 27 millones de euros) de los funcionarios públicos federales. La propia senadora Hoffmann que también es investigada por haber recibido un millón de reales de mordidas de Petrobras para su campaña electoral, le dijo de nuevo: “No, usted es asaltante de trabajador esclavo”, en relación a los trabajadores esclavos que encontraron trabajando en las tierras del senador Caiado en Goiais.

Según una investigación del proyecto Atlas Político, al menos 49 senadores de los 81 que juzgan a la presidenta (un 60% del total) tienen procesos con la Justicia. La corrupción afecta tanto a parlamentarios a favor del impeachment como en contra. Los delitos van desde lavado de dinero, crímenes contra el orden financiero, corrupción y crímenes electorales.

El presidente del Senado, Renan Calheiros, que durante el segundo día de juicio dijo que el Plenario parecía “un psiquiátrico” por las “provocaciones” de Hoffmann, es uno de los que acumula más investigaciones: un total de 11. Todas ellas están relacionadas con el escándalo de corrupción de Petrobrás. Algunas se refieren al cobro de mordidas por favorecer contratos con empresas, y otras por lavado de dinero.

El senador Antonio Anastásia (PSDB), encargado de presidir la comisión del impeachment en el Senado, ha sido acusado de los mismos delitos por los que se acusa a Rousseff (maquillaje de cuentas), cuando trabajaba en el Gobierno de Minas Gerais, pero nunca ha sido juzgado. El senador Aécio Neves (PSDB), excandidato a la presidencia en 2014, y su mano derecha, el senador Aloysio Nunes (PSDB) uno de los principales instigadores del proceso contra Rousseff, están acusados en la Operación Lava Jato por recibo de mordidas de Petrobrás. Sus casos están parados en el Tribunal Supremo de Justicia. Neves además es acusado de tener cuentas sin declarar en paraísos fiscales.

Control 'antidopping' en el Senado

Los insultos entre senadores el primer día de juicio trajeron a colación un tema que se suele hablar en los bastidores del Congreso: el supuesto uso de cocaína entre los parlamentarios. El senador Lindenberg Farias, uno de los mayores defensores de la presidenta Dilma, acusó al senador Caiado de estar “relacionado con Carlinhos Cachoeira”, cabecilla de una pandilla que se dedicaba a los juegos de azar en Goias. Caiado muy ofendido le dijo a Farias, quien también es investigado por recibir mordidas de Petrobrás: “Hay que hacerte un análisis antidopping, te quedas ahí esnifando y te pones muy nervioso”.

En relación al uso de esta droga este martes apareció un vídeo difundido por las redes sociales donde se veía la mano de un senador con una pequeña bolsa de plástico en la que se veía un polvo blanco. La imagen llamó la atención porque se grabó en uno de los momentos más calurosos de la defensa del lunes de la presidenta Dilma, que fue cuando el senador Aloysio Nunes defendía que el juicio político no era un golpe. En las imágenes, mientras Dilma responde a Nunes, detrás del senador se ve a otro parlamentario (del que no aparece la cara, sólo el brazo) sentado sujetando con su mano derecha esa pequeña bolsa, con la que juega como si fueran unas maracas.

A partir de la difusión del vídeo también comenzaron a hacerse virales diversos memes como uno en el que aparecen maquillando a la presidenta Dilma y ella dice: “No me pongas muchos polvos porque sino Aécio Neves me va a esnifar”, en referencia a una serie de rumores sobre Neves y sus supuestos vicios.
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Pero más allá de los rumores sobre el uso privado de la droga, todavía está en la memoria de muchos el escándalo de 2013 del que todo el mundo salió absuelto y que envuelve al senador Zeze Perrella (PTB) e indirectamente al senador Aécio Neves. En noviembre de ese año la Policía Federal detuvo un helicóptero con 445 kilos de cocaína. La aeronave pertenecía a la familia del senador Perrella y aterrizó durante media hora para abastecer combustible en una pista de aterrizaje construida por la familia del senador Aécio Neves. Los abogados del senador Perrella echaron la culpa al piloto y aseguraron que éste había usado el helicóptero sin el permiso de los Perrella. Ni los medios, ni la Policía Federal continuaron con las investigaciones. El lunes, durante los interrogatorios a Dilma, el senador Perrella también habló, y la profesora de Relaciones Internacionales de la UNIFESP, Esther Solano, comentó en las redes: “Ahí está el senador del helicóptero de cocaína juzgando a Dilma, ese es el símbolo de la legitimidad del Senado en este proceso”.
Juego de escena

A pesar de las peleas y los cruces de acusaciones de los primeros días, diversos medios señalan que entre bastidores los 81 senadores se llevan mucho mejor de lo que parece. Este juicio político, del que irónicamente ya se da por sentada su sentencia (apartar a la presidenta Dilma definitivamente), ha sido de algún modo un juego de escena tanto de los defensores como los detractores de Dilma Rousseff para sacar algún tipo de beneficio electoral, aunque sea por haber gritado más alto.

El diario Folha de São Paulo decía que todas las noches senadores a favor y en contra se sentaban en mesas “regadas de vino” y reían y conversaban amigablemente. También hacían sus negocios y sus apuestas para hacerse un hueco en el futuro equipo de Temer. El presidente del Tribunal Supremo Federal, Ricardo Lewandowski, aprovechó los primeros días para convencer a los parlamentarios de aprobar un aumento de salario para los jueces del Supremo. En vez de cobrar 33.700 reales (10.200 euros), querrían llegar a fin de mes con 39.200 (11.900 euros), cifras absolutamente escandalosas para una sociedad donde el 40% de la gente cobra 780 reales (230 euros).

Entre hoy y mañana los senadores darán su votación final. Tendrán que responder a la pregunta de si Dilma Rousseff cometió o no un crimen de responsabilidad. Curiosamente muchos de estos jueces no asistieron a las primeras sesiones del juicio donde hablaron testigos de la defensa y de la acusación. El sábado apenas había 31 parlamentarios para escuchar la defensa que hizo el ex ministro Nelson Barbosa. Se necesita el voto a favor de 54 senadores para que Rousseff pierda su cargo definitivamente. Los delitos por los que investigan a sus jueces por ahora siguen impunes.