27 Nov. 2019 - Este martes 26 de noviembre se publicó un documento del Ampliado Nacional de las Organizaciones Sociales en Resistencia al Golpe de Estado en Bolivia. El texto consta de diez puntos y fue firmado, en su mayoría, por movimientos que no participaron del diálogo con el gobierno de facto realizado el pasado fin de semana.
Entre estos aparecen la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSMCIB), la Coordinadora de las Seis federaciones del Trópico de Cochabamba, dirigentes del Distrito 8 de la Junta de Vecinos de El Alto, de la Federación Sindical Interculturales Productores Agroforestales de El Chore-San Juan-Campo Víbora y de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, entre otros.
Las organizaciones acordaron, en primer lugar, ratificar su “apoyo moral y material” a Evo Morales a quien describen como “presidente del Estado Plurinacional de Bolivia”.
También se refirieron al “Acuerdo para la pacificación” negociado por la dictadura con otras entidades sociales como la Central Obrera Boliviana (COB) y los movimientos que integran el llamado Pacto de Unidad, entre los que se destacan la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB “BS”) y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia (CSCIOB).
En ese sentido el Ampliado Nacional estableció un cuarto intermedio a la espera de que el Ejecutivo cumpla con esos compromisos, entre los que destacan la “Ley de Garantías” que permita el pleno “ejercicio de los derechos fundamentales civiles, políticos y constitucionales”.
Por otra parte llamaron a la COB a rectificar su posición, demandaron la renuncia de la presidenta golpista Jeanine Añez, exigieron la liberación de los presos políticos así como “el desagravio público de los símbolos nacionales”, principalmente la wiphala y que se sancione a “los responsables de la quema” de estas banderas.
Finalmente plantearon la derogación del decreto que libera de “responsabilidad penal” a las fuerzas de seguridad que lleven a cabo la represión y sostuvieron que el Movimiento al Socialismo (MAS) debe “convocar a un ampliado nacional” en un plazo “no mayor a cinco días”.
