Este lunes, el Gobierno de facto de Dina Boluarte, aprobó una normativa denominada "Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS)", que permite agilizar la expulsión de migrantes que no poseen estatus migratorio, que en Perú son mayormente los venezolanos.

Si bien, el PAS va dirigido a migrantes de todas las nacionalidades, Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros de Perú, expuso que el 94 % de los solicitantes del permiso, cuyo trámite venció el viernes, son venezolanos.

Asimismo, dijo que el PAS permitirá a las autoridades "proceder a la expulsión de manera inmediata". El argumento es que presuntamente esta norma ayudará a controlar el flujo migratorio y a "proteger" a los más de 33 millones de peruanos.

"Acá vienen las personas que nuestro país admite que vengan. No es un país al que pueda ingresar quien le de la gana vulnerando las normas, acá lo que hay que asegurar es la paz y la seguridad de 33 millones de peruanos", expresó Otárola.

Colombia y Ecuador: "Expulsión debe ser aérea"

Los Gobiernos de Colombia y Ecuador sugirieron a Perú que la expulsión de los migrantes sea por vía aérea hacia su país de origen.

Juan Zapata, ministro de Interior de Ecuador, informó sobre algunas versiones que advertían un posible éxodo masivo de venezolanos desde Perú. Esto, tras la aprobación del PAS.

En ese sentido, notificó que sostuvo una reunión con el canciller ecuatoriano, Gustavo Manrique, y autoridades de migración de Perú y Colombia. Esto, con la finalidad de evaluar las nuevas medidas migratorias adoptadas por el Gobierno de Boluarte.

A través de su cuenta en X el funcionario ecuatoriano indicó que Ecuador y Colombia coincidieron en la expulsión por vía aérea. Además, contó que "se acordó una nueva reunión para determinar, en conjunto, protocolos y acciones a ejecutarse".

Flexibilización de sanciones a Conviasa

La mesa de diálogos efectuada en octubre pasado entre el Gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria, conformada por una fracción de la oposición, dio pie a una serie de acuerdos importantes.

Entre ellos, se incluye la relajación de medidas coercitivas unilaterales, de forma temporal a Conviasa por parte de EEUU. En este sentido, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, dijo que esta iniciativa permitirá que más venezolanos regresen al país.

Cabe recordar que poco antes de esta medida, el Gobierno estadounidense anunció la deportación de migrantes de Venezuela que no cumplieran con la documentación.

Tras estos anuncios, informaron que permitirían los vuelos directos hacia Venezuela. Esto, con el fin único de repatriar a los venezolanos que entraron a ese país ilegalmente.

Días después, Venezuela y EEUU firmaron un convenio en el que permitirían que el Plan Vuelta a la Patria pudiera traer al país a los connacionales de manera "ordenada, segura y legal".

La flexibilización de las sanciones a Conviasa, puede estar bastante relacionada, al PAS decretado en Perú y la solicitud, por parte de las autoridades colombianas y ecuatorianas, de que la expulsión de migrantes irregulares en suelo peruano, mayormente venezolanos, sea por vía aérea.

Grupo de Lima y el negocio de la migración venezolana

La migración de venezolanos hacia países como Colombia, Ecuador, Perú o Chile, ha representado una preocupación en la región. Aunque, anteriormente, no se hablaba de una deportación masiva de migrantes nacionales, sino, de pedidos de ayudas económicas a organismo internacionales.

En reiteradas ocasiones, el extinto Grupo de Lima solicitó apoyo económico para hacer frente a la migración de venezolanos "que salen de su país por hambre y por terror".

En 2019, el entonces, canciller de Chile, Teodoro Ribera, luego de la XV Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima, expresó que la movilización de venezolanos fuera de su país era "un problema regional".

"Necesitamos una mayor coordinación entre los países de la región, pero también necesitamos un mayor apoyo extra regional", dijo. A esto agregó "aquí se requiere ayuda económica".

Autoridades de distintos países y de organismos multilaterales se reunieron en 2020, para solicitar la conformación de una "mesa de donantes". La cual, tendría como fin "ayudar a países de la región afectados por la fuerte migración de venezolanos", refiere Reuters.

El entonces ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Gustavo Mesa-Cuadra, en una conferencia de prensa dijo que estaban trabajando con organismos internacionales, entre ellos el Banco Mundial.

Lo que se quería, presuntamente, era ayudar a los migrantes y a los países que recibieron a venezolanos.

Esta extinta agrupación, manejaba la carta de que el Gobierno de Nicolás Maduro, era un "régimen usurpador que violenta los derechos humanos, utiliza el hambre como una herramienta política y se niega a establecer la democracia en Venezuela".

Sin embargo, en octubre de 2023, poco después del convenio de repatriación entre Venezuela y el Gobierno estadounidense, este último afirmó que Venezuela "ya es seguro" para los venezolanos.

Es decir, ese mismo país gobernado por el presidente que años antes catalogaron como un "dictador" y que supuestamente aplicaba una "política del hambre".

La industria de la migración venezolana

En mayo de 2023, el diputado Julio Chávez, presidente de la Comisión Especial de la AN, expresó en entrevista a 4F, que la migración de los nacionales es mucho más lucrativa que la de sirios o ucranianos.

Indicó que los gobiernos de países receptores y las organizaciones no gubernamentales que están "metidas en esta industria" pueden recibir hasta 4 mil dólares por cada venezolano que acogen.

El diputado citó un informe de Misión Verdad, en el que indica que el gobierno de Iván Duque y las ONG recibieron mil 300 millones de dólares para atender a los venezolanos y todo ese dinero se quedó en manos de los intermediarios.

"Algunas de esas ONG las montaron figuras de la oposición venezolana como Tomás Guanipa", explicó el diputado, citado por 4F.

Entretanto, en 2022, el excanciller venezolano, Carlos Faría, condenaba que la migración venezolana, además, inducida por más de 900 sanciones, fuese usada como un negocio. Al tiempo que instó a ejercer contraloría sobre los "fondos recaudados para atender la migración internacional, a que se rinda cuenta de los millones recaudados, esto debe ser auditado", instó.