28 de junio de 2024.- Se espera que una intervención del gobierno del Reino Unido en la corte penal internacional retrase una decisión sobre si se puede emitir una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra en Gaza.

Los jueces de la CPI dictaminaron el jueves que permitirían al Reino Unido presentar argumentos legales en el caso mientras consideran si aprueban las solicitudes hechas por el fiscal jefe de la CPI de órdenes judiciales contra Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant.

Según documentos judiciales, después de que el fiscal hiciera las solicitudes, el Reino Unido argumentó que los jueces que conocían el caso debían abordar las cuestiones “pendientes” sobre la jurisdicción de la CPI sobre los ciudadanos israelíes antes de decidir si emitían las órdenes.

La decisión de permitir que el Reino Unido presente argumentos en el caso ha causado preocupación entre algunos expertos en derecho internacional de que la intervención británica tiene motivaciones políticas y un intento de reabrir cuestiones legales que, según muchos, ya se han resuelto previamente.

En febrero de 2021, un panel de jueces de la CPI emitió un fallo confirmando que la CPI tenía jurisdicción en los territorios palestinos ocupados. La decisión allanó el camino para que el anterior fiscal jefe de la CPI abriera una investigación penal sobre presuntas atrocidades en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este.

Sin embargo, el mes pasado el gobierno del Reino Unido dijo a una sala de cuestiones preliminares de la CPI que el fallo de 2021 “no determinaba” las cuestiones jurisdiccionales relacionadas con los acuerdos de Oslo, los acuerdos de paz provisionales firmados entre la Organización de Liberación de Palestina e Israel en la década de 1990.

Los abogados del gobierno del Reino Unido argumentaron que, por lo tanto, los jueces deben “tomar una determinación inicial” sobre si la CPI puede ejercer jurisdicción sobre ciudadanos israelíes “en circunstancias en las que Palestina no puede ejercer jurisdicción penal sobre ciudadanos israelíes de conformidad con los acuerdos de Oslo”.

Los argumentos presentados por el Reino Unido se hacen eco de las afirmaciones hechas por altos funcionarios israelíes actuales y anteriores entrevistados por The Guardian en los últimos meses. Un alto funcionario israelí insistió en que “las cuestiones jurisdiccionales no están resueltas” ya que Palestina “no tiene poderes para delegar [jurisdicción] al tribunal”.

Los expertos dijeron que la decisión de permitir que el Reino Unido intervenga en este tema podría causar retrasos en el caso de las órdenes de arresto, aunque un exfuncionario de la CPI familiarizado con el caso de 2021 dijo que las cuestiones jurisdiccionales se habían resuelto y, si se impugnaban, estarían “muertas al llegar”. ”.

Según Mark Kersten, experto en la CPI y profesor de justicia penal en la Universidad de Fraser Valley en Canadá, “sería increíble” que los jueces decidieran que Palestina, un Estado miembro de la CPI, “no podía pedirle a la corte que abordara las atrocidades cometidas”. en sus territorios debido al moribundo proceso de paz de Oslo”.

Danya Chaikel, representante de la Federación Internacional de Derechos Humanos ante la CPI, dijo que el intento del Reino Unido de desafiar la jurisdicción de la CPI utilizando los acuerdos de Oslo era "profundamente preocupante e injusto".

Dijo que el Reino Unido parecía estar "dando prioridad a las relaciones diplomáticas sobre la responsabilidad por crímenes internacionales" y que su intento de desafiar la jurisdicción de la CPI tampoco "abordó el incumplimiento por parte de Israel de los acuerdos de Oslo, particularmente en lo que respecta a la expansión de los asentamientos en Cisjordania".

En respuesta a la decisión, Clive Baldwin, asesor jurídico principal de Human Rights Watch, dijo: “El Reino Unido no debería liderar la acusación de aplicar dobles raseros en el acceso de las víctimas a la justicia. El próximo gobierno tendrá que decidir inmediatamente si apoya el papel esencial de la CPI de exigir responsabilidades y defender el Estado de derecho para todos”.

Se ha contactado al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido para solicitar comentarios.