10 de julio de 2024.- Desde el pasado 8 de julio, miles de campesinos y campesinas iniciaron un paro para exigirle al Gobierno una ejecución rápida y efectiva de la reforma agraria. Las protestas ocupan las sedes de varias instituciones como la Agencia Nacional de Tierras, así como algunas vías.

Un importante sector del campesinado colombiano arrancó desde el día de ayer un paro nacional campesino para exigirle al Gobierno rapidez en el cumplimiento de la reforma agraria.

Organizaciones como Baluarte Nacional Campesino, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias (Fenacoa), la Asociación de Mujeres Campesinas del Norte del Valle, entre otras organizaciones campesinas, comenzaron la protesta en varios lugares del país.



Dicha movilización es preparada desde hace un mes para exigirle al Gobierno cumplimiento y celeridad a la política pública de reforma agraria.

El campesinado inició la protesta pacífica en sedes de Bogotá como la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y el Ministerio de Minas y Energía. Igualmente en las sedes de la Agencia Nacional de Tierras en Valledupar (Cesar) y Montería (Córdoba).

De igual forma, protestan en algunas vías como la carretera troncal de Occidente en los Montes de María, a la altura de Cármen de Bolívar, en la troncal del Caribe, parte de los departamentos de Norte de Santander y Magdalena.



Al Paro Nacional Campesino también se suman comunidades de los departamentos del Huila, Suroccidente y el Cesar.

César Jerez, vocero de Baluarte Nacional Campesino, dijo que el paro campesino durará hasta que existan acuerdos firmados con el Gobierno. Así mismo, afirma que dichos acuerdos deben tener rutas de ejecución claras y financiamiento comprometido.

¿Por qué protesta el campesinado?

Aunque en Colombia desde hace décadas son los campesinos y campesinas quienes han tenido un papel fundamental en la producción de alimentos y en las luchas por la tierra, solo hasta 2023 fueron reconocidos como sujetos de derechos y de especial protección constitucional.

Jerez dijo que el pliego de peticiones del campesinado tiene 23 puntos, entre los que se destacan la adjudicación de terrenos, el acceso a tierras, la formalización de predios y la implementación de las Zonas de Reserva Campesina.

Campesinos y campesinas expresan que algunas de las razones por las cuales se movilizan son por los derechos del campesinado, el reconocimiento y fortalecimiento de las guardias campesinas, la constitución de las zonas de reserva campesina y la solución política y negociada al conflicto social y armado.

Igualmente, el campesinado denuncia que la mayoría de las tierras siguen en manos de muy pocas personas y que no existe tierra suficiente para la vida digna.

Del mismo modo, afirman que la mayoría de congresistas defienden grandes intereses económicos, razón por la cual no avanzan en el Congreso las reformas sociales que benefician a campesinos y campesinas.



También denuncian que la Corte Constitucional no reglamenta la jurisdicción agraria necesaria para implementar la reforma agraria integral.
La respuesta de la Agencia Nacional de Tierras

Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras en un comunicado dijo que está dispuesta a “establecer los mecanismos posibles para que el campesinado se pueda quedar con la mayor tranquilidad, responsabilidad y las mejores condiciones de dignidad posibles”.

Así mismo, afirmó que en el mes de junio se realizó “la compra más grande de tierras en la historia de la Reforma Agraria en este país, con alrededor de 25 mil hectáreas”.

De igual forma, la Agencia Nacional de Tierras dijo que con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) tienen pactados compromisos y un plan de trabajo y seguimiento.



Dicha institución dijo que a la ANUC se le han entregado a la fecha 53 fincas, las cuales impactan a las comunidades en los departamentos de Atlántico, Meta, Bolívar, Córdoba, Cauca, Boyacá, Magdalena, Sucre, Valle del Cauca y el Cesar.

Afirman que en dos años del gobierno Petro le han entregado a la ANUC el doble de predios que en los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque.