2 de agosto de 2024.- Las poblaciones nativas de Ecuador denunciaron hoy atropello de los derechos sobre sus territorios amenazados por la actividad minera y las empresas transnacionales que operan en el país andino.
De acuerdo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), este viernes se debía conocer la sentencia de la Acción de Protección sobre la minería en la comunidad Palo Quemado y Las Pampas.
Sin embargo, la Unidad Judicial de la ciudad de Sigchos se encuentra cerrada con candado y no se permite el acceso a las partes procesales, a pesar de que el equipo jurídico de la Conaie había solicitado que la audiencia fuera presencial, alertó la organización indígena en su red social X.
Esta situación representa un atropello a los derechos de los pueblos y nacionalidades, así como una vulneración del debido proceso. Exigimos que se garantice el derecho a la justicia y a la transparencia en este proceso judicial, reiteró la Conaie.
Por su parte, el Frente Nacional Antiminero advirtió sobre la presencia policial en Sigchos, mientras el pueblo realiza un plantón en los exteriores de la Unidad Judicial allí.
La Acción de Protección fue presentada por el alcalde de la ciudad de Sigchos, Óscar Monge, ante la negativa de seguir con el proceso de socialización sobre el proyecto minero La Plata, de la empresa canadiense Atico Mining que se realizaba por parte del Ministerio del Ambiente en esa parroquia.
Recientemente, expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) recomendaron a las autoridades de Ecuador garantizar las consultas ambientales en proyectos mineros, cumpliendo con las normas de Derechos Humanos.
En un comunicado, el organismo internacional sugirió al Ejecutivo de esta nación sudamericana que los procesos de consulta y participación en el contexto de los proyectos mineros deben estar en consonancia con las normas internacionales.
Los expertos de la ONU advirtieron que varios pueblos indígenas y comunidades afectadas fueron excluidas de los procesos de consulta ambiental.
Entre ellas -reveló el documento- se encuentran las personas residentes de las parroquias de Las Pampas y Palo Quemado, en la provincia de Cotopaxi, y el cantón de Las Naves, provincia Bolívar, afectadas por proyectos mineros de empresas de capital canadiense.
Más de 70 personas defensoras de los derechos humanos en Ecuador, incluidos líderes indígenas, fueron acusadas penalmente por oponerse a estos proyectos y criticar la forma en que se celebran las consultas.
En reiteradas ocasiones, la Conaie ha denunciado la estrategia del Gobierno y las transnacionales mineras de hostigar y perseguir a las comunidades que se oponen a la explotación minera de su territorio.
