Nunca hubo duda sobre la situación de calle posterior al 27 de mayo. Ante la agotada lista de pretextos antichavistas, lo de RCTV cayó oportuno. Fue, es y será siendo la bandera que agrupará a quienes sostenidamente han atacado al Presidente Chávez.
Ya el camarada Mario Silva nos alertaba – y con suficiente tiempo- sobre el plan desestabilizador. El papel de los medios privados en pregonar la tesis del “cierre” se desarrolló a la perfección, al punto de que en el plano internacional corre esa opinión. Por cierto y fuera del tema, vale la pena revisar los convenios de apoyo a los países latinos que guardaron silencio con respecto a nuestra decisión soberana de negar la renovación del permiso al clan Bottome-Granier. Me refiero a Uruguay, Paraguay y Argentina.
La disidencia en el Estado de Derecho es valida dentro de los cánones establecidos. Esto aplica a comunidades organizadas o no, sea cual sea su naturaleza. La inobservancia de las reglas, por supuesto, traerá la debida imposición de sanciones.
Al momento, el Ministro Pedro Carreño nos habla de varios liceístas y universitarios detenidos en medio de desórdenes públicos. Eso está bien sólo si se ponen a la orden del Ministerio Público, se les imputan y se les condenan. Basta de impunidad.
Pero la acción del gobierno no debe quedarse allí. Hay que llegar hasta los grandes si es que se quiere hacer justicia. Los institutos de educación media y superior son facilitadores del caos. Semanas previas al 27M, distintas autoridades universitarias lanzaron en sus aulas una campaña simulada (a través de estudiantes, artistas, políticos, entre otros) tendente a provocar reacciones de odio, de indisciplina, de desobediencia a la legalidad. No es casualidad que los protagonistas de los recientes hechos sean, precisamente, muchachos envenenados en esas plazas educativas. Aunque no se ha concretado un paro educativo, el mismo es tácito en los principales núcleos…los Rectorados complacen la ausencia estudiantil y la promueven.
La conducta, una vez más, del sector universitario no se corresponde con la normativa que rige su funcionamiento. Seguro, una vez más, esos irresponsables seguirán tranquilos. Así como el Gobierno Nacional decidió no renovar la concesión a una empresa explotadora de una frecuencia televisiva, por considerarla contraria a los sanos valores del pueblo venezolano; así debe investigar la reciente actuación de esas organizaciones que se abrogan representación de la gran comunidad universitaria.
Señor Ministro del P.P. para la Educación Superior: no descuide las universidades privadas. Están accionando contra el Presidente y contra la constitucionalidad todos los días, todas las facultades, todos los turnos. Se lo aconseja un estudiante universitario…
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