Para la oposición venezolana -ese sector que, a pesar de las pruebas audiovisuales y testimoniales, sigue convencido de que los "pistoleros de Puente Llaguno" dispararon contra la "marcha pacífica"; que el 11-A-2002 no hubo un golpe de estado sino un vacío de poder; que en todos los procesos electorales, previos a 2007, Chávez ganó gracias al fraude electrónico- los acontecimientos de estos últimos días, que involucran a Colombia, Ecuador y Venezuela, ya fueron esclarecidos por las autoridades "cultas", "responsables", "serias" del gobierno colombiano. Para ellos, los supuestos documentos contenidos en los supuestos laptops de "Raúl Reyes" constituyen instrumentos probatorios incuestionables, irrefutables y suficientes para demandar ante cualquier tribunal del universo al presidente venezolano ("macaco", "micomandante", "el dictador", etc.) por el delito que sea, no importa cual, hay que inventarlo. Para ellos, Uribe es un estadista digno de admiración que combate la narcoguerrilla, protege a su pueblo y, por eso, actúa en legítima defensa repeliendo ataques terroristas de unos facinerosos que acostumbran guerrear en ropa interior. Para ellos, las FARC nacieron el 11 de septiembre de 2001 y Chávez les dio 300 millones de dólares porque lo dijo el gobierno vecino según consta de recibos digitales que hallaron en un disco duro. Para ellos, a las FARC no les es suficiente lo que obtienen por el narcotráfico –parece que no es buen negocio- y por eso solicitan patrocinio a "gobiernos castro-comunistas", como el nuestro.
Todos los integrantes de este segmento poblacional son víctimas de la actividad propagandística que ha desarrollado el imperio económico-mediático desde sus orígenes. Conforman la clase conservadora: son los que niegan la necesidad de los cambios sociales y, por tanto, rechazan ideas democratizadoras e incluyentes.
Hoy repiten, como loros, que es aplicable el Estatuto de Roma al "sabaneitor" en virtud de la denuncia que el "estadista neogranadino" ha de interponer ante la Corte Penal Internacional. Y así seguirán, repitiendo incansablemente lo mismo, y de nada servirán los análisis que hagan verdaderos conocedores del derecho internacional. No tendrá sentido decirles que el supuesto delito que Uribe le ha atribuido a Chávez no está tipificado en ese estatuto. Tampoco tendrá sentido decirles que, en todo caso, la violación de la soberanía territorial ecuatoriana que ha perpetrado el ejército colombo-estadounidense sí está contemplada en múltiples instrumentos jurídicos internacionales. Mucho menos entenderán que, en todo caso, y dada la forma como fueron asesinados los guerrilleros, quien debiera ser enjuiciado por la CPI –procedimiento que no es tan ligero y sencillo como él mismo sugiere- es su adorado presidente Uribe por haber incurrido en varios delitos como los previstos en el artículo 8, numeral 2º, literal "e" del referido Estatuto: "… e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes: (…) ix) Matar o herir a traición a un combatiente enemigo; x) Declarar que no se dará cuartel…".
Al resto de los venezolanos sí debemos transmitirles la verdad, antes que los medios trasnacionales (algunos propiedad de ministros uribistas) logren confundir y disociar a otros tantos.
feolacruz@gmail.com
