1 La Constitución bolivariana consagra en su artículo 72 que todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables, una vez transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionara, y establece una serie de requisitos para los electores y electoras. El revocatorio es una figura profundamente democrática, de control de la función pública, que desarrolla el concepto de participación de los ciudadanos y el principio según el cual quien elige también puede revocar esa decisión. No hay que olvidar que es una creación del chavismo -producto de la voluntad renovadora de las instituciones de Hugo Chávez-, que la partidocracia de la IV República no se atrevió a asumir. Ni remotamente les pasó por la cabeza a los dirigentes de AD y Copei consagrar una norma que dejara en manos del pueblo el destino de un mandatario durante el ejercicio del mandato. Este dato, evaluado con carácter histórico, sirve para contrastar la diferencia que existe entre el proceso revolucionario bolivariano y la política que lo antecedió en el ejercicio impune del poder por más de cuatro décadas.
2 Hugo Chávez probó en carne propia su creación cuando la derecha pretendió sacarlo de la presidencia recurriendo a su aporte a la doctrina y praxis constitucional. Hay que recordar las triquiñuelas que empleó la oposición, la misma que hoy reinvindica el revocatorio para salir de Nicolás Maduro. Ya para entonces quedó claro que la oposición que cuestionó la Constitución del 99, que la demonizó al máximo y votó contra ella, apeló a la figura del revocatorio con fines desestabilizadores, solo que no pudo lograr el objetivo de desalojar a Chávez de Miraflores.
3 Ahora se repite, en un marco de agudas tensiones, con un país asediado por una doble conjura, la interna de la derecha borbónica, y la externa que dirige el gobierno de EEUU con fines geopolíticos y estratégicos, que se propone derrocar al presidente constitucional, electo por el pueblo, Nicolás Maduro, y la restauración de la política que imperó en Venezuela hasta 1999. En ese marco, el revocatorio del mandato del actual gobernante, aún cuando lo consagra la Constitución, es un recurso que se inscribe en el paquete desestabilizador forjado por la oposición.
4 El país no está en presencia de la aplicación de la referida norma como expresión democrática y de fortalecimiento de las instituciones -propósito que inspiró al constituyente del 99-, sino de un intento de signo distinto. En otras palabras, como lo confirma lo que está sucediendo en Latinoamérica: la utilización del Parlamento y de figuras consagradas en el ordenamiento constitucional, para acabar con el Estado de derecho. Así ocurrió con el presidente Zelaya en Honduras, víctima de una conjura gestada en el Congreso; o como pasó en Paraguay con el golpe parlamentario que derrocó al presidente Fernando Lugo: o como sucede actualmente en Brasil, donde un Parlamento corrupto utiliza la figura del impeachment para desalojar de la presidencia a Dilma Rousseff, digna y honesta luchadora social y política.
5 En concreto, se trata de la utilización de recursos legales y de instituciones del Estado para ir contra la Constitución, la ley y las propias instituciones. Todo ello enmascarado y potenciado por los medios de comunicación. El revocatorio a Maduro se parece a esas maletas con doble fondo que utilizan los contrabandistas. En el primer fondo ponen objetos nada sospechosos, y, en el segundo, lo que se quiere ocultar. Vale decir -en este caso- todo cuanto viola la Constitución y la ley.
