La organización político-partidista y autodenominada “Mesa de la Unidad Democrática” (MUD); enfrentará un gran obstáculo que contradictoriamente ellos han construido por la falta de claridad política, ambiciones desmedidas y desesperaciones precipitadas. Irónicamente se llaman “Mesa de Unidad” pero al parecer cada Partido tiene sus propias tiendas de conveniencias, lo que deviene en un sinfín de agendas con sus incontables planes para salir del Gobierno Revolucionario. Una de ellas fue la solicitud extemporánea del Referendo Revocatorio en el 2016 contra el Presidente Nicolás Maduro; cuya solicitud se vio envuelta en un concierto de delitos fraguados por la dirigencia de la MUD. La cantidad de firmas usurpadas se manifestó de manera fácil cuando quisieron hacer creer que la recolección había sobrepasado 100 veces la cantidad exigida por el Consejo Nacional Electoral (CNE); pero gracias al portal digital de dicho organismo cada venezolanos podía verificar si su nombre había sido objeto de usurpación.
Una vez que la MUD hace anuncio público que las firmas están debidamente AUDITADAS, las consignan directamente ante el CNE; lo que esto hace entenderse como una admisión del delito o al menos una determinación alevosa y predeterminada para continuar la transgresión. El CNE al recibir la múltiples cajas por parte de la Oposición nombra una especie de testigos u observadores en representación de la MUD y el PSUV; lo que quiere decir que, era imposible infiltrar nuevas firmas o adulterar las existentes (…de eso hay documentos firmados por las partes).
Varios Tribunales de primera Instancia en Control Penal ordenaron la suspensión de la solicitud del Referendo Revocatorio en su jurisdicción; debido a que había suficientes elementos probatorios y convincentes para iniciar un asunto judicial por tal vía, lo que sobrevino una interrupción a la solicitud hasta que no hubiera una sentencia firme o se haya reparado el daño causado. Para la MUD como organización político-partidista y principal responsable de un hecho punible, se ve en la obligación de suspender sus actividades electorales mientras se decida su situación judicial; esto porque no se puede pretender que una Persona Jurídica siga mantenido un estado de actividad con un organismo a quien le ha fraguado y falsificado solicitudes con firmas usurpadas. Es algo como si una empresa esté morosa con la entidad financiera y éste pretende solicitar otro préstamo; si la Sociedad Mercantil no honra su pago, no puede exigir que se le otorgue un nuevo crédito. Otro ejemplo: Una empresa la acusan de cometer un delito económico por acaparar alimentos; éste, mientras dure el asunto judicial será suspendido por la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA). No puede la Compañía aspirar a continuar usando el código SICA (Sistema Integral de Control Agroalimentario) mientras siga un juicio a la empresa por fraude económico. De quedar absuelto, se le restituyen sus derechos económicos infringidos.
De ésta misma manera ocurre con la MUD; ha cometido un hecho punible ante el CNE y con perjuicio a particulares; delitos que no son electorales sino de carácter penales comunes ordinarios debido a la configuración de los hechos. La Oposición no puede exigir que su tarjeta electoral se incorpore en una contienda electoral este año corriente; debido a que existen varios procedimientos judiciales con medida cautelares; lo que colocaría a la MUD en una especie de suspensión temporal de sus actividades conexas con los sufragios a cargos de elección popular. El ejemplo se dio arriba. La Oposición tendrá que reinventar otra tarjeta y ésta opción sería temeraria; ya que estaríamos frente a un nuevo fraude por intentar simular su condición judicial actual; algo así como fingir una venta por encontrase frente a un embargo. Para los partidos que forman la MUD sólo les quedará de manera digna inscribir cada tarjeta electoral respectiva; de lo contrario, no irían a las elecciones del 2017 y se verían con el mismo espejo de las elecciones para diputados de aquel año 2005.
