En definitiva, los miembros de la jerarquía opositora nacional (?) no lograron el acuerdo definitivo y total que, con relación a las elecciones regionales, habían promocionado. Son muchos los indicativos de esta verdad, y uno de ellos es la reciente intervención de Oscar Schemel, de la encuestadora Hinterlaces, en un programa del "Canal i" en el cual dijo, palabras más, palabras menos: "Hace pocos meses la oposición podía ganar unas 11 Gobernaciones, después bajó a unas 6 y ahora tiene chance en sólo 4 Gobernaciones". Resaltamos esta declaración porque Hinterlaces ha sido durante todo el año una de las principales empresas publicitarias que han utilizado los medios contrarios al gobierno para vender una situación que nunca se ha verificado en la realidad: "la mayoritaria unidad opositora". El hecho de que desnudara la verdad nos permite deducir que la empresa de Schemel obedece a uno de los sectores de la derecha venezolana cuyas expectativas no fueron satisfechas conforme a sus requerimientos.
Otra señal de la imposibilidad de la alianza antichavista la podemos leer en una nota de www.noticias24.com (http://www.noticias24.com/actualidad/?p=16586) cuyo título es "Ramos Allup: Defensa de los inhabilitados cometió 'errores imperdonables'". Esta web opositora destaca unas declaraciones que dio el secretario general de AD según las cuales atribuye toda la responsabilidad a "los abogados defensores de los alcaldes inhabilitados", señalando "dos sentencias de los años 2004 y 2005 en las que la Sala Constitucional (Sentencia 20/44 del 20 de octubre de 2004 y Sentencia 174 del 8 de marzo de 2005) ratifica la constitucionalidad del artículo que permite al Contralor General de la República inhabilitar para cargos públicos y de elección popular a quienes incurran en ilícitos administrativos", y preguntándose: "Si ya los abogados saben que ése es el criterio de la Sala, ¿para qué vuelven a intentar sucesivas acciones pidiendo la anulación de un artículo que saben que no se los van a anular?".
Aunque, a simple vista, el jerarca adeco exime de responsabilidad a los inhabilitados y a los "líderes políticos y sociales", con su posición, Henry Ramos justifica (y pudiéramos decir que comparte) la decisión tomada por la Sala Constitucional. No ataca abiertamente a los aspirantes inhabilitados pero sí a sus apoderados quienes, a su vez, son activistas políticos disfrazados de "técnicos", tal y como se autodefinen Gerardo Fernández y su combo "ucabista" (Gerardo Fernández fue presidente de la Comisión Técnica para la reforma Constitucional nombrada por el gobernador del Estado Zulia, Manuel Rosales, a partir de diciembre de 2006).
Lo cierto es que si la alianza se hubiese perfeccionado a plenitud, o en un alto porcentaje, todos los factores antichavistas estarían esgrimiendo los mismos argumentos y en el mismo sentido estratégico como hacían antes (2002-2003), y no contradiciéndose y fustigándose entre sí, como en los últimos tiempos.
Todos ellos saben que las acciones legales ejercidas contra el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General constituían el abreboca de un prolongado show mediático que habían planificado con antelación en virtud de la inminente victoria del PSUV (a pesar de sus múltiples errores) en las elecciones de gobernadores y alcaldes del 23 de noviembre. Sin embargo, la falta de acuerdo en relación a la distribución de cargos y de los candidatos a postular quebró, también, la unidad opositora para desestabilizar.
