Nuevamente los sectores políticos de oposición acuden a instancias internacionales para dirimir problemas internos de Venezuela. La defensa del Alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales acusado de malversación y delitos económicos, ha sido considerada por estos partidos en una persecución política. El gobierno de Alan García de Perú, da el estatus de refugiado al delincuente Rosales, con solo la condición que no haga ataques en público al presidente Chávez, además en esa misma actitud da asilo a ex funcionarios bolivianos del Gobierno de Losada, acusados de genocidio en Bolivia, acciones que demuestran una vez más, la política de derecha y pro estadounidense del presidente peruano.
La falta de propuestas políticas ha generado que la oposición se encuentre en un callejón sin salida, para revertir las propuestas del gobierno bolivariano a nivel social. La incertidumbre del modelo neoliberal, ha generado que los partidos principales de oposición, Primero de Justicia (PJ) y Un Nuevo Tiempo (UNT), hablen de planes sociales, de tenencia de la tierra, de apoyar a los productores. Pero muchas de estas propuestas quedan en el aire, aún no se han visto importantes iniciativas en las gobernaciones y alcaldías obtenidas por la oposición en noviembre del 2008, desde allí sólo se dedican al ataque contra las deficiencias de los gobiernos locales chavistas, sin darse cuenta que de nada vale ver “la paja en el ojo ajeno, sin ver el tronco que tienen en el suyo”.
Las condenas en UE y en la OEA son parte de la estratagema desestabilizadora
En la Unión Europea nuevamente, en una reunión extraordinaria 29 legisladores de un total de 785, aprobó una nueva resolución de condena a Venezuela. El documento presentado por la bancada del Partido Popular (PP) de España, de conocida apología fascista, aduce que “esta nación se encuentra en grave riesgo de colapso debido a la concentración de poder y al autoritarismo creciente ejercido por el presidente de la República". El documento del PP cita como ejemplo la persecución al alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, quien huyó de Venezuela, para no enfrentar un juicio por delitos económicos, situación que Rosales y la oposición transformaron en un la creación de un nuevo mártir del gobierno del presidente Hugo Chávez.
Pero esta estratagema no es nueva, en pleno proceso de elecciones regionales en noviembre de 2008, el ex alcalde del Municipio de Chacao en Caracas, Leopoldo López, acudió a la UE para solicitar su intervención, logrando que este mismo grupo reducido de parlamentarios derechistas aprobara otra condena al gobierno venezolano, por la decisión de la Contraloría de la República de inhabilitar una serie de candidatos que habían sido procesados por distintos delitos administrativos, sin contemplar en esa resolución que políticos que apoyaban al presidente Chávez también habían sido inhabilitados.
En ese marco, algunos organismos de la OEA prestan sus estructuras para condenar a los distintos países que adversan el modelo neoliberal o que no están de acuerdo con la hegemonía de EEUU, aceptan las denuncias de dirigentes de la oposición, elaborando condenas por persecuciones políticas o a los medios de prensa. La OEA, la ONU y la UE se han convertido en instancias secuestradas por los grupos monopólicos, regidas por las principales potencias nucleares en el mundo. En la ONU el veto frena cualquier condena a EEUU, Israel, u otros países del andamiaje capitalista. En otras instancias OEA o UE, una minoría de legisladores o representantes pueden aprobar una declaración condenatoria, sin necesidad de un consenso.
Entonces surge una pregunta inevitable ¿Cómo pueden condenar a un país por la falta de democracia, cuando a los mecanismos de estas instancias no se aplica el derecho democrático? La propia carta de la ONU, condice que las elecciones son la garantía de una decisión popular y democrática, y los procesos realizados en Venezuela, han sido avalados por la OEA, el Centro Carter y cientos de observadores, los cuales certifican su transparencia.
La verdad surge como un hecho inexorable, no se condena a Venezuela por su modelo democrático, sino por su irreverencia a construir un modelo socialista por los caminos de la legalidad y las instancias constitucionales. Porque antes a los socialistas nos condenaban y nos ponían al margen de la Ley si hacíamos una huelga, hoy en Venezuela no hay detenidos por hacer huelga. Sí han sido juzgados policías por participar en una masacre en el 2002. Los actuales líderes asilados de la oposición, son acusados por delitos económicos, sobre los cuales pesa un expediente judicial y una orden de captura del FBI. No se pueden confundir ser perseguido por político y dirigente social, con ser simplemente un ladrón de erarios públicos.
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