Entre los principales obstáculos que hay que superar progresivamente para la construcción del Poder Popular y el Socialismo del Siglo XXI en Venezuela: con sus Consejos Comunales y Comunas; y con sus Consejos de Trabajadores y Trabajadoras, que apliquen la Democracia Participativa y el Control Obrero como aspectos esenciales de la Gestión Socialista, están los siguientes:
1. La desarticulación de las instituciones públicas y la falta de eficiencia y eficacia en su gestión; la mentalidad pequeño burguesa, la ineficiencia, la falta de planificación y el pragmatismo inconsistente de la mayor parte de la burocracia con capacidad de decisión, del Estado y las empresas estatales (una parte de ella incrustada en los niveles de dirección del PSUV), con su interacción contradictoria y a veces complementaria con los sindicatos economicistas y con algunos de ellos que además tienen prácticas corruptas y mafiosas; todo lo cual el Presidente Maduro ha empezado a combatir aunque de manera aún insuficiente. Ambos, por sus intereses e ideología burguesa (en algunos casos pequeño-burguesa, pero burguesa al fin), con su expresión reformista liberal, reproducen constantemente el modelo capitalista rentista petrolero y el clientelismo político que de él se deriva. A la par que los elementos esenciales del sistema de explotación capitalista: La división social entre trabajo intelectual y material y la estructura jerarquica del trabajo, la alienación social, y la propiedad privada sobre los medios fundamentales de producción.
2. La fragmentación de la conciencia social, consecuencia de 500 años de colonialismo, neocolonialismo y capitalismo dependiente, con su característica división internacional y nacional, social y técnica del trabajo; de la alienación que a ella le es inherente; el egoísmo individualista, la mentalidad consumista, la falta de valores humanistas y de una conciencia realmente socialista en la mayor parte de los trabajadores y las comunidades; y por tanto, de una ideología revolucionaria anticapitalista, - aunque muchos de ellos sean honestos, de buena voluntad y aparentemente estén comprometidos con el proceso de transformaciones revolucionarias-, (les induce, aún de manera completamente contraria al heroico comportamiento que tuvieron los días 12 y 13 de abril de 2002, con el cual restituyeron al Presidente Chávez en el poder y luego con el cual resistieron el golpe petrolero de 2002-2003), a tener comportamientos oportunistas y a generarse privilegios personales y de grupo, cuando asumen cargos de dirección o de poder sobre recursos públicos o comunitarios, porque no pueden diferenciar con claridad qué es capitalismo y qué es socialismo; qué políticas públicas, qué tipo de gestión, qué decisiones y qué comportamientos o acciones, en las empresas y en el Estado, reproducen el sistema de explotación capitalista con sus variables reformista, socialdemócrata, o de capitalismo asistencialista, o “con rostro humano”, o cuáles contribuyen en verdad a construir el socialismo.
3. La división social entre trabajo material e intelectual y la estructura jerárquica del trabajo, que se reproducen amparadas en la Ley Orgánica de la Administración Pública y por la falta de aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras (LOTTT); lo que en conjunto constriñe la aplicación de las leyes del Poder Popular aprobadas entre los años 2010 y 2011), mediante las cuales, unos pocos, en general las élites burocráticas y los propietarios o gerentes de las empresas privadas, piensan, planifican y ordenan, mientras los demás, los trabajadores operativos, científico-técnicos o administrativos, en todas las escalas, cumplen operativamente las órdenes de los primeros, con lo cual se reproduce la alienación social y las bases fundamentales del sistema del capital y no solo del capitalismo, de acuerdo con Istvan Mészáros, con sus diferentes modos de producción y formaciones económico-sociales basadas en el antagonismo de clases, donde unos seres humanos son explotados por otros. La estructura jerárquica del trabajo se ve reforzada por el alto nivel de participación de militares en el Estado, quienes han hecho importantes aportes al proceso de la revolución bolivariana, empezando por el propio Presidente Chávez y los que participaron en la insurrección patriótica político-militar del 4 de febrero de 1992 y su complemento el 27 de noviembre del mismo año; pero que, como toda organización castrense: con su mentalidad y cultura de ordeno y mando, donde las ordenes no se discuten sino que se cumplen, y de obediencia debida de los rangos inferiores a los superiores, reproducen la estructura jerárquica vertical del trabajo, que paradójicamente se contrapone a la democracia participativa y protagónica, esencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), elemento fundamental para la transición al socialismo. Es necesario tener en cuenta que, el Presidente Chávez, consciente de la necesidad de avanzar en este sentido, desde principios del año 2007, incluyó en el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013, la directriz IV, que dice: <<Con el fin de lograr trabajo con significado, se buscará la eliminación de la división social, de la estructura jerárquica y de la disyuntiva entre la satisfacción de las necesidades humanas y la producción de riqueza subordinada a la reproducción del capital>>. Esta idea esencial para transitar al socialismo, por alguna extraña razón no aparece en el programa de la Patria 2013-2019. Es fundamental incorporarla en la Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social 2013-2019, cuando éste sea aprobado por la Asamblea Nacional.
En la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadores (LOTTT), aprobada desde el año 2012, se establecen condiciones jurídicas claramente favorables para avanzar en la construcción de relaciones socialistas en el mundo del trabajo. Sin embargo esta Ley aún no se aplica en la práctica y es muy poco conocida por el conjunto de la sociedad, por los mismos trabajadores e incluso por los activistas revolucionarios, debido a que, ni el gobierno ni los mismos dirigentes de los trabajadores y sus organizaciones, han realizado campañas para difundirla.
En el capítulo III, DEL DERECHO AL TRABAJO Y DEL DEBER DE TRABAJAR – Objetivo del Proceso social del trabajo, art. 25., se dice lo siguiente: “El proceso social del trabajo tiene como objetivo esencial, superar las formas de explotación capitalista, la producción de bienes y servicios que aseguren nuestra independencia económica , satisfagan las necesidades humanas mediante la justa distribución de la riqueza y creen las condiciones materiales, sociales y espirituales que permitan a la familia ser el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas y lograr una sociedad justa y amante de la paz, basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria de los trabajadores y trabajadoras en los procesos de transformación social, consustanciados con el ideario bolivariano. En consecuencia, el proceso social de trabajo debe contribuir a garantizar:
- La independencia y la soberanía nacional, asegurando la integridad del espacio geográfico de la nación.
- La soberanía económica del país asimilando, creando e innovando técnicas, tecnologías y generando conocimiento científico y humanístico, en función del desarrollo del país y al servicio de la sociedad.
- El desarrollo humano integral para una existencia digna y provechosa de la colectividad, generando fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional y crecimiento económico que permita la elevación del nivel de vida de la población.
- La seguridad y soberanía alimentaria sustentable.
- La protección del ambiente y el uso racional de los recursos naturales.
En el proceso social del trabajo se favorecerá y estimulará el diálogo social amplio, fundamentado en los valores y principios de la democracia participativa y protagónica, en la justicia social y en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, para asegurar la plena inclusión social y el desarrollo humano integral.”
Aunque en esta Ley se incluyen nuevos y amplios derechos para la clase trabajadora y su espíritu general, sobre todo en título V, DE LA FORMACIÓN COLECTIVA, INTEGRAL, CONTINUA, COLECTIVA Y PERMANENTE DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADOREAS EN EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO, apunta a desarrollar la organización de los trabajadores y la formación de su consciencia y capacidades para ejercer la gestión plena del proceso social nacional del trabajo, los artículos de la Ley que contienen estos aspectos no han sido reglamentados y por tanto no han sido aplicados hasta el momento.
De manera real y permanente, consciente o inconsciente, las personificaciones del Estado en las instituciones públicas fomentan la división social y técnica del trabajo, así como la estructura jerárquica del mismo, y mantienen y estimulan la división entre trabajo directivo, operativo y de inspección. Esto deberá ser resuelto, para avanzar al socialismo, con la aplicación plena de la LOTTT y con la aprobación del proyecto de Ley de Consejos de Trabajadores, presentado desde el año 2007 por el Partido Comunista de Venezuela (PCV) con el apoyo del Movimiento de Trabajadores por el Control Obrero y los Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras, cuyo debate, no por casualidad ha sido aplazado en la Asamblea Nacional durante siete años.
Todo lo anterior, limita o impide el ejercicio consciente de la democracia participativa y protagónica; hace posible marginar a los trabajadores y a las comunidades organizadas del poder real (económico, social, político y cultural); dificulta que los trabajadores tengan una actitud honesta, consecuente y favorable frente al trabajo, que permita aumentar la producción y elevar la productividad en las empresas; facilita su manipulación, así como la de las comunidades y hace posible que el control de los presupuestos sea ejercido en muchas de las instituciones públicas y en muchas de las organizaciones sociales, por todo tipo de oportunistas, capitalistas, burócratas y tecnócratas del Estado, o de contrarrevolucionarios saboteadores, algunos de ellos infiltrados en el PSUV y en los sindicatos, sobretodo en sus niveles directivos. Esto también ocurre en buena medida, en los mismos Consejos Comunales y Comunas, y Consejos de Trabajadores y Trabajadoras, cuyos integrantes deben desarrollar su conciencia socialista, como expresión auténtica del Poder Popular en los territorios, en las instituciones y en las empresas.
Como apoyo a la construcción del Poder Popular y el Socialismo, en abril del año 2013, el Consejo Federal de Gobierno (CFG) con su Fondo de Compensación Interterritorial, aprobó los Lineamientos –de obligatorio cumplimiento- para elaborar los planes de desarrollo de los 23 estados del país para el período 2013-2016. En ellos se establecen: El Concepto de Desarrollo del Socialismo Bolivariano hacia el cual queremos avanzar, claramente diferenciado del desarrollo capitalista. Incluye seis dimensiones de la dinámica de la sociedad a tener integralmente en cuenta para la planificación: política, cultural, económico-productiva, social, ambiental y territorial. Establece la obligatoriedad de que, las Organizaciones de Base del Poder Popular y de los Movimientos Sociales participen activamente en todo el proceso de elaboración, ejecución y control de los planes, y de que los planes de desarrollo por ejes territoriales, denominados Planes de Inversión Comunal Participativa (PICP) elaborados por ellos para el año 2013, fueran tenidos en cuenta e incorporados en los planes estadales. Incluye una metodología de Planificación Estratégica Situacional Participativa y de Planificación-Formación- Acción, que establece como centro el cumplimiento del Programa de la Patria 2013-2019 con sus cinco grandes objetivos históricos y nacionales en los territorios de los estados, con sus poblaciones, culturas y características específicas, para definir las metas, y a partir de ellas, los problemas a resolver por medio de proyectos, acciones y demandas, que serán financiados con los recursos públicos. Se indica también el inicio del proceso de transferencia de competencias, gestión de servicios y otras atribuciones de los Poderes Públicos: nacional, estadales y locales al Poder Popular.
El Consejo Federal de Gobierno, es la institución inspirada por Chávez y creada por él, con las atribuciones y recursos necesarios para impulsar la transición del capitalismo al socialismo; superar de manera progresiva las desigualdades y desequilibrios territoriales acumulados a lo largo de 500 años de colonialismo, neocolonialismo y capitalismo dependiente, deformado y rentista petrolero; y promover y supervisar la transferencia de competencias de los poderes públicos al Poder Popular. En el CFG participan representantes del Gobierno Central, de los Gobernadores, Alcaldes y voceros del Poder Popular, cuya forma de elección debe ser cada vez más democrática, diseñando los perfiles socialistas adecuados para su elección y asegurando que los candidatos presenten sus propuestas programáticas, asegurando su cumplimiento o la revocatoria del mandato. El CFG, tiene la función de establecer los lineamientos que permitan articular y armonizar los planes de desarrollo nacional, estadales, regionales, sectoriales y del Poder Popular en un Sistema Nacional de Planificación Participativa Territorial (SNPPT) construido conjuntamente con la Comisión Central de Planificación (CCP), organismo que desafortunadamente no cumple sus funciones en este sentido y que en general quedó relegado en el cumplimiento de inspecciones a proyectos de especial importancia e interés para el Estado. Esto es algo que está realmente en mora y que debe ser objeto de urgente atención por parte del Gobierno. Este sistema tiene que apuntar necesariamente a crear los mecanismos que hagan posible la distribución de la renta petrolera y la elaboración del Presupuesto Nacional, su ejecución y control, con plena participación de los sujetos sociales del trabajo y el pueblo organizado en Consejos Comunales y Comunas, así como en Consejos de Trabajadores y Trabajadoras. Para que ambos, renta petrolera y presupuesto nacional, dejen de ser medios que impulsan la reproducción del Estado burgués y la reproducción ampliada del sistema capitalista; y en cambio se conviertan en medios e instrumentos claves de la transición del capitalismo al socialismo.
En este aspecto, es muy importante evaluar en profundidad el impacto que ha tenido en la planificación impulsada por el Consejo Federal de Gobierno, el método de gobierno en la Calle del Presidente Nicolás Maduro. Porque aunque este método permite efectivamente el acercamiento del gobierno al pueblo en barrios y comunidades para escuchar sus planteamientos, la aprobación pública e inmediata de las propuestas no permite realizar una evaluación política y técnica con metodología consistentemente socialista, que permita saber si esos proyectos contribuirán a mejorar sustancialmente la vida de las comunidades contribuyendo a construir el socialismo del siglo XXI en Venezuela, o si con algunos beneficios puntuales y temporales para las comunidades, contribuirán a reproducir el capitalismo dependiente y rentista petrolero que padecemos.
rafaenciso2055@yahoo.es
