La organización burocrática en Venezuela suele tener, sobre todo en los niveles regionales, estructuras organizativas jerárquicas, cerradas y poco flexibles, y desligadas de las necesidades reales de la sociedad. Existe una sobredependencia de las líneas emanadas por órganos superiores y, en consecuencia, al ente regional le queda poca autonomía para planificar y ejecutar acciones que respondan a las demandas del entorno comunitario. El componente humano de la administración, aparte de la contingente falta de especialización y el poco manejo en elementos de planificación, es convertido, por el mismo aislamiento de la estructura en la que se desempeña, en un ser ajeno a las necesidades sociales, que rechaza asumir nuevos principios de comportamiento que lo llevarían a cumplir con “otro” perfil de servicio y a ejercer una nueva función social.
En estos términos, una posible discusión consistiría en descubrir: (a) de qué manera las instituciones públicas reproducen un esquema de dominación tradicional cristalizado en la configuración del Estado (y qué tan poco se ha transformado); y (b) cómo el actual modo de funcionamiento impide que las instituciones públicas se desplieguen – horizontalmente – para atender a la base social que es su razón de ser.
En condiciones como las descritas, a las instituciones les resulta imposible llegar a las comunidades. Para realizar efectivamente una tarea como la que se les propone a las instituciones, se necesita una comunidad organizada, pero esto no se puede promover si no se establece un compromiso estrecho con las comunidades que se atiende. No se trata de llevar proyectos prediseñados para intentar imponer una dinámica ajena a la comunidad, sino de encontrar la manera de entrar en diálogo con la gente para construir proyectos comunes y generar una nueva cultura de organización. Este es el modo de avanzar hacia la construcción de un nuevo sujeto político, que comparte, sea desde posiciones de administración o sea desde la comunidad, la tarea de hacer conciente al pueblo.
Esto no puede realizarse si se mantiene el aislamiento de las comunidades. El servicio público debe concretarse en la comunidad, y esto significa modificar tanto la estructura concentrada de la administración como la cultura del servidor público. La realidad actual es que los funcionarios son prácticamente incapaces de realizar un trabajo social porque se mantienen atados a ocupaciones burocráticas. Además, comúnmente las necesidades sociales exceden la capacidad de respuesta de la institución. Esto resulta en que se crean conductas de “defensa” o de “justificación” para evadir la atención a las comunidades, aunque lógicamente, en tanto que no se comparte la labor cotidiana del gobierno en colectivo, no es posible crear medios para salvar estas diferencias.
Sin embargo, también tenemos, en el otro lado, a una comunidad con poca conciencia de sí misma y de sus necesidades reales, así como de su papel de protagonistas para en el camino de construcción de una visión de Nación. Por esa razón muchos de sus requerimientos se orientan a la adquisición de bienes materiales y, por ello también, en muchos casos se ignoran incluso condiciones elementales de corresponsabilidad. Existe un alto grado de dependencia del Estado, así como cierto individualismo oculto en la idea de asociarse para el logro de fines inmediatos, y que incide en el poco interés de fundar una comunidad activa, organizada y autoconciente.
En tanto que las instituciones públicas continúen funcionando de la manera en la que lo han venido haciendo, no existe forma de que puedan satisfacer las demandas más elementales de la gente, y mucho menos que sirvan a la transformación de la cultura venezolana; como se encuentra en el Primer Plan Socialista de la Nación. La tarea está en lograr, de una vez por todas, la transformación de las estructuras de gobierno para que éste se realice, no ya nominalmente, sino realmente, con la mayor participación de las bases sociales.
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