Las Leyes o cualquier otro instrumento jurídico, responden clara o camufladamente a un propósito de naturaleza política. Es natural entonces, que los actores políticos, dependiendo de su ubicación se confronten y defienda los marcos jurídicos que se van construyendo para darle soporte y sustentos a sus respectivos proyectos. Una revisión de cualquier ley aprobada por el extinto Congreso Nacional de la república debe guardar en su interior su corazoncito que le comunicaba afecto al sistema político y económico de ese momento. Véase por ejemplo, todas las normas que le dieron “legalidad” al proceso de apertura petrolera.
Este marco jurídico de la Apertura petrolera tenía implícito la conformación de un Estado débil y fue muy claramente una venta de un recurso que es de todos los venezolanos, pero que en función de las miserias que pagaban la operadoras al Estado, se deduce que unos “venezolanos” entregaron esos recursos bajo un “marco legal” que les confirió la propiedad de esos recursos para entregarlo bajo unas condiciones que afectaban a la mayoría. Los convenios con las empresas trasnacionales dio lugar a establecer una especie de derecho para tranzar el respectivo negocio: Te doy estas condiciones y me das por adelantado una “vainita”. No hay prueba de esa negociación, pero seguro pasó así.
La defensa a un proyecto de Ley o en su defecto, su cuestionamiento debe estar debidamente razonado sobre la propuesta de país y NACIÓN que cada actor político tiene. Este hecho parece simple y elemental, porque al final de cuentas las personas se entusiasman y enamoran de una propuesta de país y nación por su contenido y por la vinculación que ella tiene con los intereses y valores supremos de la NACIÓN.
El “debate” que planteo la oposición sobre el PLOE a través de los interlocutores, dejó ver una vez más, dos situaciones que son importante incluir en las reflexiones que debemos plantearnos los nos encontramos vinculados con el proyecto bolivariano. Es de principio muy cuestionable, que un actor político (Partido, ONG, Universidad) confronte un proyecto político y jurídico sobre un absoluto vacío. Hay mucho vació y carencia de ideas cuando cada propuesta que presenta el proceso, se le confronta siempre con lo mismos “argumentos”: Inconstitucional, antidemocrático, esto es una dictadura, viene el comunismo.
En esta oportunidad se observaron a los partidos, a los líderes de esos partidos a las ONG’s y a las Universidades utilizando exactamente unos “argumentos” talla única. Busque y vea por ejemplo, el “argumento” que ofreció Antonio Ledezma y notará sin esforzar muchos sus sesos y neuronas, que todas las universidades publicas y privadas dieron exactamente ese mismo “argumento”. En verdad hay que abrir una investigación para determinar si a Antonio Ledezma se ha metido un puñal, o si por el contrario, las universidades decidieron involucionar y colocarse al nivel de Antonio Ledezma.
Esa inconstitucionalidad carece de referencia. No se asoma cuál de los artículos del PLOE le daba ese carácter. El caso de la UPEL (que una universidad pedagógica) su pronunciamiento y argumento fue enteramente patético, porque respetándose como universidad pedagógica, han debido dar señales que nos permitiera a los venezolanos convencernos que están un “pelito” distante del nivel académico de Ledezma.
Claro, las autoridades de la UPEL aprendieron a leer y escribir más temprano que Ledezma y tienen competencia para decir las cosas con cierto estilo. En vez de decir antidemocrático dicen “Viola la Voluntad nacional y se llevó a cabo de manera inconsulta”
Una primera situación que es posible captar en estos pronunciamientos, pone al descubierto una intención de los opositores que no siempre la expresan claramente. Por lo general cuestionan cualquiera medida con la intención de generar miedo diciendo eso es comunismo. Sin embargo ahora pudo oírse y leerse: “sobredimensiona el papel del Estado”, como un hecho negativo o reprochable. Claro, tiene sentido esa frase porque la intención de esos actores en el ámbito educativo se orienta a la instalación de la “sociedad docente” y esa circunstancia responde a otra política: Propuesta Neoliberal que no comunican con mucha claridad.
La opción de reducir la participación del Estado (segunda situación), nos remite a los revolucionarios a plantearnos una lucha en esta etapa del proceso para hacer más eficaz y eficiente al Estado y sus instituciones. Eso es un reto que se logra con contraloría social, lucha, crítica y autocrítica. Hay cantidad de ejemplos de gobiernos “revolucionarios” ineficaces y poco eficientes que deben ser objeto de una contraloría social a fondo porque en eso se nos puede ir el proyecto socialista.
El Estado eficaz, eficiente y conducido por un gobierno socialista es una medida de garantía para construir un sistema inclusivo con equidad e igualdad. En alguna medida, parte de ese reto se incluye en el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007/20013. El otro esquema no lleva a ubicarnos en una especie de “Darvinismo social”, viable para los que más tienen y con eso se garantizan imponer un modelo que genera muchos privilegio y riqueza para unos pocos y mucha pobreza para la mayoría.
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