19-08-24.-El Concejo municipal de Carora (municipio Torres, estado Lara), de mayoría oficialista, designó el sábado 17 a una nueva alcaldesa ligada al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), tras declarar un «vacío de poder» por parte de Javier Oropeza.
Así lo informaron varios periodistas y medios de la localidad. El alcalde de Carora, Javier Oropeza, pasó a la clandestinidad luego de denunciar una campaña de persecución y hostigamiento en su contra y que también alcanzó a su familia por parte de cuerpos de seguridad del Estado, por estar supuestamente involucrado en hechos violentos durante las manifestaciones poselectorales en ese lugar.
El pasado lunes 12, Iraida Timaure fue nombrada como alcaldesa encargada del municipio Torres –mediante la resolución N° A-016A-292– ante la ausencia temporal de Oropeza, quien había exigido respeto a sus derechos y garantías institucionales un día antes.
Pero el fin de semana, el Concejo Municipal sesionó y juramentó a Lasmit Verde como nueva alcaldesa de esa localidad hasta el término del periodo. Según la nueva administración, «este nombramiento busca garantizar la continuidad de la gestión municipal y el funcionamiento administrativo en la localidad».
Habitante de Carora rechazaron la persecución contra Oropeza y el nombramiento de una nueva alcaldesa, ligada al PSUV, en un comunicado. «Este acto tiene como fin destituir al legítimo alcalde Javier Oropeza, electo democráticamente por la voluntad popular bajo la Mesa de la Unidad Democrática, lo que constituye una flagrante violación a la soberanía popular y a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela».
El comunicado de los caroreños también cita una serie de artículos de la Constitución que, aseguran, estarían siendo vulnerados con las recientes acciones del PSUV en esa localidad. «Hacemos un llamado urgente a los sectores democráticas, a la organizaciones defensoras de derechos humanos y a la comunidad internacional para que condenen con firmeza este ataque a la democracia y tomen acciones inmediatas para proteger la vida, la paz y la dignidad de los ciudadanos del municipio Torres y su capital».
También señalaron que no permitirán «que el terrorismo de Estado se imponga sobre la voluntad del pueblo».
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