La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora y que fue declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), anunció este 20 de marzo que "reformará" la Ley de Infogobierno, instrumento jurídico aprobado en 2013 por el Parlamento y que, entre otros puntos, declara la obligatoriedad del uso de software libre en la plataforma tecnológica del Estado venezolano (ver la ley aquí).

Según informa una nota de prensa, la comisión permanente de Ciencia y Tecnología del ente legislativo en desacato, liderada por el exgobernador exadeco (hoy de Primero Justicia) Luis Lippa, procederá a "reformar" la Ley de Infogobierno, por ser un "instrumento normativo que impide el uso del software privativo y comercial en las instituciones del Estado y Universidades Públicas".

El parlamentario "considera pertinente el uso del software privativo como una opción". También señala que "hay que sustraer de su articulado toda la carga política ideológica, económica y social que se le ha incluido sin razón alguna y crear un instrumento basado y criterios científicos y tecnológicos en cuanto al uso de las tecnologías".

Esta declaración ocurre en medio del debate por la falla ocurrida el pasado 7 de marzo de 2019 en el Sistema Eléctrico Nacional, que el gobierno atribuye a un ciberataque a dos centros de control de la companía eléctrica estatal Corpoelec, y que causó que casi todo el país estuviera varios días sin suministro eléctrico.

Como se recordará, la Ley de Infogobierno fue aprobada en 2013 por la Asamblea Nacional, y entre muchos otros preceptos importantes dio continuidad al Decreto Presidencial 3.390 emitido por Hugo Chávez en 2004, llamando a la migración a Software Libre y Estándares abiertos de toda la plataforma tecnológica del estado.

Si bien la Asamblea Nacional está en desacato, y confiamos que el TSJ emitirá una sentencia declarando ilegal cualquier intento de reforma, resalta mucho que, en medio de todos los problemas que tiene el país, la oposición coloque su mira en la Ley de Infogobierno y quiera colocarla como una de las primeras leyes a ser "reformadas", lo que posiblemente denote la presión que empresas transnacionales del mundo de la informática están haciendo para lograr reabrirse paso como proveedores del Estado venezolano, tal vez previendo una posible caída del gobierno de Nicolás Maduro para ser sustituido por uno más favorable con sus intereses.

Recordemos que diferentes voceros del gobierno estadounidense, como el vicepresidente de ese país, Mike Pence, insisten en que la Asamblea Nacional de Venezuela es "el único órgano democrático legítimo en el país", desconociendo a los otros 4 poderes públicos venezolanos y dando apoyo a Juan Guaidó como supuesto "presidente interino" del país. El gobierno venezolano, presidido por Nicolás Maduro, ha denunciado que esta acción de Guaidó es un "golpe de estado en proceso", que busca la instalación de un "gobierno títere" controlado por Estados Unidos para dominar así al país que, según la página web de la CIA, tiene las mayores reservas de petróleo del mundo.

No es la primera vez que la Asamblea Nacional, elegida a finales de 2015 y de mayoría opositora, pone la Ley de Infogobierno en el centro de las controversias. Ya lo hizo en enero de 2016, cuando la entonces presidenta de la comisión, Dinorah Figuera, dio declaraciones similares anunciando la reforma de dicha ley.

Mientras tanto, siguen las denuncias en el Estado sobre lo poco que ha avanzado la ejecución de esta ley, sobre todo en los lugares más neurálgicos y estratégicos del Estado, que siguen confiándose a transnacionales del software privativo con el saldo antes mencionado.

De confirmarse la tesis del ciberataque al sistema eléctrico venezolano, no sería sorpresa para nadie, pues no sería raro que las transnacionales del software estén cooperando con los gobiernos del Primero Mundo para deponer lo que ellos consideran "una dictadura", mucho menos luego de las revelaciones de Edward Snowden sobre el poder de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la cooperación que las empresas de software estadounidense tienen con ella, o la creación en 2009 de un "Cibercomando" del Ejército estadounidense, que realice ciberataques contra instalaciones de países enemigos con fines militares.

Mientras tanto, los entes venezolanos designados por la Ley de Infogobierno para fiscalizar y promover la migración a software libre prácticamente están desactivados y no cumplen su trabajo. En el Estado es muy poco lo que se habla sobre software libre y desarrollo de aplicaciones propias, ni siquiera porque el cerebro tecnológico de Corpoelec fue presuntamente víctima de un ciberataque que nos dejó varios días sin luz.

También habrá que ver qué hacen los miembros de la comunidad de software libre venezolana, que en su inmensa mayoría son opositores y muchos de ellos están públicamente defendiendo a Guaidó. ¿Lo seguirán apoyando a él y a su Asamblea Nacional?