El discurso oficial del siglo XX venezolano se caracterizó por la promoción de la idea de la existencia de una sociedad mestiza, en la cual no existían desigualdades por el color de piel. El reconocimiento que recibieron los indígenas en este período fue exclusivamente con el objetivo de integrarlos a la vida nacional, así fue incluida la temática indígena en las Constituciones de 1941 y 1961, es decir, con la lógica de la asimilación y la negación de su identidad cultural, vista como limitación y no como riqueza. Por su parte, las comunidades afrodescendientes fueron invisibilizadas completamente.
La imagen de la sociedad mestiza sirvió para ocultar, no solo la existencia de una gran diversidad cultural en el país, sino también el racismo arraigado en las clases dominantes tras las luchas de liberación y la discriminación que sufrían y sufren tanto indígenas como afrodescendientes. Este imaginario se consolidó con el boom petrolero, que permitió mayores niveles de inversión pública, con lo cual se consolidó una imagen de país igualitario y rico.
La verdad era otra, si bien las leyes no hacían distinciones, como en los regímenes de apartheid o de segregación, la realidad de la inversión pública, del acceso a los beneficios de la riqueza petrolera y de la estética dominante sí lo hacía. Lo indio era sinónimo de atraso, y de hecho se consideraba una ofensa, la negritud seguía asociada a la esclavitud en el imaginario colectivo, a la fealdad, así como a los trabajos más humildes (trabajar como negro, negro con bata = chichero). Este imaginario se construyó también desde la escuela, donde se simplificó la historia de la construcción de las identidades venezolanas, con el ocultamiento de la historia de los pueblos originarios y de los procesos vividos y desarrollados por los afrodescendientes en la construcción de la república.
La construcción de la sociedad mestiza se arraigó de tal manera entre nosotros que aún domina el escenario público, el discurso político y la institucionalidad. Esto, a pesar de que en 1999, en el preámbulo de nuestra Constitución se estableció como fin de la refundación de la República el establecimiento de una sociedad multiétnica y pluricultural, que implicó un paso trascendental en el reconocimiento de la riqueza cultural de nuestro país.
Sin embargo, en los avances constitucionales de 1999 quedaron marginados los afrodescendientes, aunque puedan considerarse incluidos indirectamente en el artículo 100. Este ocultamiento de la afrovenezolanidad en la Constitución de 1999 nos habla de una minusvaloración del aporte de los afrodescendientes a la construcción del país, así como de la no consideración de su condición de grupo con características propias.
Las luchas de las organizaciones de afrodescendientes, sin embargo, avanzaron en los últimos años de tal manera que se logró la inclusión de su reconocimiento en la enmienda constitucional sometida a referéndum en 2007, aunque ésta finalmente no resultó aprobada. En el año 2006, por decreto presidencial, se instaló la Comisión Presidencial para la Prevención y Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y otras Distinciones en el Sistema Educativo Venezolano, que se constituyó en la primera instancia oficial de lucha contra el racismo instaurada en el país, y que fue creada en gran parte por el esfuerzo de la Red de Organizaciones Afrovenezolanas. Posteriormente han surgido espacios dedicados a los afrodescendientes en otras instancias gubernamentales, pero aun queda mucho camino por andar.
Uno de los puntos clave en el desarrollo de la lucha contra la discriminación étnico-racial es la inclusión de la pregunta de autoreconocimiento afrodescendiente en el Censo de Población 2011. El paradigma del mestizaje ha sido tan poderoso, que Venezuela se ha negado históricamente a contar a su población afrodescendiente. El asunto resulta mucho más vergonzoso cuando se mira a nuestros vecinos. Colombia, Panamá, Brasil y Cuba han incluido el autoreconocimiento afrodescendiente en sus censos de población, también lo han hecho Ecuador, Nicaragua, Argentina y Costa Rica, entre otros países latinoamericanos.
Estudios realizados por especialistas, e incluso por el Banco Mundial, han demostrado que en nuestro continente la pobreza y la exclusión social están asociadas a variables étnicas. En otras palabras, los más pobres y marginados de la sociedad son los indígenas y los afrodescendientes. Sin embargo, en Venezuela no podemos tener un conocimiento real de la situación de la población afrodescendiente porque no tenemos cifras de cuántos son y dónde están.
En Brasil, el país que ha trabajado más profundamente este tema, los estudios han demostrado, por ejemplo, que aunque ha aumentado el nivel de escolarización de las personas afrodescendientes en los últimos años, sigue existiendo una amplia brecha con respecto a las personas blancas, que alcanzan mayores niveles de escolarización. Pero además, los estudios demuestran que con la misma preparación académica, los blancos ganan más que los afrobrasileños (así como las mujeres más que los hombres).
Por eso, saber quiénes son y dónde están es fundamental. Solo así se pueden hacer los estudios que visibilicen las consecuencias de la discriminación sobre las comunidades afrodescendientes: menos acceso a servicios públicos, menos acceso a educación y salud, trato diferenciado en acceso al trabajo y al salario, entre otros. Se trata, además, de una exigencia del Comité contra la Discriminación Racial de la ONU hacia Venezuela.
Sin embargo, parte de la institucionalidad se resiste a aceptar esta necesidad. Abundan los funcionarios que consideran que preguntar a las personas sobre su autoidentificación étnica puede resultar incómodo para los interrogados, o puede generar divisiones en una sociedad que, consideran, no tiene esos problemas. Un discurso similar al de quienes sostienen que antes de Chávez no había confrontación de clases en Venezuela. Se trata de afirmaciones basadas en prejuicios personales que desconocen los avances internacionales en la materia.
La realidad es que los especialistas consideran que la propia invisibilidad estadística de los afrodescendientes es una manifestación de racismo.
Nuestro país ha avanzado enormemente en indicadores como acceso a la educación, a la salud, a la alimentación y al agua potable; también se han alcanzado logros importantes en la disminución de la desigualdad y de la pobreza, sin embargo, las estadísticas desagregadas pueden mostrar fallas en programas sociales que pueden no estar llegando a sectores específicos. El diseño de políticas de alcance general para superar la pobreza o el hambre que no incorporen la distinción étnico racial manifiestan lo que algunos llaman el racismo institucional, que impide ver, y por lo tanto cambiar, una situación de inequidad histórica.
En el marco de la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, este 21 de marzo; y cumpliéndose 157 años de la abolición de la esclavitud en nuestro país (24 de marzo), hacemos un llamado para que se concrete la inclusión de la pregunta sobre autoreconocimiento afrodescendiente en el Censo de Población 2011.
Para construir la sociedad multiétnica y pluricultural que nos manda la Constitución se deben tener estadísticas. No existe una práctica real de construcción de estados multiculturales, si no se cuentan las personas afrodescendientes. El Censo nos podría dar las herramientas para profundizar esa construcción.■
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