Luego de discusiones y cabildeos que duraron doce horas más de lo previsto, la OEA (Organización de Estados Americanos) suscribió una declaración en la cual rechaza la incursión de Colombia en territorio ecuatoriano, que dejara como resultado la muerte de cerca de 25 personas.

La demora en lograr una resolución mostró las tensiones internas de la OEA, un organismo creado en 1948 para permitir la ingerencia directa de la política exterior norteamericana en América Latina a nivel de sus poderes ejecutivos. Estas dificultades tienen origen en los cambios que se vienen produciendo en nuestro continente en la última década.

Los vientos de integración, de independencia de la gran potencia y de búsqueda de justicia social que están soplando con cada vez mayor fuerza en nuestras tierras, han logrado cambiar la orientación política de los gobiernos, cada día más lejos de las dictaduras de la década de los 70 y su doctrina de la “seguridad nacional” o de los gobiernos de partidos tradicionales complacientes con los intereses de los EE.UU. de los 80 y 90.

El incidente, que trascendió la geopolítica regional constituyéndose -al usar la táctica del “asesinato selectivo”- en el inicio en tierras americanas de la “guerra internacional contra el terrorismo” que el gobierno de la Casa Blanca está imponiendo en otras regiones del planeta, colocó a los gobiernos latinoamericanos en la disyuntiva de aceptar el hecho y por tanto reconocer la validez de esa guerra en sus territorios, o rechazar de plano esta situación.

La prolongada discusión en el seno del Consejo de Ministros, a pesar de haber sido realizada a puertas cerradas, ha dejado filtrar hasta que punto la diplomacia norteamericana usó de todo su poder e influencia para no permitir una resolución contraria a sus posiciones. A pesar de ello, con la voluntad del resto de los países latinoamericanos fue posible lograr una resolución que no sólo rechaza la invasión del territorio ecuatoriano, considerando que la incursión de fuerzas militares colombianas en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, el 1 de marzo, "efectuada sin conocimiento ni consentimiento previo del gobierno del Ecuador" constituye "una clara violación del Artículo 19 y del Artículo 21 de la Carta de la OEA", sino que además reivindica la “plena vigencia” del principio de la soberanía territorial de los estados miembros "sin ninguna excepción", así como la "abstención del uso o amenaza de uso de la fuerza" y la "no injerencia en los asuntos de otros Estados", todos ellos principios "fundacionales del Sistema Interamericano, obligatorios en cualquier circunstancia para todos los Estados miembros". La resolución recoge igualmente las "plenas disculpas de Colombia" así como su compromiso de evitar en el futuro cualquier tipo de incidente similar.

Los Estados Unidos dejaron constancia de su discrepancia en el punto cuatro de la resolución (el que rechaza lo sucedido), con el argumento de su defensa al derecho de “legítima defensa” de los estados.

Bajo el lenguaje diplomático de rigor en estos casos, se encuentra la primera gran derrota política de EE.UU. en la OEA. Es la primera vez que la presión norteamericana no logra una resolución acorde con sus intereses geopolíticos, en un ámbito que han controlado durante casi sesenta años. Evidentemente los gobiernos latinoamericanos percibieron con claridad el punto de inflexión que hubiera constituido una declaración complaciente o de medias tintas. Ninguno de ellos, aún aquellos que por distintas razones han sido o son tradicionalmente acompañantes de las posiciones del Norte, ha querido esta vez tomar el riesgo. El conflicto armado colombiano es único en la región y permitir su internacionalización y reconocer la “globalización bélica”, entre otras graves consecuencias, abriría una seria brecha en el creciente movimiento de pueblos y gobiernos hacia la integración de América Latina.

Las posteriores declaraciones de José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA al diario “O Globo” de Brasil, refuerzan la firmeza de las posiciones que triunfaran en el Consejo de Ministros y añaden además una muy importante acotación. La afirmación que la OEA no apoya la calificación de terroristas a las FARC, que le dan el gobierno norteamericano y el de Colombia (amén de varios estados europeos). “Existe la Convención Interamericana Contra el Terrorismo y ella se refiere a los actos terroristas practicados por alguien, como por ejemplo hacer rehenes y cometer atentados, pero no clasificamos a grupos” dijo Insulza.

Aún siendo realistas, si agregamos a estos resultados el antecedente de la derrota del gobierno de Bush en Buenos Aires al tratar de imponer el ALCA, se va haciendo cada vez más claro el declinar del poder político norteamericano sobre Latinoamérica, así como el acrecentamiento de las nuevas opciones sociales y políticas que hoy recorren el continente.

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