Nuestro país ratificó la Convención Americana el 23 de junio de 1977, desde esa fecha hasta el año 2000 se admitieron en la Comisión sólo 6 denuncias de violaciones de los derechos humanos por parte de Venezuela. Les recordamos a los lectores que los gobiernos venezolanos desde 1958 a 1998 fueron reconocidos como “democráticos”, –entre comillas- donde se alternaron los gobiernos de Acción Democrática y Copei durante 40 años en el poder.

Durante ese lapso se asesinaron centenares de estudiantes, campesinos y obreros en manifestaciones; las universidades de Venezuela fueron allanadas y algunas cerradas durante ese mismo período, se desaparecieron miles de dirigentes políticos y luchadores sociales, se detuvieron y torturaron a más de tres mil personas y ante cualquier hecho de violencia se suspendían las garantías constitucionales.

El Presidente Rómulo Betancourt en 1960 dio la orden a las fuerzas armadas y los cuerpos policiales de disparar primero y averiguar después. Durante estos 40 años de la supuesta democracia se cometieron las masacres de El Amparo, Retén de Catia, Cantaura, Yumare y el “Caracazo”.

Una sola ONG venezolana, Cofavic, se atrevió a denunciar ante la Comisión la masacre del “Caracazo”, eso ocurrió el 27 de febrero de 1989, durante el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, después que éste aplicara un paquete de medidas económicas ordenado por el Fondo Monetario Internacional, parecido al que están aplicando en muchos países europeos actualmente. Por tales razones el pueblo venezolano salió a la calle a protestar contra el aumento del transporte, alimentos y servicios públicos en general.

Para el año 1989 la pobreza en el país llegaba a un 70%, se calcula que en los siete días del Caracazo hubo más de 1. 500 muertos y centenares de heridos. Siete años después de transcurridos los hechos del “Caracazo” fue cuando la Comisión introduce la demanda en la Corte Interamericana de Derechos humanos y el Presidente Chávez reconoció la responsabilidad del Estado venezolano el 19 de noviembre de 1999, transcurrieron 10 años para que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos hiciera justicia.

En cambio a partir de 1999, cuando en Venezuela se instaura un Gobierno Bolivariano y Socialista que no se arrodilla ante los intereses de los Estados Unidos, principal financista de esta Comisión, se han presentado por las ONGs un centenar de denuncias infundadas contra Venezuela, se han tramitado 61 casos, 39 han sido admitidos y 3 archivado.

En cuanto a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión, entre 1977 y 1998, no se registró ninguna medida cautelar, pero desde 1999 en adelante se decretaron 28 medidas cautelares. En cuanto a la Corte Interamericana, desde 1981 a 1998, se sentenció un caso: EL Amparo. Desde 1999 al 2011 ya van 12 sentencias de la Corte Interamericana contra Venezuela.

Nos preguntamos: ¿Por qué la Comisión ha admitido tantos casos en contra de Venezuela ahora y no antes? Debemos concluir, después de transcurridos 13 años de campaña desestabilizadora contra Venezuela, que la Comisión está totalmente parcializada en contra de nuestro país, llegando al colmo de haber apoyado el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, realizado por la oposición venezolana, donde se destituyeron todos los poderes públicos por espacio de 48 horas.

Venezuela viene denunciando esta falta de objetividad de la Comisión desde el año 2003, ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA, sin resultados positivos hasta ahora; lo único positivo reconocido por parte de la Comisión en los últimos 3 años del Gobierno del Presidente Chávez, han sido los avances en materia de derechos económicos, sociales y culturales, debido a los informes positivos de los organismos internacionales como la Cepal y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Venezuela continúa sin entender en base a qué criterios de valoración esta Comisión en sus informes anuales, desde el año 2003 hasta el 2011, la incluye en el Capítulo Cuarto como violadora sistemática de derechos humanos junto con Cuba, Haití, Colombia y recientemente Honduras.

Desde que llegó el presidente Chávez venimos criticando a la CIDH y estas irregularidades han sido ratificadas por el Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la CIDH para el fortalecimiento del Sistema Interamericano en fecha 13 de diciembre de 2011 y sometido a la consideración del Consejo Permanente de la OEA.

A la CIDH se le recomienda entre otras cosas: “Definir y divulgar criterios o parámetros objetivos más precisos para el otorgamiento, revisión y, en su caso, prórroga o levantamiento de medidas cautelares. En casos de extrema gravedad y urgencia en que se hayan solicitado medidas cautelares sin requerir previa información al Estado, revisar dichas medidas a la mayor brevedad posible en consulta con el Estado´

Otorgar plazos razonables a los Estados para implementar medidas cautelares, tomando en consideración la gravedad y urgencia, la naturaleza y alcance de dichas medidas, el número de beneficiarios y en general las circunstancias del caso. Abstenerse de adoptar o mantener medidas cautelares cuando la Corte haya rechazado una solicitud de medidas provisionales sobre las misma situación.

Revisar sus criterios de admisibilidad de peticiones, incluidos la verificación exhaustiva del agotamiento de los recursos internos para evitar procesos paralelos entre instancias nacionales y la CIDH. La no verificación de éste requisito establecido en el artículo 46, literal a) de la Convención Americana por parte de la Comisión es una violación de la Convención.

La CIDH admitió recientemente el caso de Allan Brewer Carias quien redactor del Decreto de Transición que se leyó y que puso fin a todos los poderes el 11 de abril de 2002. La Fiscalía lo imputó y huyó del país, siendo imposible la continuación del proceso penal. Este caso obligará a Venezuela a denunciar la Convención Americana, porque de acuerdo a la CIDH en nuestro país no existe independencia de los Poderes Públicos y por lo tanto no se le garantiza las garantías judiciales a ningún venezolano. En otras palabras, para la CIDH no existe estado de derecho en Venezuela.

Partiendo de este adefesio jurídico de la CIDH igual al Decreto de Transición redactado por Allan Brewer Carias, el solicitante de la petición, no existe la necesidad de agotar los recursos internos para los ciudadanos venezolanos y cualquier denuncia contra Venezuela será admitida, “incluso el fraude electoral que cometerá el Presidente Chávez en las elecciones del 7 de octubre de 2012”. Ante esta eventualidad el Estado venezolano se verá obligado a denunciar la Convención Americana.

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