DISCURSO DEL ESTADO VENEZOLANO ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EL DIA 16 DE MARZO DE 2013.



Como es público y notorio, el tema de los derechos humanos ha sido utilizado durante décadas por el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados para desestabilizar y derrotar a los gobiernos progresistas que dan muestra de independencia. Debemos recordar las injerencias estadounidenses en las llamadas “Revoluciones de colores”, nombre mediático que han recibido una serie de movilizaciones políticas en algunos Estados que conformaban la antigua URSS. El plan arranca con la creación de supuestas Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanas, en realidad organizadas y financiadas por el gobierno de los Estados Unidos, a través de la CIA, la Fundación Soros, USAID, la (NED) y otros países de Europa.



Así apadrinadas, estas Organizaciones se dedican a denunciar ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales a ciertos gobernantes como "autoritarios" y “violadores de los derechos humanos’’, los acusan de realizar elecciones “fraudulentas”, de violaciones a la libertad de expresión y de información, de falta de independencia del poder judicial y de corrupción. Así van creando una matriz en la opinión pública nacional e internacional que califica a dichos gobiernos como violadores de los derechos humanos y como amenazas para la democracia.



Este plan desestabilizador ha tenido algunos éxitos en Europa oriental, y está en plena ejecución en Oriente Medio. En Venezuela tales planes comenzaron a ejecutarse desde el año 1998, cuando las encuestas daban como ganador al Presidente Chávez. De inmediato fue creada la ONG Primero Justicia, cuyos fundadores fueron Julio Borges y Leopoldo López. Este último, para entonces funcionario de PDVSA, solicitó y obtuvo de dicha firma una donación de 80 millones de bolívares, que fue autorizada por su propia madre, asimismo funcionaria de la empresa. Esta conducta le ocasionó al político la primera sanción administrativa por parte de la Contraloría General de la República.



Antes del año 1998 sólo existían en Venezuela cinco ONG´S, actualmente existen más de un centenar dedicadas fundamentalmente a desacreditar al gobierno venezolano ante los medios de comunicación y los organismos internacionales y específicamente ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, ambos adscritas a la Organización de Estados Americana, y ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.



A su vez, estos órganos internacionales acríticamente acogen, procesan, tramitan y dan por buenas y verídicas todas las denuncias de las ONG´S, actuando así con una parcialización que puede ser demostrada fehacientemente con estadísticas. En efecto, la CIDH recibió solo cuatro denuncias de violaciones de derechos humanos durante el periodo comprendido entre 1977 y 1998, o sea en 21 años, cuando los gobiernos de los partidos políticos Acción Democrática y Copei violaban masivamente los derechos humanos. Incluso, ante la violación más grave de derechos humanos en Venezuela, conocida como el Caracazo, donde el Presidente Carlos Andrés Pérez ordenó el día 28 de Febrero de 1989, disparar contra el pueblo que protestaba en las calles contra un paquete neoliberal impuesto por el Fondo Monetario Internacional.



Esas protestas del pueblo venezolanos se mantuvieron durante siete días, y fueron asesinados miles de personas y heridos un centenar. La denuncia fue presentada ante la Comisión Interamericana en el año 1993, y permaneció en la Comisión sin averiguación hasta el año 1998, transcurrieron cinco años. Cuando el presidente Hugo Chávez Frías tomó posesión del gobierno, la Comisión pasa el caso a la Corte Interamericana. Y el presidente Chávez reconoce las responsabilidades del Estado venezolano, como lo hizo con el caso del Reten de Catia hecho grave ocurrido en Venezuela antes de iniciado su mandato.



La CIDH desde el año 1977 hasta 1998 recibió solo cuatro denuncias de violación de los Derechos Humanos en Venezuela, pero desde 1999 cuando el Presidente Chávez llegó al poder hasta el 2012, ha recibido 102 denuncias, de las cuales ha admitido 38, mantiene en trámites 61 y tiene 3 como archivados. Vale decir, 25 veces más denuncias recibidas y diez veces más admitidas en once años, que en 21 años.



También es sumamente contrastante, el hecho de que desde 1977 a 1998 la CIDH no haya dictado ninguna medida cautelar en 21 años, mientras que desde 1998 al 2012, ha dictado 28 medidas cautelares, en apenas doce años, vale decir, veintiocho veces más medidas en la mitad del tiempo. O la Comisión estuvo desusadamente inactiva durante veintiún años, o prejuiciadamente hiperactiva durante doce, o ambas cosas a la vez.



Lo mismo sucede con la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 1988 a 1998, sentenció un solo caso, El Amparo, pero desde 1999 hasta 2012 ha sentenciado 16 casos, vale decir, dieciseis veces más sentencias en la mitad del tiempo.



Otra prueba irrefutable para demostrar que la violación de los derechos humanos es invocada como excusa para derrocar gobiernos progresistas, la tenemos en el golpe de Estado del 11 de abril del 2002, realizado en Venezuela con apoyo del gobierno estadounidense, la Comisión y la OEA. Para justificar dicho atentado, en los considerandos del Decreto de Transición de la Unidad Nacional, leído el 12 de abril de 2002, se argumentaba: Abro comillas.

“Que el día de ayer 11 de abril de 2002 fecha que será recordada con profunda indignación y tristeza nacional, ocurrieron hechos violentos en la ciudad de Caracas que se debieron a órdenes impartidas por el gobierno de Hugo Chávez Frías de atacar, reprimir y asesinar a mansalva a inocentes venezolanos que manifestaban pacíficamente en los alrededores del Palacio de Miraflores cometiéndose con ellos graves delitos comunes y de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela”. Cierro comillas.

En realidad, según consta en el testimonio del periodista Otto Neudstal, comunicador de la cadena CNN, la ocurrencia de muertes en la manifestación del 11 de abril, fue anunciada en un video que grabó la proclama de los militares golpistas, filmado muchas horas antes de que se produjera el primer disparo por parte de francotiradores apostados por los golpistas en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, quienes le dispararon a la manifestación de la oposición y a los manifestantes del gobierno que se encontraban apostados en sus alrededores, y ocasionaron la muerte de quince personas.


Pero, no sólo se intenta legitimar la dictadura con los hechos ocurridos el día 11 de abril de 2002. También, se busca justificarla por supuestas violaciones previas de los Derechos Humanos, según confiesa la citada proclama de la instalación de la dictadura leída en el palacio de Miraflores: Abro comillas.

“Que Hugo Chávez Frías y su Gobierno ha menoscabado sistemáticamente derechos humanos garantizados en la Constitución de 1999 y en los tratados, pactos y convenciones internacionales relativas a los derechos humanos suscritos y ratificados por la República, al punto de que nunca como en estos últimos tres años los organismos interamericanos de protección de Derechos Humanos han recibido tantas denuncias fundadas de violación de los mismos, en particular relativas al derecho de la vida, al debido proceso, a la libertad de expresión e información y al derecho a la información”.

“Que Hugo Chávez Frías y su Gobierno ha propiciado desde sus altas posiciones una instigación a delinquir, al propiciar violaciones de toda índole a la propiedad privada, así como obstaculizar la investigación y sanción de civiles y militares afectos al régimen que han incurrido en delitos contra la cosa pública en flagrante violación a los principios del Estado de Derecho y contrariando componentes fundamentales del ejercicio de la democracia como son la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública”. Cierro comillas.

Asimismo, se invoca para justificar la dictadura de la oposición la pugnacidad que ésta misma provocó con sus continuos llamamientos a la guerra civil: Abro comillas.

“Que Hugo Chávez Frías y su Gobierno promovieron irresponsablemente un clima de confrontación y violencia social, contraria a la unidad nacional, al pluralismo democrático y en general al respeto a los principios y valores democráticos contra todas las instituciones y sectores de la sociedad venezolana”. Cierro comillas.

También se esgrime como legitimación de la dictadura el supuesto apoyo gubernamental a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Abro comillas.

“Que Hugo Chávez Frías y su Gobierno han trazado y ejecutado una política exterior contraria a los más altos intereses económicos, políticos y sociales de la nación, ocasionando un aislamiento de graves consecuencias para el país, manteniendo un tratamiento ambiguo frente al flagelo del terrorismo internacional y desarrollando vínculos irrefutables con la narcoguerrilla colombiana”. Cierro comillas.

El objetivo de los golpistas era utilizar como pretexto, la violación de los derechos humanos para aplicarnos la Carta Democrática de la OEA y así justificar este flagrante golpe de Estado, con la indulgencia de la OEA, y por supuesto de la Comisión. De hecho, el mismo dia del golpe el embajador estadounidense Shapiro declaro en los periódicos que el gobierno estaba fuera de la Carta democrática de la OEA.Ésta es la razón por la cual dichos organismos, sólo condenaron el golpe contra Venezuela el día 13 de Abril de 2002, dos días de pues de ocurrido, cuando ya el pueblo venezolano y sus Fuerzas Armadas habían rescatado y restituido al Presidente Chávez en el poder.

Esta campaña de desestabilización contra Venezuela no terminó en abril de 2002. Durante los meses siguientes se produjeron diversos acontecimientos que prácticamente condujeron al país al borde de una guerra civil. En Venezuela los partidos de oposición, los empresarios afiliados a Fedecamaras, junto con la Iglesia venezolana y el gobierno estadounidense, inmediatamente implementaron un paro petrolero y patronal durante los años 2002-2003. Durante 63 días este cierre patronal dejo al país sin gasolina, saboteó la educación, el cuido de la salud y la distribución de alimentos y ocasionó una perdida al Estado venezolano de 20.000 millones de dólares, trayendo como consecuencias la quiebra de miles de empresas y el despido de millares de trabajadores.

El presidente Chávez pidió la intervención de la OEA, para abrir un diálogo con esta oposición violenta y golpista, y en virtud de tal llamamiento estuvieron en el país más de cuatro meses el presidente Cesar Gaviria y el Centro Carter dirigiendo mesas de diálogos entre el gobierno y la oposición. Esta intervención de la OEA permitió la realización de un referéndum revocatorio, celebrado el 15 de agosto de 2004.

La desesperación de esta oposición desquiciada los llevó a traer a Venezuela, más de cien paramilitares colombianos en mayo 2004, para asesinar a Chávez, cuando todas las encuestas realizadas predecían el triunfo del presidente. Afortunadamente, fueron detenidos los paramilitares disfrazados con uniformes del ejército venezolano el mismo día en que pretendían realizar el asalto al Palacio de Miraflores.

Se efectuaron en forma inobjetable las elecciones del referéndum revocatorio y resultó ganador el Presidente Chávez por amplio margen. Sin embargo, la oposición denunció fraude, y con la anuencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las ONG´S han mantenido una campaña de denuncias fraudulentas que mantiene a Venezuela desde el año 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,2010, 2011 y 2012 en el Capítulo Cuarto, como violadora sistemática de los derechos humanos, cuando en realidad es víctima de todo tipo de atentados por parte de la oposición y de gobiernos extranjeros.

El plan de desestabilización de las ONG s contra Venezuela se mantiene con la anuencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y las mismas denuncias que presentan ante el Sistema Interamericano las reciclan en el Consejo de los Derechos Humanos, acusando a Venezuela como “violador de los derechos humanos”.

A partir de allí, el Consejo de Derechos Humanos vota condenando al país, se le nombra un Relator especial para que vigile y se legitima la invasión. Así ocurrió con Libia. Fue expulsada como miembro del Consejo de Derechos y se le nombró un relator tres meses antes, de que la OTAN iniciara los ataques que causaron más de 60.000 víctimas no combatientes. Igual goteo de denuncias se le aplica contra Irán y Siria.

El pueblo venezolano está consciente de la campana, que precede a estas invasiones, dirigidas por países como Estados Unidos, Francia e Inglaterra, entre otros, los cuales valiéndose de su posición de miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, actúan como piratas y se reparten entre todos los recursos petroleros y minerales de los países invadidos, como ha sucedido con Afganistán, Irak y Libia.

VENEZUELA EN EL CAPÍTULO IV DESDE EL AÑO 2003

Le recordamos a los señores Comisionados, que la República Bolivariana de Venezuela está en el Capítulo IV, después del golpe de estado del 11 de abril de 2002, vale decir, que la víctima de un atentado infame está siendo tratada como culpable.

Por décima vez, le informamos a los Comisionados, que Venezuela no califica dentro de ninguno de los criterios que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aplica para otorgar esta atención especial, por las razones siguientes:.

Primero. Venezuela no está entre los “Estados regidos por gobiernos que no han llegado al poder mediante elecciones populares, por el voto secreto, genuino, periódico y libre, según normas y principios internacionalmente aceptados”. Venezuela tiene dieciséis procesos electorales en los catorce años de gobierno del Presidente Comandante Hugo Chávez Frías, monitoreados por centenares de observadores internacionales, entre ellos el Centro Carter y la propia OEA.

El 7 de octubre de 2012, realizamos las elecciones para Presidente de la República, dando una lección al mundo. Su transparencia e imparcialidad han sido el mejor argumento práctico contra los intentos de negar la legitimidad de sus actos. La madurez del pueblo venezolano y el indiscutible papel del Consejo Nacional Electoral, guiado por los valores de la Constitución y la Ley electoral han impedido nuevamente la tragedia una guerra civil.

En dichos comicios resultó ganador el Candidato Hugo Chávez Frías con 8.181.122 votos, para un 55.13% del total, y Henríquez Capriles con 6.566.712 votos, para un 44.25%. Participaron seis candidatos y 30 partidos políticos y lo más importante, hubo una participación record del 80,56% de los electores.

El candidato perdedor de la oposición, por primera vez reconoció de inmediato su derrota. Sin embargo, varios líderes de la oposición declararon lo siguiente: María Corina Machado señaló que “si las elecciones hubiesen sido limpias y libres, otro habría sido el resultado”. Por su parte, Diego Arría enfatizó que “el fraude en las elecciones presidenciales fue en cámara lenta, legal e institucional”. Leopoldo López señaló: “hubo situaciones que ponen en duda los resultados e inconsistencia en el información arrojada”. Antonio Ledesma declaró: “El gobierno debe cargar la cruz de una victoria sospechosa”. Todas estas falsedades se esgrimen y se difunden en los medios de comunicación contra un sistema electoral al cual el ex presidente Carter calificó como “uno de los más perfectos del mundo”. El mismo sistema electoral en diciembre del 2012, otorgó la victoria a los candidatos bolivarianos en 22 de los 24 estados de la República. Como consecuencia de la desafortunada muerte del Comandante Presidente Hugo Chávez Frías el cinco de marzo, se efectuara otro proceso electoral el 14 de Abril de este ano, donde según las encuestas resultara ganador el Presidente Encargado Nicolás Maduro Moros.


Por las razones expuestas, es obvio que miente en forma inmoral, contumaz, desvergonzada y sin fundamentos quien alegue que Venezuela debe ser incluida en el Capítulo IV, porque el gobierno y las instituciones venezolanas “no han llegado al poder mediante elecciones populares, por el voto secreto, genuino, periódico y libre, según normas y principios internacionalmente aceptados”.

Segundo. Venezuela no está entre los “Estados donde el libre ejercicio de los derechos consignados en la Convención Americana o la Declaración Americana han sido suspendidos, en su totalidad o en parte, en virtud de imposición de medidas excepcionales, tales como el estado de emergencia, el estado de sitio, suspensión de garantías, o medidas excepcionales de seguridad, entre otras”.

Al respecto, es bueno hacer del conocimiento de la Comisión y de la Corte de los Derechos Humanos que a partir de 1998 en Venezuela nunca se suspendieron las garantías constitucionales, ni siquiera durante el golpe de estado del 11 de abril de 2002, ni durante el paro patronal y petrolero durante el año 2003, que duró 63 días. Tampoco hubo detenidos políticos por esas actividades conspirativas, que terminaron cubiertas por una amnistía, y nunca se ha restringido la libertad de expresión ni de información. Las personas que detenidas y sentenciadas a raíz de dichos sucesos fueron los miembros de la Policía Metropolitana que asesinaron e hirieron a los manifestantes inermes que salieron a la calle a defender al gobierno del Presidente Chávez. Por tanto también miente en forma descarada, inmoral y falta de fundamentos quien justifique una inclusión de Venezuela en el Capítulo IV alegando “imposición de medidas excepcionales, tales como el estado de emergencia, el estado de sitio, suspensión de garantías, o medidas excepcionales de seguridad” que como a todo el mundo le consta, ni han existido, ni existen en nuestro país.

Tercero: Venezuela no es un Estado que “comete violaciones masivas y graves de los derechos humanos garantizados en la Convención Americana”. Tampoco en Venezuela se comenten violaciones tales como ejecuciones extrajudiciales, la tortura y la desaparición forzada. Tales violaciones por cierto, sí se cometieron en forma masiva y grave antes de 1998, sin que la CIDH se molestara en pronunciarse contra ellas.

Cuarto. Venezuela no es un Estado “en un proceso de transición de cualquiera de las tres situaciones arriba mencionadas”.

Quinto. Venezuela no atraviesa “situaciones coyunturales o estructurales, que estén presentes en Estados que por diversas razones enfrenten situaciones que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana o en la Declaración americana”.

En efecto, Venezuela no atraviesa tales situaciones. Dentro de ellas se acostumbra incluir, por ejemplo: “situaciones graves de violencia que dificultan el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho; graves crisis institucionales; procesos de reforma institucional con graves incidencias negativas para los derechos humanos; u omisiones graves en la adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivos los derechos fundamentales”.

En Venezuela las actuaciones de los Poderes Públicos se rigen por la Constitución y las leyes, cada uno de dichos poderes goza de independencia y autonomía y sus actos no vulneran la convención Americana. Aun más, nuestra Constitución es más avanzada en materia de Derechos Humanos que la Convención Americana. Por tanto, también miente en forma inmoral, carente de ética, de vergüenza, de conciencia y de fundamentos, quien sostenga que en nuestro país ocurren situaciones de tal índole.

Estas denuncias sin fundamentos, realizadas por las ONG´S venezolanas y extranjeras, vienen siendo sistemáticamente acogidas tanto por la Comisión como por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a pesar de que en contra de lo dispuesto en la Convención Americana la mayoría de ellas no están acompañadas de datos precisos ni de pruebas, de que sólo están basadas en rumores o recortes de prensa, de que con respecto a la mayoría de ellas no hay previa decisión de las instancias administrativas ni judiciales venezolanas, de que en gran parte denuncian hechos hipotéticas, futuros e inciertos, y de que en otras intentan enmendar la plana a normas constitucionales y legales sancionadas por Venezuela en ejercicio de su soberanía.

Todas estas irregularidades, alegadas por Venezuela contra la Comisión en el curso de nueves años, han sido denunciadas por el Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano, aprobado por el Consejo Permanente de la OEA, el 13 de diciembre de 2011.

Y también han sido denunciadas en la reunión efectuada en Cochabamba, Bolivia, por nuestro Embajador Roy Chaderton, quien expuso que la Comisión no debe ser fortalecida sino refundada por la OEA, para que responda a los intereses de la mayoría de los miembros que la integran y no a los propósitos de Estados Unidos y Canadá, que como todos sabemos no han ratificado la Convención Americana.

En la presente audiencia no nos dedicaremos a refutar en escasos cuarenta y cinco minutos las 159 falsas denuncias que la Comisiòn incluye en su Informe sobre Derechos Humanos del años 2012. En diversas oportunidades hemos señalado que la Comisiòn comete grave violación de sus propias competencia y deberes cuando , como lo hace en la mayoría de las denuncia allí compiladas, incurre en

Reincidencia y contumacia en la admisión de denuncias sobre casos no resueltos por el ordenamiento jurídico interno venezolano, y en ocasiones ni siquiera planteados ante èste, en infracción del artículos 46.1 de la Convenciòn Americana.
Reincidencia y contumacia en la admisión de denuncias carentes de sustento probatorio, que toman por ciertas las simples afirmaciones de ONG venezolanas, o citas de medios de comunicación social, y que en numerosos casos no precisan nombres, hechos, fechas, lugares ni circunstancias.
Reincidencia y contumacia en la admisión de denuncias sobre hechos hipotéticos, futuros e inciertos, tales como los efectos que podrían tener en el porvenir la aprobación de determinadas leyes o la adopción de ciertas medidas.
Desconocimiento flagrante de la soberanía de Venezuela, al extender sus observaciones y condenas a desautorizar o vetar el contenido de leyes debidamente sancionadas por los poderes públicos en ejercicio de sus competencias, en abierta oposición a los estatutos qaue rigen dicha comisión.

Por ello, no reincidiremos tampoco nosotros en refutar una vez màs acusaciones o afirmaciones que la Comisiòn no debió jamàs incluir en su informe porque violan las normas constitutivas de èsta. En esta oportunidad, consideramos imprescindible e inaplazable plantear cuestiones de fondo relativas a las verdaderas competencias y facultades de esta Comisiòn y a sus repetitivas extralimitaciones al injerirse con las normas soberanas de Venezuela.

Como es público y notorio, el día 11 de marzo de 2013 se celebró en Guayaquil, Ecuador la reunión de los Estados firmantes de la Convencion Americana de los Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José. Allí, el Presidente Rafael Correa dio un discurso de apertura del evento, que por su importancia vamos a reproducir parte del mismo, por cuanto nuestro país suscribió la “Declaración de Guayaquil”, de fecha 11 de marzo de 2013, documento que recoge las conclusiones de esa reunión.

Leo parcialmente el discurso del Presidente Rafael Correa.

“La Cumbre de UNASUR celebrada en Lima en noviembre de 2012, decidió convocar a través del Secretario General de la OEA esta Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué significa Estados parte? Los que han ratificado la Convención Amricana sobre Derechos Humanos, y como veremos más adelante, solo 23 países de los 34 que conforma la OEA lo han ratificado.

Es la primera vez, como decía nuestro Canciller, que se realiza una Conferencia de los Estados parte… Esto debemos reprochárnoslo a nosotros mismos, tenemos que darle más importancia a algo tan fundamental como los Derechos Humanos. La Reunión de Guayaquil tiene como finalidad abrir un espacio franco y directo entre los Estados representantes de los pueblos dueños del Sistema, a fin de buscar acuerdos sobre mecanismos suficientes y efectivos para su fortalecimiento, universalidad y transparencia. Las reformas propuestas incluyen enmiendas a su normativa y establecimiento de reglas claras para su gestión, para que pueda ser ejercida con ética, equidad y transparencia, sin rebasar los límites impuestos por los correspondientes tratados y documentos.

Los temas más importantes de este proceso: Son sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nacionalidad de sus miembros y financiamiento exclusivo de los Estados parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos; procedimientos claros, objetivos y contemplados en la normativa para la promoción y defensa de los Derechos Humanos; Universalidad de derechos e Informe Anual único de la CIDH, y adopción de un Código de Conducta para la CIDH y sus Relatorías.

Veamos el origen de estos organismos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Artículo 106 de la Carta Fundacional de la OEA establece:

“Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, como función principal, la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia.

Una convención interamericana sobre derechos humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de dicha Comisión, así como los de los otros órganos encargados de esa

materia.”

Es decir, la base del Sistema de Derechos Humanos, la propia carta de la OEA lo señala, es la Convención, Convención que solo 23 Países hemos firmado. Estados Unidos y Canada por ejemplo no han firmado la Convencion IDH.

Veamos ahora la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José. Capítulo Primero, Enumeración de Deberes, Artículo Uno: Obligación de respetar los Derechos. Los que firmamos nos obligamos a esto, los que no firman no se obligan a nada y está bien, es su ejercicio de soberanía; el problema se presenta cuando ellos son los que financian, tienen la sede de la Comisión y de la Convención, uno de los organismos básicos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sin haber firmado la respectiva convención:

Es la Convención la que establece Comisión y Corte, y dentro de ella enumeran las funciones, no quisiera cansarlos leyendo cada una de ellas, pero revisen adecuadamente y vean ¿dónde se le da como función a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fiscalizar a los Estados?, ¿dónde se le da como función dictar medidas cautelares y dónde se le otorga autonomía a la Comisión?

Asimismo, las competencias están en el artículo 44:

“Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención, pero por un Estado Parte”.

Es decir, esto solo obliga a los Estados Parte. Cualquier ciudadano, incluso de fuera de los Estados Parte puede denunciar, pero solo a los Estados Parte. Entonces, tenemos grandes responsabilidades, hemos asumido grandes deberes, pero obviamente eso también significa que tenemos derechos, al menos para dirigir el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La fuerte asimetría (y creo que se deduce de lo que he leído) entre los países adscritos a la Convención versus aquellos que la financian y manejan, pero que no la han ratificado, es decir que no se someten a las decisiones de la Comisión o de la Corte, esa fuerte asimetría ha terminado por pervertir por completo una herramienta pensada inicialmente en beneficio de todas y todos los americanos. En lugar de eso, unos países pretenden intervenir en otros, en tanto se erigen en jueces a su vez injuzgables por la inmunidad de no estar sometidos a la jurisdicción del Sistema y especialmente de la Corte.

La Comisión, sin lugar a dudas, nadie lo ha negado, cumplió un papel histórico de inmenso valor en la investigación, documentación, sistematización de archivos y documentos, de testimonios y de pruebas materiales en contra de los procesos despóticos de América Latina, principalmente en las dictaduras militares. Sin embargo, como lo manifestaba ya nuestro Canciller, ahora que nuestros países están, en una importante proporción, dirigidos por gobiernos democráticos, ahora que hay una verdadera nueva era en América Latina, a esos gobiernos democráticos se los trata muchas veces peor que a los regímenes dictatoriales, y, paradójicamente, son acusados y denostados por los grupos que antes, de manera velada o pública, apuntalaron a esas dictaduras que no tuvieron ningún respeto por los Derechos Humanos. Hay casos paradigmáticos en América Latina, recuerden tan solo el rol de diario El Mercurio de Chile en el golpe de Estado contra Salvador Allende…

La Conferencia de Guayaquil es fundamental, para buscar consensos que reorienten a la CIDH a ser más eficaz y respetuosa del espíritu de la Convención, de su misma normatividad y de la constitucionalidad soberana de los Estados.

¿Cómo es posible, que la sede de la CIDH se encuentre en un país que NO es Estado Parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

¿Cómo es esto posible? ¿Por la costumbre? Bueno, América Latina se está sacudiendo estas malas costumbres, señores. Les puedo decir con certeza que los países que más hablan sobre derechos humanos, son los que en la práctica menos se han comprometido, menos han firmado convenios vinculantes. Los que firmamos todo –Corte Penal Internacional, etcetera, somos los países latinoamericanos. Lo hacemos por convicción, pero tampoco vamos a permitir ningún neo colonialismo, compañeros.

¿Cómo es posible (que alguien me responda) que la CIDH se financie casi en su totalidad, exactamente en un 96.5 por ciento, por países que no han ratificado la Convención de Derechos Humanos, por Estados denominados “Estados Observadores”, que no son parte del Sistema Interamericano, y por organismos y supuestas fundaciones de cooperación internacional de esos mismos países?

Es decir, pagan para controlar a los demás, en nombre de los DERECHOS HUMANOS. ¿Hasta cuándo vamos a soportar tanta contradicción? Todos sabemos que desde que el mundo es mundo, aquel que financia impone las condiciones. ¡Ya basta de tanta hipocresía!

El país sede de la Comisión está únicamente sujeto a la jurisdicción de la CIDH en su condición de país miembro de la OEA; por tanto, no está sujeto (como lo está Ecuador y como lo están todos ustedes presentes aquí) a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni tampoco a la Comisión cuando éstas actúan como órgano de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Y no se trata de una simple coincidencia ni de una ingenuidad, sino que esto responde a una visión política, de doble moral, que se aplicó en nuestra región por décadas, cuando se nos consideraba el patio trasero de un imperio y no naciones soberanas, patrias altivas con pueblos libérrimos y dignos.

No es posible en el Siglo XXI, en nuestra América, tolerar que la sede de la CIDH, Washington Estados Unidos, sea el país del embargo criminal contra Cuba, que atenta total y abiertamente contra el derecho internacional. ¿Y qué dice la CIDH? Esto constituye sin lugar a dudas el mayor atropello al derecho internacional, ese bloqueo criminal, es el mayor atropello a los Derechos Humanos en nuestro continente, pero ni siquiera aparece en los informes anuales de la CIDH el bloqueo cubano. Pareciera que el bloqueo ya es parte del paisaje. ¡Ya basta! Insisto, Ecuador no aceptará más Neocolonialismo.

El Pacto de San José fue firmado en 1969 y ratificado con el espíritu del humanismo más noble. No permitiremos que se lo utilice con fines geopolíticos, con visiones sesgadas y con tanta, insisto, doble moral.

La CIDH –hablemos claro, aquí no estamos para maquillar las cosas-, está absolutamente dominada por países hegemónicos, por el oenegecismo (neologismo para identificar este dominio de las ONG) y por los intereses del gran capital, particularmente aquel capital detrás de los negocios dedicados a la comunicación. De hecho, es el análogo del neoliberalismo en el ámbito de derechos. Ustedes saben que en el ámbito económico, el neoliberalismo decía: “no Estado, todo lo resuelve el mercado, todo lo resuelven las empresas privadas con fines de lucro”. Acá es exactamente análogo: “no Estado, las políticas públicas las hacen oenegés”… empresas privadas supuestamente sin fines de lucro, algunas sin fines confesables, todo en función del gran capital y de visiones anglosajonas sobre los derechos, visiones, dicho sea de paso, bastante inconsistentes.

Vienen y van los funcionarios de la CIDH a ese oenegecismo, algunas veces con cosas realmente escandalosas, pero que pasan desapercibidas. El caso de Santiago Canton, En junio del 2012 dejó la dirección de la CIDH, la Secretaría Ejecutiva, tras haberla ejercido por más de diez años; y en la actualidad ¿a dónde fue a dar?: Director del Robert F. Kennedy Center For Justice And Human Rights, organismo obviamente, estadounidense. Es decir, totalmente involucrados en el oenegecismo anglosajón que exige al resto lo que nunca se exigen ellos mismos.

Debemos reconocer a la Convención de Derechos Humanos como la más alta Asamblea sobre Derechos Humanos regional, patrimonio de nuestros pueblos, y ahora deberá tener sede propia, presupuesto propio, entregado por los Estados Partes de la Convención, como es obvio, como es imposible de negar, a no ser de que se haga gala de un cinismo sin límites.

La sede de la CIDH debe estar en un Estado Parte y debe ser financiada por los Estados que hemos firmado la Convención. Se requieren 15 millones para cubrir las necesidades financieras de la Comisión y Corte. Podemos hacer ese esfuerzo, compañeros; y, si alguno tiene dificultades, no se preocupen, Ecuador suplirá esa cuota; pero financiemos el sistema aquellos que hemos firmado la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Y la sede que proponemos para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es Argentina, país que sí ha firmado la Convención y que sufrió épocas terribles de ataques a los Derechos Humanos y Civiles, como muchos de nuestros países; pero Argentina también ha sido un país donde se ha requerido una respuesta sobre esos mismos derechos perdidos; honramos siempre a las Madres de Mayo por su amor tenaz, y apoyamos al gobierno de la querida Presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que ha expresado esta voluntad de acoger a la Convención con una sede permanente, para consagrar, en la práctica y sin intervenciones de países que no han firmado la Convención o, peor aún, de países extra regionales, para reafirmar los maravillosos principios expresados en el Pacto de San José.

Finalmente, Ecuador plantea, como nos parece obvio, que la Comisión y Corte sean constituidas por nacionales de los Estados que han ratificado la Convención Interamericana.

Parecen perogrulladas, pero sepan ustedes que hasta ha sido presidida la Comisión por nacionales de países que no han firmado la Convención, como es los Estados Unidos.

Ecuador, como Estado Parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, siempre estará dispuesto a defenderlos y a cumplir con sus obligaciones; pero, como ya mencioné, tampoco permitiremos el que se socave nuestra soberanía y que simples burocracias intenten ponerse por encima de nuestros Estados” (FIN DE LA CITA).

Hasta aquí las declaraciones del presidente Raùl Correa, que fueron sustancialmente acogidas por 18 de los 23 paìses que han firmado la Convenciòn Americana, vale decir, una mayoría de 78,26%.

En ese sentido, en virtud de la reunión celebrada en la ciudad de Guayaquil, los Estados parte del Pacto de San José:



“Declaran:

Insistir en la importancia del equilibrio entre los derechos y las abligaciones de los Estados que forman parte de la OEA. Frente a ello, acuerdan promover estimulos positivos para lograr la adhesión de todos los Estados miembros de la OEA al Pacto de San José. A tales efectos, acordaron designar una delegación de Cancilleres de los Estados parte para que realicen gestiones directas con aquellos Estados que no son parte de la CADH. En este marco, propiciaremos que los miembros de la Comisión sean elegidos entre los nacionales de los países que hayan ratificado la Convención.

Encomendar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos fortalecer los esfuerzos de promoción de los Derechos Humanos, mediante el apoyo a los sistemas nacionales.

Convocar a todos nuestros países como Estados Parte a asumir plenamente el financiamiento del Sistema, a través del presupuesto ordinario de la OEA y de las contribuciones voluntarias de los Estados miembros de la Organización. Asimismo, se podrán considerar contribuciones voluntarias no condicionadas ni direccionadas.

En función del principio de indivisibilidad de los derechos humanos, proponer que todas las relatorías sean consideradas especiales y garantizar el financiamiento para el cabal cumplimiento de los fines de cada una de ellas.

Solicitar al Secretario General que presente un análisis detallado de los costos de funcionamiento de los órganos del SIDH.

Considerar la conveniencia de que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esté ubicada en un Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Dar continuidad a la convocatoria de esta Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, como un espacio de dialogo permanente en este ámbito.

Encargar a Ecuador las coordinaciones necesarias para llevar a cabola próxima Conferencia de Estados Parte y la configuración de la delegación de cancilleres para los efectos señalados en el numeral 1.” (FIN DE LA CITA).

En virtud de esta declaración suscrita por la mayoría absoluta de los países que adhirieron a la Convenciòn Interamericana de los Derechos Humanos, esperamos y exigimos que a partir de hoy la Comisiòn se atenga a las competencias y atribuciones , que dicho instrumento le atribuye, que son la promoción de los Derechos Humanos, y se abstenga de actuar como supuesto e incompetente tribunal de instrucción de causas contra dichos países adherentes, que cese de incluirlos punitiva y arbitrariamente en supuestas categorías no contempladas en las normas generales que rigen a la Organizaciòn de Estados Americanos y a los países firmantes de la Convenciòn, cuya voluntad mayoritaria ha sido expresada en forma terminante, inapelable y democrática en la citada Declaraciòn de Guayaquil adoptada el memorable 11 de marzo de 2013.