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Con la vara que midas, serás medido, dice el Evangelio. Prevalece en
ciertos comunicadores y supuestos defensores de Derechos Humanos la
idea de que pueden hacer lo que se les antoje. Quienes exigen de
otros el cumplimiento de normas deben ajustarse a las que rigen su
propio desempeño. Naciones Unidas aprobó en su primera sesión de 18
de junio de 2007 un "Código de Conducta para los titulares de mandatos
de los procedimientos especiales de Derechos Humanos". Por ser
obligatorio para éstos, con mayor razón debe serlo para el Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

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Dispone el artículo 13 de dicho Código que "Los titulares de mandatos
deberán: a)Tener presente la necesidad de que sus opiniones políticas
personales no vayan en desmedro del cumplimiento de su misión y basar
sus conclusiones y recomendaciones en evaluaciones objetivas de la
situación de los derechos humanos". Pero ya en el aparte 12 de un
informe de 82, antes de exponer los hechos la ACNUDH expide su
veredicto: "El desvío de recursos, la corrupción y la falta de
mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión,
han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado
de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el
transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural".
Igualmente sentencia en el aparte 15: "Además de la hiperinflación y
la contracción de la economía, las políticas económicas y sociales
adoptadas durante la última década han debilitado los sistemas de
producción y distribución de alimentos, aumentando la cantidad de
personas que dependen de programas de asistencia alimentaria". Según
ACNUDH, todos y cada uno de los problemas del país serían imputables
al gobierno: ninguno a acciones de poderes imperiales, de sus
cómplices, de empresarios o de la oposición. Para nada se tiene en
cuenta la advertencia del aparte 44 del previo Informe de Alfredo de
Zayas: "Resulta fundamental estudiar las causas de la crisis,
incluyendo los factores que no han sido tenidos en cuenta, a saber,
las sanciones, el sabotaje, el acaparamiento, las actividades del
mercado negro, la inflación inducida, el contrabando de alimentos y
medicinas." Primero la sentencia, luego el juicio, dice la Reina de
Corazones en Alicia en el país de las Maravillas.
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Afirma ACNUDH en la sección 14 que "Las personas entrevistadas
constantemente refirieron una falta de acceso a alimentos, debido
tanto a la escasez como a los precios inasequibles. La disponibilidad
de suficiente comida de calidad es deficiente, y los entrevistados
dijeron que comían una vez, o como mucho dos veces, al día y que
consumían pocas proteínas o vitaminas". No se acompañan pruebas ni
fuentes. Si tenemos en cuenta que 82 % de las alegadas entrevistas
fueron realizadas en el exterior, de ser veraces se estarían
refiriendo a otros países. La afirmación de que las mujeres deben
dedicar "un promedio de 10 horas al día a hacer filas para obtener
comida" carece de lógica, ya que de ocupar tanto tiempo en ello, ni
encargadas ni jefas de familia podrían trabajar ni dedicarse al
cuidado del hogar. Comentario aparte merecen las "fuentes locales"
–como siempre, no identificadas ni cuantificadas- que habrían
reportado "casos" de mujeres "forzadas a intercambiar comida por
sexo". Con la misma ausencia de pruebas se podría afirmar que los
proveedores de estas noticias sensacionalistas las intercambiaban por
sexo.

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Según Mark Twain, el Diablo puede leer la Biblia, Bachelet también
puede mentir con estadísticas citando en su aparte 15, que la FAO
registra 3,7 millones de venezolanos desnutridos para 2015-2018. Pero
omite citar que, según la misma fuente, para 2000-2002, en un país
que apenas salía del bipartidismo y de unos 20 millones de habitantes,
la cifra era de 4,1 millones de personas desnutridas, y que para
2010-2011, descendió a 1,1 millones: vale decir, en una década, el
gobierno bolivariano redujo en tres cuartas partes la cantidad de
desnutridos. Menos cita Bachelet que entre 2013 y 2015, años en que
se desata la ofensiva contra Venezuela, la cifra aumenta hasta 2,4, y
que acompañando la intensidad de la agresión, se llega sólo en 2018 a
la citada cifra de 3,7 millones de desnutridos. Y ya que Bachelet
cita estadísticas de la FAO, extraña que pase por alto el Índice de
Inseguridad Alimentaria Grave que la misma fuente arroja para Chile:
de 3,9 para 2014-2016, y Pergamino horizontal: 1de 4,4 para 2017,
durante su segunda presidencia en ese país. No se explica cómo una
defensora de los Derechos Humanos denuncia a otros países por
supuesto incumplimiento de lo que ella no hizo cumplir cuando
gobernaba en el suyo. Según dice el Evangelio, cuando el fariseo
denuncia la paja en el ojo ajeno, es porque no ve la viga en el
propio.

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Ochenta y dos artículos como el presente requeriría comentar los 82
apartes del informe de Bachelet. Una consideración final. La Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos vino
invitada por nuestras autoridades. Ninguna norma de la ONU la
facultaba para visitar por decisión propia a nuestro país, ni nos
obligaba a recibirla. Fuimos nosotros quienes, conociendo que
representa a un organismo internacional fuertemente influido por
potencias enemigas de Venezuela, y teniendo en cuenta su carrera
política conservadora, la convocamos a pesar de la alta probabilidad
de que presentaría un informe negativo. Una vez más se manifiesta la
nefasta tendencia de algunos funcionarios a ignorar sin necesidad la
soberanía de nuestro país y someterla a organismos extranjeros para
que nos acusen, juzguen y condenen. Por otra parte, proyecta la
ACNUDH dejarnos instalada una Oficina Permanente, a cargo de persona
vinculada a Diego Arria y contumaz redactora de Informes
denigratorios contra Venezuela. Mientras sigamos entregándonos a
poderes foráneos, seguirán destruyéndonos.