La actividad minera ha venido deteriorando a la Amazonía venezolana, situación que ha sido notoria para la población venezolana y de otras latitudes. La destrucción de la región ha sido de tal magnitud, que ha sido imposible de ocultar a la opinión pública, motivando a que las autoridades venezolanas tengan que tomar cartas en el asunto y abandonar la actitud de negación ante el impacto de la minería en la Amazonía. No obstante, esta intervención ha develado que la situación era peor de lo que se informaba, con la aparición de fosas comunes, el reconocimiento por parte del Estado de los grupos armados irregulares, entre otras tragedias que vienen siendo visibilizadas como la inseguridad en las minas, las desapariciones y asesinatos así como las muertes y heridos por derrumbe dentro de las minas.
De acuerdo a un reportaje de El Correo del Caroní, el Plan Roraima 2022 que tenía como objetivos públicos "enfrentar la minería ilegal, trata de personas y narcotráfico en el estado Bolívar y parte de Amazonas"; pero las denuncias locales versan sobre la militarización de las minas. Periodistas y locales acusan que los mineros sepultados en mayo, cerca de El Callao, se encontraban en una mina contigua a otra de propiedad del Estado, lo que sorprende es la falta de vigilancia o que las fuerzas de seguridad ignoraron su presencia, teniendo en cuenta la fuerte militarización de la región. Por otra parte, las bandas criminales siguen en control del territorio al sur de El Callao, las cuales mantienen en zozobra a la población y controlan la extracción y comercio del mineral, por los momentos.
En Colombia se ha levantado preocupación ante las operaciones militares sobre la posible deportación de más de 7 mil ciudadanos colombianos que viven en las inmediaciones del estado Amazonas, especialmente en torno al Parque Nacional Yapacana dedicados a la minería ilegal. Tal como hemos podido recoger por parte de la prensa, de acuerdo a las declaraciones de la Defensoría del Pueblo colombiana, la cual advierte al Ministerio de Relaciones Exteriores del vecino país a prepararse para esta ola de expulsados. Ya en años posteriores, los territorios de Vichada e Inírida han tenido que lidiar con la constante migración, especialmente de pueblos indígenas; pero ahora tendrían que enfrentar otro tipo de desplazamiento, el de mineros ilegales de su propio país.
Por otro lado, el gobierno asume declaraciones rimbombantes y grandilocuentes, llamando a la cooperación internacional y acusando a extranjeros y nacionales de la destrucción de la Amazonía venezolana; sin asumir responsabilidad alguna, ni señalar la participación de las FANB en la explotación minera. Así podemos ver en la prensa extranjera, como se reseña a estas incursiones u operativos militares, como parte de una lucha del gobierno de Maduro contra la minería y por la protección del ambiente; pero realmente no hay acciones concretas para derogar el decreto que creó al Arco Minero del Orinoco, y que ha generado esta situación tan crítica en la Amazonía venezolana.
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¿Qué ocultan estas operaciones?
Según denuncias de las localidades, así como del periodista experto en la región, Fritz Sánchez, la militarización de la región no ha sido en pro de frenar la extracción minera, sino parte de una lucha de poder armada, por el control de las minas y el comercio mineral. Las denuncias, especialmente en Yapacana, indican que la explotación minera sigue, pero ahora, bajo estricta vigilancia militar, no en procura de la recuperación de los territorios devastados, sino para el control de la actividad. Todo indica que las operaciones que han venido efectuando, pudiesen tener como fin último, establecer un orden para regularizar la explotación del Arco Minero, tal como fue concebido en 2016.
De acuerdo a Emiliano Terán Mantovani, investigador en temas de extractivismo y miembro del OEP, la minería ilegal suele ser utilizada como avanzadilla para las grandes explotaciones mineras. Así los mineros ilegales se encargan de la exploración y prospección de los yacimientos, para ahorrar costes a las operadoras principales, que entran luego de la acción del Estado, que acaba con estos mineros y lotea los territorios bajo el pretexto de "regular" y "racionalizar" las operaciones. Siempre se utiliza la ecología, la defensa del ambiente, como careta para encubrir los intereses de las grandes mineras, que luego organizan la devastación para que se vea menos arbitraria.
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Estos operativos también pueden perseguir un fin más inmediato, conseguir bonos verdes y dinero del Green New Deal y los fondos del carbono. Parece una clara jugada de Greenwashing, como la promoción del Plan de Reforestación Nacional, en busca de fondos de la ONU, mientras alcaldías siguen tumbando árboles y la tala y deforestación a tasas 10 veces superiores a cualquier programa de reforestación. Entonces, se podría decir que toda la propaganda está orientada no solamente a justificar la regularización de la explotación minera, sino a buscar dinero de los fondos verdes y de carbono, que poco transparentes son con los destinatarios de los caudales.
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