A finales de la década del 80, las multinacionales del carbón conjuntamente con el Estado venezolano vienen anunciando que ahora el Zulia pasará a ser un estado biproductor; además de petróleo por las aguas del Lago de Maracaibo y el Golfo de Venezuela se comenzará a mediano plazo a exportar anualmente más de 36 millones de toneladas de carbón, se construirán dos plantas carboeléctricas y todo un complejo sistema binacional de infraestructuras multimodales minero portuario viales, todo ello capaz de estructural y dinamizar una típica economía de enclave minero exportadora.
El Gobierno parte del supuesto falso que de la renta obtenida por la venta de estos rubros se alcanzará el desarrollo y los estándares de vida obtenidos por los países del primer mundo. Entre más barriles de petróleo o toneladas métricas de carbón salgan del subsuelo, el Zulia será más rico, y de esta dinámica rentista así mismo se fortalecerán los diversos modos culturales de entender en Venezuela la zulianidad.
En distintas épocas de la historia del Zulia, fueron el pozo de petróleo Barroso, la Petroquímica y las minas de carbón Paso Diablo y Mina Norte el anuncio del fin de la exclusión social y de la llegada del esperado bienestar. Pero más recientemente se volvió afirmar, con el traslado de Carbozulia de PDVSA a Corpozulia, que el carbón ahora sí sería la palanca del desarrollo, muy en especial de los olvidados municipios de la Subregión Guajira, en donde uno de ellos, Páez, fue privilegiado al ser incluido en unas de las Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable (Zedes) decretadas por el actual Gobierno.
Con la mayor demagogia e irresponsabilidad histórica se viene profundizando desde el segundo Gobierno de Carlos Andrés Pérez toda una parafernalia logística internacional minero portuario vial en función de transformar el Zulia en una compleja plataforma mundial energética de salida al exterior de combustibles fósiles y de movimientos de mercancías dinamizadas por las multinacionales y los capitales exportadores criollos, colombianos y brasileños enmarcados en la estrategia de Washington a través de los Tratados de Libre Comercio, del Plan Puebla Panamá o la IIRSA.
Gracias al Presidente Álvaro Uribe, ahora el pueblo venezolano supo, que por la Guajira colombiana, el gas de la Plataforma Deltana saldrá a través de un enorme gasducto a general electricidad en el sureste de los Estados Unidos, así como en las industrias y hogares atendidos a través del tendido eléctrico que se desprende desde la frontera de Panamá hasta México, o que a través de un oleoducto se suministrará desde el Pacífico colombiano petróleo venezolano a China. Así mismo, la ubicación de la Vía Alterna al Puente sobre el Lago y Puerto América, conocidos en tiempo de Carlos Andrés Pérez como Paseo Litoral del Lago o Puerto Venezuela, servirán más que a los venezolanos, a las multinacionales asentadas en el país vecino, así como a los capitales exportadores colombianos para movilizar, desde los acuerdos obtenidos a través del Tratado de Libre Comercio, sus productos a Estados Unidos y a Europa.
Desde las propuestas empresariales y financieras impulsadas por medio de la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) y del Plan Puebla Panamá (PPP), el noreste colombiano y su Guajira quedará vinculado al sureste de Estados Unidos por medio de esta Vía Alterna al Puente sobre el Lago y Puerto América, de la misma manera el Norte de Santander queda conectado con Puerto América y en consecuencia con esta misma región estadounidense pero a través de vías multimodales fluviales, lacustre, ferroviaria o carreteras desde Cúcuta-La Fría-Encontrado-Machiques-Maracaibo-Puerto América o desde Cúcuta-La Fría-El Vigía-La Ceiba-Lago de Maracaibo-Puerto América, o por los dragados de los ríos Catatumbo y Zulia y sus puertos gabarreros del Sur del Lago, Encontrado y Santa Rosa, o por la construcción del puente binacional Unión en el río La Grita para sacar más carbón colombiano por el Lago de Maracaibo. O en todo caso como lo anuncia la Corporación Andina de Fomento (CAF) por la carretera Carrasquero-Playa Bonita-La Yolanda-San Juan del Cesar.
Todo lo anterior expresado es recogido en los planes nacionales del Gobierno venezolano a través del denominado Eje de Desarrollo Occidental, siguiendo las pautas regionales de desarrollo del Eje de Integración Andino de la IIRSA. Pero este Eje de Desarrollo también se vincula a Brasil a través del Eje de Desarrollo Orinoco-Apure, por el cual, podría salir el carbón que la industria brasilera necesita para seguir motivando su galopante expansión en América, Estados Unidos y Europa. Pero también podría salir por Puerto América, en ambos casos se afirmaría que el Gobierno nacional no sólo ha metido a Colombia en aguas interiores y en el Golfo de Venezuela, sino a Brasil, trastocando así todo el legado histórico del concepto de soberanía sobre el cual se ha levantado los valores patrios y la moral del Ejército venezolano, sólo que a hora, en época de globalización, una parte de este Ejército anda también haciendo negocios binacionales.
Brasil entra a Venezuela a través del Eje de Desarrollo Oriental siguiendo las pautas de Eje de Integración Venezuela-Brasil-Guyana-Surinam de la IIRSA y sale al Mar Caribe y al Océano Atlántico a través de un puerto de aguas profundas a construirse en el estado Sucre. Este Eje de Integración también se denomina Eje del Escudo Guayanés que abarca la región oriental de Venezuela, el arco norte de Brasil, y la totalidad de Guyana y Surinam. Este Eje de Desarrollo que corre paralelo al Occidental se interconecta con el Eje de Desarrollo Orinoco-Apure-Guasdualito dentro de la visión de la IIRSA para conformar así el fin de la enorme hidrovía que cruzará toda América del Sur denominada Eje de Integración Río de La Plata-Amazona-Orinoco; con esta superautopista fluvial se perdería el Amazona y se transformarían estos Gobiernos en los mayores depredadores de la humanidad.
Informa la CAF en agosto de este año que la importancia y las actividades económicas del Eje se concentran en “la extracción y procesamiento de madera, minerales, pesca y agricultura”, así como en gran potencial hidroeléctrico “que excede sus propias necesidades, dando grandes oportunidades a la integración energética”.
Brasil invierte capital o libera prestamos a Venezuela y esfuerzos técnicos y humanos principalmente en aquellas áreas que benefician su capital exportador criollo o trasnacional asentado en sus suelos. Invierten y acuerdan con Chávez en aquellas obras que les proporcionen energía barata a sus industrias y ciudadelas, así como salida vial hacia el Mar Caribe y el Océano Atlántico, por ello aplaude, otorga prestamos y aportes para construir los puentes necesario sobre el río Orinoco, los tendidos eléctricos o la línea de fibras ópticas que conecte a Caracas con el norte de Brasil; también se contempla sistemas de soporte de la navegación por el río Orinoco, mejoras al puerto de Guanta, la vía férrea que conecte al puerto de Guanta con Puerto Ordaz, el proyecto hidroeléctrico de Tocota, sobre el río Caroní, que conjuntamente con las plantas Gurí y Macagua generarán 17 mil 670 MW, parte de las cuales abastece ya el noroeste de brasileño o el carbón del Zulia contratado por la empresa Vale Do Rio Doce/Corpozulia.
En este marco comercial se debe recordar, que al igual que Guyana para el 2000, las exportaciones de Venezuela fueron en un 91% de productos primarios y el 9% de manufactura, no así el Brasil que exporta en manufactura el 60% y un 40% de productos primarios y Surinam el 78% de manufactura y 22 de productos primarios. Por ello la pregunta obligada ¿Por qué afectar nuestra soberanía si nada tenemos que vender en Brasil, salvo algunos derivados del petróleo?
El interés por el carbón no es algo nuevo a los empresarios exportadores brasileños. Durante el Gobierno de Carlos Andrés Pérez, ya un grupo brasileño de Ríos de Janeiro se disponían a financiar la línea ferroviaria Táchira-Lago de Maracaibo a cambio de carbón, que para aquel entonces el costo del proyecto ascendía a unos 12.000 millones de pesetas. Según Eduardo Santos, presidente para aquel entonces de Ferrocar (Instituto Autónomo de los Ferrocarriles del Estado), hoy el Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado (IAFE) “a largo plazo, la propiedad de la línea pasará a manos del Estado venezolano, una vez que éste haya devuelto a la sociedad brasileña el importe de las inversiones realizadas. Esta devolución no se efectuará, según los acuerdos firmados, conforme a una transacción financiera, sino más bien en términos de materias primas, porque un porcentaje del carbón transportado en cada viaje se destinará a la sociedad brasileña. La devolución financiera de esta inversión no puede considerarse, por lo tanto, como una deuda. Se calcula que el tiempo necesario para que se produzca la devolución será de diez años”. Cabe hacer la otra pregunta obligada ¿Si los acuerdos firmados entre Chávez y Lula en la Cumbre de Manaos el 15 de septiembre de este año y el contrato que se anunció firmar en la ciudad de Maracaibo el lunes 27 de septiembre entre la empresa Vale Do Rio Doce y Corpozulia superará las ventajas que se pautaron en tiempos de Pérez?
Así mismo, existe el compromiso del Gobierno revolucionario con Colombia, del 8 de agosto de 2003, en el marco del Primer Seminario de Prospección de Proyectos de Integración Física Suramericana, que se llevó a cabo en Río de Janeiro bajo el auspicio de la CAF y el estatal Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, de invertir cerca de 625 millones de dólares en el proyecto integral Santo Domingo para reactivar una mina de carbón en el estado Táchira y construir una planta carboeléctrica que podría exportar electricidad al Norte de Santander, Colombia, como parte del esquema de integración binacional.
Esta realidad depredadora y de malos negocios energético portuario viales hoy se pretenden imponer bajo una racionalidad explicativa que obliga a los pueblos a creer que toda esta parafernalia logística es normal y hasta natural. Que el desarrollo se alcanzará ahora flexibilizando los conceptos históricos de soberanía, de frontera y adaptando nuestras leyes a la ola minimizadora de cualquier tipo de jurisprudencia nacionalista y de normas proteccionistas necesarias en materia de impuestos y realidades aduánales.
También la IIRSA y el PPP contemplan los mismos preceptos que en materia del ALCA o de un TLC este Gobierno revolucionario rechaza, sólo que estos instrumentos lo hace desde escenarios distintos y de una prudente manera; en donde los interese de amplios sectores del pueblo se neutralizan al adecuar la normativa general de la Constitución a través de leyes y sus reglamentos, o decretos concretos que ayudan a interpretar de una manera neoliberal los hechos y acontecimientos sociales. Ahora bien, todos aquellos artículos de leyes o Constitución que no pueden interpretarse de manera mercantilista son sujetos a posteriores enmiendas. Una experiencia concreta se expresa hoy en Venezuela a través de las nuevas Leyes de Mina o de Hidrocarburos, en donde se les niega todo el poder a las comunidades y se les entrega a los capitales multinacionales mineros a través de concesiones, o la soberanía compartida con las corporaciones y el imperio en aras de poseer el petróleo o el gas necesarias para mantener su agresiva hegemonía mundial; realidad esta asumida cotidianamente por la alta gerencia de PDVSA y de Energía y Minas en las cacareadas expresiones gubernamentales de que pase lo que pase Venezuela seguirá siendo su suministrador confiable, burlando así la soberanía popular y el control social sobre los hidrocarburos a cambio del aumento del porcentaje de ayudas sociales, pero el grueso de las ganancias siguen estando al servicio de un modelo de desarrollo impulsado por capitales multinacionales y criollo exportador, llámese ahora venezolanos, colombianos o brasileños.
Tanto la Constitución de 1999 como en el proyecto de la propuesta del Gobierno de la Carta Social de las Américas a ser presentada ante la OEA anuncian que el pueblo (“Sujeto Colectivo”), por el avance de “las nuevas fronteras de los Derechos Sociales” es el “actor protagónico del ejercicio de la democracia” (Art. 48) y por lo tanto ser reconocido “como actores colectivos sujeto de derechos” (Art. 49) pero en ningún artículo se le reconoce que su voz o su palabra es importante hasta el punto de ser vinculante, se le reconoce el derecho colectivo a protestar ante “una amenaza” (Art. 55), pero nunca a tener el poder en su palabra para paralizar de manera definitiva en sus territorios proyectos o planes que “constituyan una amenaza a sus recursos de biodiversidad, sus recursos naturales tradicionales o a cualquier otro componente vital de su existencia colectiva”, lo cual es una contradicción con lo primero señalado. Si es el centro de la democracia y de las leyes su palabra debe ser entonces de carácter vinculante cuando se planifique o se pretenda implementar un proyecto en se territorio comunitario. Esta es la razón de fondo por la cual no prospera el rechazo a los proyectos minero portuario viales ejercido ante el Estado y el Gobierno revolucionario por parte de los pueblos indígenas en el caso del Zulia o Imataca.
Los problemas históricos congénitos del capital expresados en el pensamiento único, la exclusión, la tenencia de la tierra y la agresión ecológica los pretenden resolver esta revolución a través de discursos televisivos radiales, de misiones, jornadas y de un particular consenso de clase llamado “capitalismo social”, sin tocar de esta manera los cimientos civilizatorios donde se sustentan y expresan las teorías y las praxis tanto de la llamada izquierda como de la derecha. Desde esta línea de hacer gobierno sólo se llega a firmar en economía (el liberalismo económico productivo) lo que se niega en el discurso político radial televisivo, y esto no es otra cosa que congeniar con la lógica del capital y del imperialismo.
Democracia participativa es la búsqueda creadora de todos los días de conseguir la manera de estimular escenarios concretos aquí y ahora tendientes a que el pueblo tome el poder y el Gobierno, así como el asumir en toda su fase la planificación cultural y socioeconómica del país; de lo contrario no vale la pena hablar de revolución ya que no se haría otra cosa distinta que hacer de este término una palabra hueca y de retrazar la histórica toma del poder y el Gobierno por parte del pueblo. No se puede desarrollar en términos endógenos un país si no se asume la idea del desarrollo a partir de las necesidades y la participación protagónica real del pueblo y del respeto ambiental y ecológico de sus espacios físicos y culturales. Lo otro es obedecer a planificaciones que dan cuentas de otras necesidades exógenas impuestas a este país por la división internacional del trabajo.
“Dale poder al pueblo” y desarrollo endógeno no es que se planifique alrededor de un pozo de petróleo, de gas, de una mina o de un cuartel del Ejército algunos proyectos para mejorar la calidad de vida de esa población en medio de tanta miseria e ignorancia estructural generalizada, sino de invitarle a conversar de tu a tu para saber y entender si esto es lo que ellos entienden por endógeno y es lo que quieren en su quehacer cotidiano, o simplemente saber si lo que se planifica es lo que en verdad se debe hacer. Y todo esto tiene que ver con la manera como se prepara el Gobierno a través de Corpozulia/Carbozulia y los Ministerios de Planificación y Desarrollo y Energía y Minas para romper sin medir consecuencias el músculo cultural y social de más de 400 familias indígenas Wayúu asentadas en las cuencas de los ríos Socuy, Maché y Cachirí del municipio Mara del estado Zulia, que por cuenta propia, estas comunidades sin la ayuda del Gobierno, emprenden un verdadero desarrollo endógeno dador de organización comunitaria y societaria, de leche, queso, carne, maíz, ocumo, yuca, cacao, aguacate, ají, agua, oxígeno y equilibrio climático. Pero el Gobierno revolucionario comprometido ciegamente con los capitales multinacionales norteamericanos, alemanes, ingleses, surafricanos, irlandeses, australianos, holandeses/arubanos, italianos, y ahora brasileños, se dispone para finales del 2005 comenzar a desplazar a la fuerza a estas familias indígenas, así como campesinos y hacendados, para cumplir con intereses exógenos de extraer de las cuencas de estos ríos 22, 5 millones de toneladas métricas de carbón al año y toda la parafernalia de infraestructura necesaria denominada por el Ministerio de Planificación y Desarrollo Puerto América y el Eje de Desarrollo Occidental siguiendo los lineamientos de la IIRSA y el Plan Puebla Panamá.
En el programa “Aló Presidente” Nº 205, del domingo 26 de agosto de 2004 realizado desde el Zulia, todo el país supo que nada de los llamados Núcleo de Desarrollo Endógeno para el Zulia o Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable (Zedes) Guajira funciona, y esto no es sólo culpa del General Martínez Mendoza, presidente de Corpozulia o del profesor Orangel Paz, ahora empleado de Corpozulia y encargado de la Zedes-Guajira, sino del concepto de desarrollo que maneja los teóricos del Gobierno que han trasladado dichos núcleos a espacios de cuarteles o al lado de tuberías, pozos petroleros o de gas, o de centros vitícolas donde tradicionalmente se apertrechan de insumo las granjeros pudientes. La teoría y las buenas intenciones cívico/militar sustituyen los hechos o la realidad concreta del devenir cotidiano e histórico del pueblo, quizás a fuerza de millones de bolívares o de dólares, del esfuerzo de algún líder local, o de ensayo y error uno que otro Núcleo tendrá algún resultado, pero todo indica que este invento desde las cúpulas del Gobierno fracasará. La improvisación o las pugnas por el control del dinero no permiten ver que en el Caño San Miguel o en las cuencas de los ríos Guasare, Socuy, Maché y Cachirí hay experiencia de desarrollo propio y societario/comunitario que con la ayuda gubernamental se podría general el cúmulo de felicidad que tanto se habla.
De allí que el bolivarianismo más que la excusa para desarrollar una estrategia silenciosa antiimperialista y ante capital en la búsqueda de un planteamiento profundamente humanista que nos lleve a una nueva manera de entender la felicidad, la democracia y el desarrollo en Nuestra América, es más bien una forma de estructurar una nueva manera de conciliación de clase y de convivir con el imperio a puertas adentro.
Por esta razón, después del triunfo del “NO” el 15 de agosto la pregunta formulada fue ¿Y ahora qué?, ¡Ya Chávez ganó!, para dónde irá esta revolución según las tendencias que en ellas se mueven y las sustentan. Como respuesta, la primera posibilidad es aquello de “hacer la revolución dentro de la revolución” o simplemente de “profundizar la revolución”, la segunda no es más que una nueva traición al pueblo en lucha. Profundizar las tendencias que en el seno de la revolución se mueven en función de la conciliación de clase por aquello de “Qué todos cabemos”, “Pasar la página, perdonar y olvidar los que paso”, y alejar más aún al pueblo (“Sujeto Colectivo”) de PDVSA y de la toma forma del poder concreto, negar la participación del “Sujeto Colectivo” en todas las etapas de diseño, ejecución, y seguimiento de proyectos de desarrollo previsto en los ámbitos territoriales del “Sujeto Colectivo” soporte de la democracia y las leyes.
