El acto de sicariato terrorista que cobró la vida de Danilo Anderson, lejos de amedrentar al pueblo venezolano, lo ha fortalecido más aun en sus convicciones democráticas.

La más fuerte demanda popular en estos momentos es el cese a la impunidad. Ello implica la detención y el juicio de los responsables del derramamiento de sangre de personas inocentes que a través de la violencia pretenden impedir el avance de los cambios necesarios impulsados por las mayorías populares a través del voto y de otras formas de participación contenidas en la Constitución Nacional.

Ante el fracaso reiterado y contundente de sus sucesivos intentos golpistas y ofertas electorales, estos grupos capaces de contratar sicarios para perpetuar y afianzar sus privilegios (entre ellos la impunidad institucionalizada) pretenden imponerle al pueblo venezolano una nueva fase de su agenda: el terrorismo.

Para lograrlo, necesitan imponer antes una matriz de opinión: “Si no se hace lo que nos favorece, vendrá una escalada de violencia”. Una vez más, recurren a lo emocional, esta vez, al miedo.

Esa estrategia mediática busca chantajear al gobierno y al pueblo venezolano para favorecer la impunidad de quienes están implicados/as en actos delictivos, criminales y terroristas, entre otros:

· El atentado contra la democracia el 11 de Abril de 2002, consistente en el uso de francotiradores y policías para perpetrar la masacre de Puente Llaguno -hecho con el cual pretendieron engañar al país y al mundo para justificar el derrocamiento de un gobierno legítimamente constituido-, la perpetración del golpe militar y, la posterior firma del acta de proclamación del dictador Pedro Carmona Estanga.
· El asedio y asalto a la embajada de Cuba (2002), el atentado con explosivos contra el consulado de Colombia, la embajada de España, la residencia del embajador de Argelia y la sede de la Mesa de Negociación y Acuerdos entre el Gobierno Nacional y la llamada Coordinadora Democrática con la facilitación de la OEA (2003).
· El sabotaje petrolero (destrucción de equipos e instalaciones de Pdvsa; secuestro de buques y paralización de puertos petroleros; desastres ecológicos provocados por derrames petroleros intencionales; paralización de la producción y el suministro de sustancias para la industria y el consumo doméstico; pérdidas a Pdvsa por más de 10 mil millones de dólares, etc.).
· La masacre de la plaza Francia de Altamira y; demás actos violentos, que han cobrado la vida de decenas de personas inocentes durante los últimos años y han atentado contra el derecho del pueblo a vivir en paz.

La matriz de opinión sustentada en el miedo ha sido usada de manera reiterada durante los últimos años (desde las elecciones presidenciales de 1998, cuando se acusaba al entonces candidato presidencial Hugo Chávez de tener la intención de “freír las cabezas de los adecos” y de “quitarle sus bienes a los ricos para dárselos a los pobres”, entre otras especies. Las acciones ejecutadas por esos sectores reaccionarios han incluido la perpetración de muertes y su amplia difusión mediática, distorsionando los hechos para inculpar al Gobierno Nacional, buscaban con ello “calentar la calle”, como suelen decir, con el propósito de saturar a la ciudadanía de violencia hasta provocar reacciones emocionales del tipo “basta ya”, que justificaran salidas de fuerza.

Pero esta estrategia no les ha dado resultado. El pueblo que eligió abrumadoramente a la opción bolivariana en 1998 ahora tiene más claridad de propósitos y más experiencia política, ya conoce mejor el rostro del fascismo y del imperialismo y los ha derrotado muchas veces. El pueblo sabe quiénes son los violentos y no caerá en chantajes. Nuestro pueblo es democrático y no apoya la violencia.

Las instituciones responden

Ante el objetivo de dicha matriz de opinión de detener las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la República y la actuación del Poder Judicial para esclarecer los hechos y hacer justicia, las instituciones del Poder Público están dando las respuestas exigidas por el pueblo que clama justicia y cese de la impunidad.

Algunas de las actuaciones institucionales tras el asesinato del fiscal Danilo Anderson son:

Por el Poder Ciudadano:
· Anuncio por el Fiscal General de la República de la intención de ese organismo de introducir un recurso de revisión de la sentencia que exculpó a los golpistas el 11-A, dejándolos libres y sosteniendo que en Venezuela no hubo un golpe de Estado ese día sino un “vacío de poder”, que el Presidente Chávez no había sido secuestrado sino “custodiado” por sus captores para “protegerlo” y que los golpistas habían actuado “preñados de buenas intenciones”.
· Reasignación por el Ministerio Público de los casos que adelantaba el fiscal Danilo Anderson.

Por el Poder Ejecutivo:
· Localización del vehículo en el cual se trasladaron quienes pusieron las bombas en el vehículo que conducía Danilo Anderson y que le provocaron la muerte.
· Realización de 2 retratos hablados de presuntos sospechosos del acto terrorista.
· Detención de Iván Simonovis, ex secretario de seguridad ciudadana de la Alcaldía Mayor de Caracas (implicado en el golpe de Estado del 11-A) por la INTERPOL, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Guardia Nacional (GN) en el aeropuerto internacional de “La Chinita” (Maracaibo), en momentos en que intentaba eludir la justicia huyendo hacia Miami (Estados Unidos).
· Anuncio de decreto de coordinación y reestructuración policial y reorganización de la seguridad.
· Reunión para coordinar acciones antiterroristas, con participación del Vicepresidente, José Vicente Rangel; el Ministro del Interior y Justicia, Jesse Chacón; el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Iván Rincón; el Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez; el Inspector General de la Fuerza Armada Nacional, vicealmirante Ramón Orlando Maniglia y; el secretario del Consejo de Defensa de la Nación, Melvin López Hidalgo, donde se resolvió el plan excepcional antiterrorista y la activación del Consejo de Seguridad Ciudadana.
· Identificación de un sospechoso, quien lamentablemente murió en enfrentamiento armado con los cuerpos de seguridad del Estado.
· Participación en la Cumbre Iberoamericana en San José de Costa Rica que condenó el terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones.

Por el Poder Judicial:
· Orden de traslado de los 8 efectivos de la Policía Metropolitana (implicados en la masacre de Puente Llaguno) detenidos en la comandancia de dicho cuerpo a la sede de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), para protegerlos de atentados contra sus vidas para evitar el esclarecimiento de la autoría intelectual de dicha masacre.

La Revolución Bolivariana atraviesa actualmente una fase de profundización, mandato popular expresado libremente en las urnas electorales al refrendar la Constitución Nacional (1999) y, recientemente, al ratificar en referendo popular al Presidente Hugo Chávez y elegir por abrumadora mayoría a las candidaturas bolivarianas en las elecciones regionales y locales.

Esa profundización consiste en una aplicación más cabal de la Constitución Nacional y de los mandatos otorgados por el pueblo en cada uno de los eventos electorales de los últimos 7 años, que reafirman la decisión soberana de vivir en democracia y en paz con justicia.