En el discurso del oposicionismo venezolano e internacional, es notoria la intencionalidad de estigmatizar, deslegitimar y criminalizar al ciudadano Presidente Hugo Chávez, cuya figura es asociada intencionalmente con todos los males y con las peores amenazas.

En la nueva fase de la estrategia desestabilizadora-golpista-intervencionista, esa matriz de opinión toma un nuevo matiz: "Chávez es culpable de la violencia terrorista que golpea a los/as venezolanos/as", matriz que en una segunda fase pretenden extender a amenaza continental.

Tal afirmación obedece a diferentes razones:

1. La necesidad de presentar el Proceso Bolivariano como una idea, proyecto o capricho del ciudadano Presidente Hugo Chávez, desligándolo de la sociedad.

Pretenden ocultar que en realidad se trata de la continuidad de un proceso de afirmación y resistencia popular revolucionaria de raigambre ancestral, que ha retomado un nuevo impulso y se ha redimensionado por la voluntad mayoritaria de un pueblo que, ante el rotundo fracaso del neoliberalismo impuesto desde afuera, exige cambios profundos y participa activamente en la construcción de éstos.

Ejemplo de esa matriz de opinión son las redacciones de las grandes agencias de la prensa transnacional que suelen usar términos como “el teniente coronel Hugo Chávez y su revolución bolivariana” o, “el teniente coronel Hugo Chávez, quien dice liderar una revolución”.

2. La necesidad de presentar al ciudadano Presidente Hugo Chávez como un “autócrata” o un “populista radical”, término usado por el imperialismo estadounidense y enmarcado en la tesis de las “amenazas emergentes” para sus intereses, a la par del terrorismo.

Con esta matriz de opinión “Chávez es culpable de la violencia terrorista”, pretenden debilitar el liderazgo democrático del Presidente Chávez, comandante del Proceso Revolucionario por mandato popular incuestionable, ocultando su legitimidad y desconociendo el apoyo electoral y político sin precedentes expresado por las mayorías populares en sucesivas oportunidades, así como el hecho de que ha sido el Presidente Chávez quien ha promovido con mayor convicción y voluntad política la institucionalización de mecanismos que permitan ejercer la democracia directa por las bases populares, lo que indefectiblemente niega de manera radical cualquier asomo de autocracia.

La actual tarea de los medios privados de difusión masiva es esa: Tratar de imponer una matriz de opinión entre los sectores des-informados de la comunidad nacional e internacional, que acusa al Presidente como la causa de la violencia, culpando al Presidente Chávez de cualquier cosa (1), incluso de aquello que les señala a ellos mismos como autores intelectuales o materiales.

3. La tercera razón, y la más importante, es la necesidad de justificar acciones de fuerza (no democráticas) para paralizar el proceso de cambios iniciado en Venezuela.

La matriz de opinión “Chávez es culpable de la violencia” se completa con: “Si Chávez profundiza la revolución habrá más violencia”. Profundizar la Revolución, que significa hacer cumplir lo establecido en la Constitución cumpliendo la voluntad del Pueblo, implica entre otras cosas acabar con la impunidad y lograr justicia social, lo cual se traduce para algunos en pérdida de privilegios y en pérdida de control sobre recursos naturales estratégicos.

Es de resaltar que esta matriz de opinión deja en manos de la “voluntad política de Chávez” (desconociendo la voluntad del Pueblo) la presunta responsabilidad de una futura escalada de violencia.

Este chantaje terrorista se condensa en una ecuación perversa: La profundización de los cambios exigidos por la voluntad mayoritaria del pueblo a través de sus instituciones democráticas traerá violencia; en contraste, la paralización de esos cambios traerá la paz. Como puede apreciarse se trata de un chantaje, recurso propio de todo terrorismo, cuyo objetivo es el de influenciar las decisiones de los Poderes Públicos.

Continúan así subestimando la madurez de un Pueblo que sabe que los que generan la violencia ahora, la seguirán ejerciendo después, contra toda lucha social que plantee cambios o “huela a revolución” ... contra los pobres (imponiéndoles proyectos como el ALCA) ... contra todo lo que implica soñar un mundo mejor.

¿Quiénes son los que están generando la violencia?

La crisis de apoyo popular del oposicionismo nacional e internacional develada con los resultados del Referéndum, ha llevado a estos sectores a la ejecución de prácticas terroristas, las cuales tienen su antecedente más inmediato en la práctica del sicariato. En los últimos años el sicariato ha cobrado la vida de casi un centenar de líderes campesinos, miembros/as de organizaciones políticas y sociales bolivarianas, y ahora de funcionarios del Estado, como el es caso del Fiscal Danilo Anderson. Pudiesen haber muchas más víctimas, de no haberse develado a tiempo la presencia en la ciudad de Caracas de paramilitares colombianos contratados por opositores al gobierno. Si se revisa el saldo de los hechos de violencia política de los últimos años en Venezuela, sin duda se encontrará que la mayoría de las víctimas pertenecen a las filas que apoyan cambios revolucionarios.

Este uso de la violencia y del terrorismo confirma la absoluta falta de voluntad de estos sectores opositores de ofrecer opciones democráticas y buscarles viabilidad política respetando y reconociendo las diferencias, una de cuyas manifestaciones es la incapacidad de respetar la voluntad mayoritaria del pueblo, principal fundamento de la Democracia. Así, la impunidad se convierte entonces en un atentado permanente contra la Democracia.

Acorralados estos sectores nacionales e internacionales por los resultados de las investigaciones sobre el golpe de Estado de abril de 2002 que manejaba el Fiscal Danilo Anderson, tuvieron que actuar rápidamente, quitándose su careta y develando su rostro fascista ... El grito del pueblo que exige cese a la impunidad y profundización del proceso revolucionario los lleva ahora a usar la violencia como chantaje para paralizar la implementación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

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(1) Ejemplos hay muchos, entre otros, Chávez ha sido presentado por los medios en los últimos 7 años como el único culpable de:

La pobreza y el desempleo: Aunque son problemas estructurales que datan de más de 20 años, los medios, sistemáticamente -además de responsabilizar al Presidente de éstos-, han censurado que desde el inicio del Gobierno Bolivariano se ha elevado el índice de desarrollo humano venezolano, como lo reconocen instancias internacionales, recuperando y redimensionando los sistemas de educación, salud, seguridad, justicia y servicios públicos básicos de agua potable, electricidad, gas doméstico y otros. También han censurado que se ha detenido el deterioro del aparato productivo nacional, reemprendido el crecimiento económico y redimensionado la distribución del ingreso nacional para atender a la población más desasistida, proceso de recuperación económica y social abruptamente interrumpido por la desestabilización política y el sabotaje económico desde finales de 2001.

La crisis económica, aunque en realidad el Gobierno Nacional haya implementado medidas que permitieron superar una severa crisis bancaria heredada; racionalizado el pago de la deuda externa y reducido notoriamente su monto; reactivado el aparato productivo nacional e incrementado la exportación no petrolera; incrementado las reservas internacionales; reactivado la producción agropecuaria y petrolera y la inversión extranjera; diversificado las relaciones comerciales con el mundo; impulsado la economía social y solidaria con la multiplicación sin precedentes de cooperativas, microempresas, empresas familiares y comunitarias; incorporado las nuevas tecnologías para la producción y los servicios y; modernizado la infraestructura física del país, entre otros logros.

La exclusión política, la violencia política y la debilidad institucional, aunque en realidad la Constitución Nacional contemple mecanismos de participación política sin precedentes en Venezuela y en el mundo, y se hayan creado nuevas instituciones y leyes para regirlas basadas en los instrumentos jurídicos internacionales ratificados por la República, hechos que confirman la carácter pacífico y democrático del Proceso Bolivariano.