La reciente aprobación por la Asamblea Nacional de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte) es la culminación de un largo proceso de varias décadas de esfuerzos de la sociedad venezolana por hacer valer el derecho colectivo de contar con servicios audiovisuales de calidad y concientes de sus función social de servicio público basado en la Responsabilidad Social.
En la Venezuela actual, los medios emprenden acciones inconstitucionales e ilegales:
Estigmatización durante los últimos 2 años del fiscal Danilo Anderson, estrategia mediática concebida para legitimar su vil asesinato.
Protección y victimización de los terroristas y sus cómplices (presentando el accionar de las instituciones como supuestas “violaciones de los derechos humanos” de esas personas investigadas o imputadas por la comisión de delitos y crímenes).
Ocultamiento (autocensura) de informaciones de las verdaderas víctimas (quienes han sido heridas, asesinadas, o víctimas de intentos de asesinato y de amenazas de muerte por cumplir con sus deberes ciudadanos).
Invocación (una vez más) de la intervención internacional, con el argumento de “investigar” los hechos que ellos mismos han provocado o apoyado.
Nuevas campañas contra las instituciones democráticas para que detengan las investigaciones sobre terrorismo y demás actos delictivos y criminales.
Invención y difusión masiva de la tesis del “rebote” (inexistente en las teorías económicas) para desmentir la recuperación y tendencia al crecimiento económico de Venezuela, sin precedentes en la últimas décadas.
Inoculación de más miedos a sectores de “clase media”, basados en supuestas intenciones del Gobierno Bolivariano de “pulverizar” toda oposición.
Ocultamiento (auto-censura) de informaciones emitidas por autoridades españolas y mexicanas sobre la complicidad internacional con los golpistas venezolanos.
Ocultamiento (autocensura) de informaciones emitidas por la investigadora estadounidense Eva Gollinger sobre el financiamiento de grupos políticos del oposicionismo venezolano por entidades públicas y privadas estadounidenses (la Constitución venezolana prohíbe ese tipo de financiamiento).
Interpretación sesgada de la introducción por la Fiscalía General de la República de un recurso de revisión de la sentencia que exculpó a los golpistas el 14 de abril de 2002 de su responsabilidad en el golpe de Estado, presentándola como “un ataque al Estado de Derecho”.
Banalización de las amenazas de muerte recibidas por funcionarios públicos con fines intimidatorios.
Ante esa situación de irracional e injustificable violencia mediática, el Estado está obligado a defender la integridad física, psíquica y moral de la ciudadanía para evitar que se siga:
Incitando a agresiones físicas, asesinatos políticos y actos terroristas contra adversarios/as políticos/as, mediante campañas mediáticas de estigmatización y criminalización de éstos/as.
Haciendo propaganda de guerra.
Cometiendo actos de traición a la patria, entre ellos la planificación del golpismo y de la intervención extranjera en Venezuela.
Difamando e injuriando.
Tergiversando la información.
Haciendo apología del delito e instigando a delinquir.
Abandonando sus funciones de servicio público.
Abandonando sus funciones educativas, culturales e informativas.
Usurpando las funciones de los partidos políticos.
Inoculando fobias sociales, entre otras miedos y odios clasistas y racistas (discriminación por condición social).
Difundiendo indiscriminadamente sexo explícito y violencia.
Difundiendo antivalores y afianzando procesos de transculturización.
Ese escenario de violencia planificada y difundida por unos medios que se hacen cada día más beligerantes en su confrontación con las instituciones democráticas hace de la Ley Resorte una herramienta de defensa de la ciudadanía, que ahora sí podrá incidir en la calidad de los servicios audiovisuales prestados por los medios y exigir su Responsabilidad Social.
La Ley Resorte tiene pertinencia social porque:
Acata el mandato popular que exige el desarrollo y actualización jurídica del cuerpo de leyes en base a la CRBV.
Incorpora el paradigma de la Responsabilidad Social en los medios audiovisuales.
Restablece la libertad de expresión para todas y todos, ante el secuestro de ese derecho por los propietarios de los medios audiovisuales.
Restablece el derecho a la información veraz, oportuna, imparcial, equilibrada y plural.
Instituye la participación protagónica de la ciudadanía en el uso del Espectro Radioeléctrico, restableciendo su carácter de Bien Público.
Defiende los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en tanto población vulnerable amparada jurídicamente por el principio del “Interés Superior del Niño”.
Promueve la producción nacional y la producción nacional independiente como bases del desarrollo endógeno del sector audiovisual, integrándolo al proceso de desarrollo económico y social de la nación.
Rescata los valores humanistas y de la nacionalidad.
En definitiva, la Ley Resorte busca garantizar, promover, defender, difundir y hacer respetar en Venezuela los derechos comunicacionales de todas y todos.
