Análisis / 15-12-2004
Hace 5 años, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) es refrendada por el pueblo venezolano en Referendo Aprobatorio el 15 de Diciembre de 1999, después de haber ejercido su derecho a la participación protagónica en el Referendo Consultivo que convocó a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) unos meses antes, haber elegido a los y las constituyentistas, y de haber aportado diversas ideas y propuestas a la ANC.
De tal manera, el pueblo venezolano ejerció derechos humanos inherentes antes de que éstos fueran formalmente reconocidos, ampliados y profundizados en la nueva Carta Magna, lo hizo desde el terreno de la praxis social, fundamentada en la larga tradición de luchas populares y sociales permanentes desde hace más de 5 siglos.
Esos derechos humanos habían sido negados al pueblo por el viejo régimen puntofijista, que diseñó y aplicó un sistema político basado en los privilegios de unos pocos, fuente de la desigualdad y la exclusión económica, política y social de la inmensa mayoría de la población. Para lograrlo, decidieron traicionar al pueblo -que los respaldó el 23 de Enero de 1958 al participar activamente en el derrocamiento de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez-, poniendo el pragmatismo político al servicio de los intereses económicos de la alianza oligárquico-imperialista y, por tanto, en detrimento de los derechos humanos de las mayorías, y de la ética, los principios y los valores democráticos.
La Constitución Nacional de 1999, la única hecha con la participación protagónica del pueblo y refrendada por éste, restituye el espíritu bolivariano que signó a la República entre 1810 y 1830 y amplía la actualización jurídica en materia de derechos humanos, al incorporar los instrumentos jurídicos internacionales refrendados por la República y aportes propios del desarrollo jurídico venezolano, que son el producto de las luchas sociales y populares históricas.
En defensa de la Constitución
En numerosas oportunidades y a través de diferentes estrategias la alianza oligárquico-imperialista ha tratado de pisotear la Constitución Nacional por no ser un instrumento dócil a sus intereses y por estar en pleno desarrollo a través de la nueva legalidad. En cada una de esas oportunidades, el pueblo venezolano, amante de la democracia y de la libertad, ha salido a confrontar las amenazas y agresiones de dichos sectores poderosos, a través del voto y de acciones de calle. El pueblo afronta ahora el reto de seguir defendiendo la Constitución contribuyendo con el desarrollo de las leyes y con su justa aplicación y en general, con el desarrollo económico y social de Venezuela. Para ello, la participación libre, protagónica y corresponsable de la ciudadanía en todos los ámbitos de la vida pública es al unísono un derecho y un deber, tal como lo indica el artículo 132 de la CRBV que reza: "Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social.
Diversas formas de participación establecidas en la Constitución de 1999 y en las leyes para refundar la República, conllevan al fortalecimiento del Poder Popular:
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Las asociaciones con fines políticos (democráticas).
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Los comités de usuarios y usuarias, de salud, de tierras, de tierras urbanas y otros.
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El sindicato y la negociación colectiva.
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La comunidad educativa.
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La elección de cargos públicos.
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El referendo popular (consultivo, revocatorio -de cargos de elección popular-, aprobatorio y abrogatorio de la Constitución, las leyes y tratados internacionales).
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La formación, ejecución y control de la gestión pública.
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El Consejo Local de Planificación Pública.
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La iniciativa legislativa, constitucional y constituyente.
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El cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas.
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Las instancias de atención ciudadana.
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La autogestión, la cogestión, las cooperativas, las cajas de ahorros, mutuales, empresas comunitarias y demás asociaciones de carácter social y participativo en lo económico y social.
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Los servicios civil o militar y los servicios a la comunidad.
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Las manifestaciones pacíficas y la huelga.
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Las formas de organización social, política y económica propias de los pueblos indígenas.
Hoy, cuando en todo el mundo la dignidad humana es pisoteada por poderes económicos, mediáticos, multilaterales, etc., el pueblo venezolano celebra su decisión de darse una Constitución que le permita, a través de la participación libre, protagónica, corresponsable y organizada en los asuntos públicos, continuar sus luchas por la ampliación y extensión de los derechos humanos y por el ejercicio integral de los mismos, avanzando a paso firme en el proceso de democratización, inclusión económica, política y social, re-conocimiento y restitución progresiva de sus derechos humanos.
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