Los gobiernos venezolanos han dictado en diversas oportunidades medidas sancionatorias a televisoras y radiodifusoras por violar disposiciones legales, de las tantas que han estado dispersas en leyes y reglamentos, y hasta en ordenanzas. En la mayoría de los casos se trató de disposiciones que afectaban a alguna estación en particular, con apenas reacciones contrarias.
Por eso alarmó que el 8 de noviembre de 1989 el Ministerio de Comunicaciones dictara una resolución suspendiendo a Venevisión, Rctv y Televen por 24 horas cada una, suspensión que debía cumplirse escalonadamente. Que se sepa, Fedecámaras fue el único organismo que protestó.
¿Y qué dijo la Conferencia Episcopal? Como escribí aquí mismo un domingo, la Iglesia ha sido la más consecuente institución en sus críticas a los contenidos de la TV. En abril de ese mismo año había declarado:
“Estamos en presencia de una verdadera escalada de irresponsabilidad por parte de ciertos medios; tenemos la impresión de que nuestros anteriores llamados y las solicitudes de los perceptores han encontrado hasta ahora como única respuesta una acentuación de los males denunciados:
violencia, erotismo, materialismo consumista, irrespeto a la mujer al convertirle en simple carnada publicitaria, abuso comercial de los niños, introducción a la perversidad y el satanismo bajo diversas formas”.
De una institución como la Iglesia Católica y de su conferencia Episcopal, tan consecuente en esa línea de conducta, ¿qué podía esperarse? Nada distinto a lo que hicieron.
Ese mismo día la CEV emitió un documento donde decía:
“Ante la suspensión, de acuerdo a las normas legales, de los canales privados de la televisión por parte del Ejecutivo Nacional queremos expresar nuestra satisfacción porque el Gobierno Nacional se preocupa por tomar medidas que garanticen la salud moral, mental y física de los venezolanos”.
Etc, etc, etc. El asunto no terminó allí. El ministro Edgar Elías Osuna debió renunciar, como lo recordó Enrique Rondón en su página Retro del 14-N, y fue reemplazado por Augusto Farías Viso.
Se topó con un enorme poder, no precisamente el de la Iglesia, que como lo admitió en abril del 89 no lo tuvo suficiente para hacer escuchar sus críticas y exhortaciones, sino con lo que se llama el poder mediático que durante décadas impidió que el Ejecutivo aprobara un reglamento o el Congreso una ley que pudiera establecer algún tipo de control sobre la tele.
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2.- Autorreglamentación Algunos diarios noticiaron que en España hubo un acuerdo mediante el cual los dueños de la TV convinieron con el gobierno en respetar ciertos horarios de acceso a niños y adolescentes, e introducir cambios en sus respectivas programaciones.
Por esa vía, el gobierno de Zapatero combatía lo que allá llaman telebasura.
Aquí hubo quienes criticaron que se impusiera la Ley de Responsabilidad Social de la Radio y la Televisión, en lugar de seguir el modelo negociador español.
Ocurre que en mayo de 1995 hubo un intento de acuerdo.
Gobernaba el doctor Caldera, se propició una reunión con ese propósito, y las televisoras comerciales crearon una asociación cuyo presidente jugaría el rol de un defensor del televidente.
Nombraron a Carlos Delgado Chapellín, y cuando llamó a los canales 2 y 4 a pasar en horario de adultos sendas películas de homosexuales, que programaron en hora estelar el día de medición de rating, la respuesta fue negativa.
Delgado renunció, y dijo a El Universal que era la última oportunidad de la televisión de autorregularse.
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3.- Primer antecedente La resistencia del poder televisivo a cualquier intento de legislar o de reglamentar viene de atrás. Varias veces se discutió en el Congreso esa importante y peliaguda materia, y cada vez que se asomaba esa posibilidad, las presiones acabaron con engavetarlas.
En 1968 era el Dr. Ramón J. Velásquez, ministro de Transporte y Comunicaciones del primer gabinete de Caldera, y sin consultarlo, resolvió enviar al Dr. José Antonio Cárdenas, de la Consultoría Jurídica a México, y al Dr. Mendoza, del mismo despacho, a Brasil. Ambos debían recopilar proyectos o leyes sobre esa materia, y cuando regresaron comenzaron a elaborar los primeros papeles de trabajo. Fue posible avanzar mientras no trascendió.
Cuando se filtró, empezaron las presiones, y finalmente, los papeles quedaron en otra gaveta. Ese, hace 36 años, debió ser el primer intento.
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4.- En México también El Senado mexicano estudia un proyecto de Ley Federal de Radio y Televisión, aunque las agencias no informan de los avances de la discusión. Allí se contempla la producción independiente, obliga a transmitir 50% del tiempo de contenidos nacionales, amplía a una hora el tiempo para programas oficiales, establece el derecho a réplica por informaciones inexactas o agraviantes (como en nuestra Constitución), y en fin de aprobarse “significaráun avance para el reconocimiento de los derechos básicos de ciudadanos y concesionarios, la convivencia respetuosa entre todos ellos y el avance a la diversidad de los medios electrónicos”. Así se lee en un documento de apoyo que suscribieron varios personalidades encabezadas por Carlos Fuentes, Cuauhtémoc Cárdenas, Vicente Rojo y Paco Ignacio Taibo I.
Periodista
Director de Últimas Noticias
