El reciente asalto de Venezuela por parte del Departamento de Estado y de organizaciones de política exterior es sintomático de un problema más amplio. Y este no es un problema de Venezuela, sino uno nuestro.

La semana pasada Venezuela decidió, después de la votación por parte de la Asamblea General y la aprobación del Ejecutivo, incorporar a 12 nuevos jueces a la Corte Suprema de Justicia. La organización Human Rights Watch denunció la medida como un “severo atentado en contra de la independencia judicial”.

Lo cual es una gran exageración. Imagínese, si usted puede, que un grupo de oficias de alto rango de los Estados Unidos derrocan a nuestro presidente, disuelven el Congreso y a la Suprema Corte y derogan la Constitución. Ahora, imagínese que la democracia es reestablecida, pero la Suprema Corte dictamina que los oficiales que secuestraron al presidente y derrocaron el gobierno no pueden ser juzgados por ningún cargo. Esto es lo que sucedió en Venezuela.


Toma legal de la Corte

Nuestro Congreso podría de hecho apelar a sus poderes constitucionales para poner en cuestión a esa Suprema Corte. No debe sorprender pues que la Asamblea General de Venezuela, en la que el gobierno tiene una escasa mayoría, hiciera lo mismo, incrementando nuevos jueces a la corte.

Yo estoy de acuerdo con tener un poder judicial independiente. Pero Venezuela –al igual que gran parte de Latinoamérica— nunca ha tenido tal cosa. Y pretender ahora todo lo contrario implicaría exagerar.

Tales tergiversaciones han creado una impresión espectacularmente errónea sobre Venezuela entre los estadounidenses. La mayoría de los estadounidenses piensa que este país es una cuasi-dictadura “regida” por el “autócrata” Hugo Chávez. Pero la verdad es que Chávez tiene un poder considerablemente menor que el que tiene nuestro presidente.

Las libertades de expresión, de prensa y de reunión pública, siguen en vigencia. De hecho, una comparación entre uno y otro sistema desfavorece a EEUU en donde algunos periodistas están siendo actualmente puestos bajo prisión por resistirse a revelar sus fuentes, y las estaciones de radio están siendo multadas por infringir ciertos patrones de decencia. Los medios de comunicación venezolanos son posiblemente los más virulentos (y con frecuencia, deshonestos) medios antigubernamentales del mundo. La Mayoría de los medios son parte explicita de la oposición, y apoyaron el golpe de Estado del 2002.



No hay censura

En seis años que tiene Chávez en la presidencia, la prensa no ha sido censurada. Incluso, a pesar de la oposición en torno a las recientes medidas de aprobación de la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión, las que dan pie para una crítica válida, es improbable que ninguna medida de censura sea aplicada bajo la presente administración.

Ninguna organización prestigiosa de derechos humanos podría reclamar que Venezuela, bajo el gobierno de Chávez, es menos democrática que bajo los gobiernos previos. Ni podría compararla desfavorablemente con el resto de Latinoamérica en términos de inobservancia de derechos humanos o de libertades civiles. Al contrario, varios programas de salud, educación, alfabetización, entrega de títulos de tierras y de crédito, han sido adelantados por vez primera como resultado de los programas sociales impulsados por el gobierno.

Lamentablemente, la principal amenaza a la democracia de Venezuela procede de Washington, el cual ha financiado y se ha aliado con los líderes antidemocráticos de la oposición, lo cual incluye líderes del fallido golpe de Estado. Este financiamiento y apoyo ha sido ya reconocido por el Departamento de Estado de EEUU:

El Fondo de Promoción de la Democracia (National Endowment for Democracy), el cual fue fundado por el Congreso, ha inyectado también millones de dólares a los grupos de la oposición. Y desclasificó recientemente documentos de la CIA que revelan que la administración Bush tuvo conocimiento detallado del golpe de Estado con cierta antelación, pero no informó sobre lo que pasaría. La Casa Blanca trató de convencer a la prensa y a otros países sobre que lo ocurrido en Venezuela no fue un golpe sino un asalto legítimo del poder por fuerzas “pro-democráticas”.


Intento de cambio de régimen

Después de fracasar en el plan de derrocamiento por la vía militar y por el catastrófico paro petrolero, la oposición convocó a la población para un referéndum revocatorio en agosto de 2004. Y lo perdieron abiertamente. Aunque los resultados fueron certificados por el Centro Carter y por la Organización de Estados Americanos, la mayoría de los líderes de la oposición —todavía en control de la mayoría de los medios en Venezuela—se han negado a aceptar los resultados. Y Washington parece intentar un cambio de régimen, actualmente por medio de la imposición de varias sanciones económicas sobre Venezuela, aun a pesar de que es una democracia y de que no representa amenaza para nadie.

Esperen, por tanto, escuchar una gran cantidad de críticas en torno a Venezuela en los próximos años –muchas de ellas exageradas, deshonestas y falsas.