El 3 de noviembre, Maduro, el Presidente de Venezuela, propuso una reunión con los acreedores, para el 13 de noviembre en Caracas, para tratar la reestructuración de la deuda pública venezolana. Como respuesta, el 8 de noviembre, el gobierno de Trump advertió a los poseedores de bonos de Estados Unidos que si asistían a esta reunión podrían estar violando las sanciones económicas de Estados Unidos contra Venezuela. La pena por tal violación puede ser de 30 años en prisión, con multas de hasta 10 millones de dólares para las empresas.

Así, el gobierno añadió el jueves diez funcionarios venezolanos más a la lista de personas bajo sanciones de Estados Unidos. Entre estos nuevos sancionados, se encuentran funcionarios electorales y el jefe del principal programa de distribución de alimentos del gobierno.

Es indispensable comprender no sólo el contexto sino también los efectos deseados (y probables) de las acciones del gobierno de Trump. Con el apoyo de Marco Rubio, Senador de Florida, y otros republicanos, Trump ha intentado derrocar al gobierno electo de Venezuela. Después de un periodo de cuatro meses de violentas protestas callejeras, durante el cuál no se ha podido lograr este objetivo y se ha alienado a gran parte de la población venezolana, la mayoría de la oposición venezolana optó por participar en las elecciones a gobernador del 15 de octubre.

Datanálisis, el encuestador pro-oposición principal y de más confianza, pronosticó una victoria abrumadora de la oposición, con 18 gobernadores. No obstante, el resultado fue lo contrario: PSUV (Socialista), el partido gobernante, ganó 18 de las 23 carreras.

Aunque parece que hay totales de votos falsos que decidieron el resultado de una carrera incierta a gobernador en el estado de Bolívar –y es necesario llevar a cabo una investigación sobre esto–, los otros resultados no están siendo cuestionados y han sido aceptados por la mayor parte de la oposición. Hay varias explicaciones para este asombroso resultado, pero las más creíbles e importantes señalan, por un lado, la abstención de los votantes de la oposición y por otro, una participación mayor de la esperada de los votantes progubernamentales. La mejora en la distribución de alimentos probablemente ayudó al gobierno.

Algo que parece haber perjudicado a la oposición fue su apoyo a las sanciones de Trump. Según Datanálisis, los venezolanos estaban en contra de tales sanciones por un margen del 61,4% al 28,5%. Entre los votantes no alineados, más del 70% estaba en contra. Además, el 69% quería que las conversaciones entre la oposición y el gobierno volvieran a iniciarse. Así, la estrategia de cambio de régimen falló.

Pero el gobierno de Trump optó por redoblar sus esfuerzos, tanto a favor del cambio de régimen como de las sanciones. Parece que la estrategia es impedir una recuperación económica y acentúa la falta de suministros (que incluye medicinas esenciales y alimentos) para que los venezolanos vuelvan a las calles y derroquen al gobierno.

Las sanciones de Trump prohíben explícitamente nuevos préstamos. El propósito es asegurar que Venezuela no pueda hacer lo que la mayoría de los gobiernos hacen con la mayor parte de su deuda: refinanciar el capital pidiendo un préstamo nuevamente para pagar el capital cuando un bono expire. Por ejemplo, la semana pasada el gobierno tuvo que arreglárselas para pagar 12.000 millones del capital de bonos de PDVSA, para evitar el incumplimiento de pagos. (Aunque Venezuela en este momento no puede pedir préstamos en los mercados internacionales, es posible que pueda hacerlo en el futuro cercano).

La reestructuración de la deuda también es mucho más difícil o imposible debido a las sanciones. En una reestructuración de deuda, los pagos de intereses y capital se posponen y los acreedores reciben nuevos bonos –algo explícitamente prohibido bajo las sanciones–. Ahora el gobierno de Trump también está amenazando las negociaciones para una reestructuración, diciendo que los principales negociadores, el vicepresidente Tareck El Aissami, y el Ministro de Economía, Simon Zerpa, han sido sancionados, respectivamente, por presunto tráfico de drogas y corrupción. El gobierno de Trump no ha presentado ninguna evidencia que apoye estas acusaciones.

Por otro lado, según la declaración del Tesoro de Estados Unidos del 9 de noviembre, es lícito ir tras los funcionarios electorales debido a "numerosas irregularidades que sugieren robustamente que el fraude ayudó inesperadamente al partido gobernante a ganar la mayoría de los puestos para gobernador". Esto es falso. Se asemeja a las elecciones presidenciales venezolanas de 2013, cuando Estados Unidos fue el último país que reconoció el resultado. En este sentido, un análisis estadístico sobre la auditoría del día de las elecciones demostró que las probabilidades de obtener el resultado oficial, si el resultado verdadero era una victoria de la oposición, eran menos de uno en 25.000 billones.

El cambio de régimen trata de esto: deslegitimación –si los resultados de las elecciones no concuerdan, se han de declarar fraudulentos– y estrangulamiento económico.

Es evidente que el gobierno venezolano necesita hacer reformas económicas si espera alcanzar la recuperación económica –sobre todo, la unificación de la tasa de cambio y otras medidas para reducir una tasa de inflación que está superando el 1.000% anual. Sin embargo, el precio del petróleo ha aumentado un 33% desde junio y, a pesar de la disminución de la producción del petróleo, las exportaciones de Venezuela han aumentado un 28% con respecto al valor del año pasado (según las estimaciones de Torino Capital, teniendo en cuenta los primeros ocho meses).

Trump y sus aliados en la UE, los gobiernos de derecha en Argentina y Brasil, y el fanático Secretario General de la OEA, quieren asegurarse de que jamás llegue la recuperación económica. A pesar de toda su cháchara sobre los derechos humanos y la democracia, no promueven una estrategia pacífica, porque están tomando medidas para que los venezolanos sufran y así se provoque el derrocamiento del gobierno. Esto no es "promoción de la democracia". Es un cambio de régimen, sin tener en cuenta los daños colaterales –como Trump dejó claro, con su tacto habitual, cuando amenazó a Venezuela con acción militar.

Mark Weisbrot es codirector del Centro de Investigación en Economía y Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington, DC y presidente de la organización Just Foreign Policy. También es autor del libro "Fracaso. Lo que los 'expertos' no entendieron de la economía global" (Akal, Madrid, 2016).