Mientras que los estadounidenses han protestado y se han rebelado legítimamente en contra de la declaración de emergencia nacional del presidente Trump para construir su preciado muro, lo que privaría al Congreso de ejercer su autoridad constitucional sobre el gasto; el presidente ha usado días atrás otra falsa declaración de emergencia nacional que ha pasado ampliamente desapercibida.
Cada orden ejecutiva anunciada por Trump en la que se imponen sanciones económicas a Venezuela incluye una frase que declara que Venezuela está causando una "emergencia nacional" a Estados Unidos y que representa "una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional" de EEUU.
El hecho de que estas absurdas afirmaciones hayan pasado desapercibidas en los principales medios de comunicación muestra cuán débil es el Estado de derecho en EEUU en lo referido a la política exterior, tal y como han señalado expertos legales. Esto es especialmente cierto para aquellas medidas de agresión perpetradas por nuestro gobierno y que tienen como consecuencia la muerte de personas en otros países.
Y no hay que equivocarse al respecto: las sanciones de EEUU a Venezuela están matando personas y han estado matando personas ya por algún tiempo, como ha señalado el economista de la oposición Francisco Rodríguez, experto en economía venezolana.
No existen estimaciones de la cantidad de muertos ocasionados por las sanciones, pero dada la experiencia en países con situaciones similares, es probable que haya miles o decenas de miles hasta el momento. Y empeorará rápidamente si las recientes sanciones persisten.
¿Cómo es que las sanciones matan gente? En general, lo hacen dañando la economía. Esto incluye pérdidas de empleo e ingresos de quienes ya enfrentan una situación desesperada; pero sobre todo, incluye la disminución del acceso a bienes esenciales para salvar vidas, como medicamentos, suministros médicos y atención médica.
Por ejemplo, en la década de 1990 en Irak, la cantidad de niños que murieron a causa de las sanciones se contaron por los cientos de miles.
Pero el pueblo venezolano ha sido incluso más vulnerable a las sanciones económicas de EEUU que el iraquí. Venezuela depende de las exportaciones de petróleo para casi todos los dólares que la economía necesita para importar artículos de primera necesidad, como medicamentos y alimentos. Esto significa que todo lo que reduce la producción de petróleo está afectando principalmente al común de la población, pues reduce los dólares que el sector privado y el gobierno emplean para importar bienes que cubran las necesidades básicas de las personas, así como para el transporte, piezas de repuesto y la mayoría de los artículos que la economía requiere para funcionar.
Las sanciones de Trump de agosto de 2017 impusieron un embargo financiero que ha cortado casi todo el acceso de Venezuela a la obtención de préstamos. Esto tuvo un enorme impacto en la producción de petróleo, que ya había estado disminuyendo. La tasa de declive se aceleró rápidamente; durante el año posterior a las sanciones, caería en 700,000 barriles por día, aproximadamente tres veces más rápido que en los 20 meses anteriores. Esta aceleración en la pérdida de producción de petróleo posterior a las sanciones equivale a la pérdida de más de $6 mil millones. A modo de comparación, cuando la economía venezolana estaba creciendo, Venezuela gastaba alrededor de $2 mil millones por año solo en medicamentos. Se ha estimado que el total de las importaciones de bienes para 2018 fue de $11.7 mil millones.
Cuando se impusieron estas sanciones, Venezuela ya sufría una profunda recesión y tenía problemas en la balanza de pagos, los que requerían una reestructuración de la deuda. Para reestructurar la deuda, el gobierno tiene que ser capaz de emitir nuevos bonos, pero las sanciones de EEUU hicieron esto imposible.
Las sanciones de Trump –tanto las sanciones de agosto de 2017 como el nuevo embargo de petróleo– hacen que también sea casi imposible para el Gobierno tomar medidas que pongan fin a la hiperinflación, la que actualmente se estima en 1.6 millones por ciento anual. Para estabilizar la hiperinflación se debe restaurar la fe en la moneda nacional. Esto podría hacerse a través de la creación de un nuevo sistema de tasa de cambio y otras medidas que requerirían el acceso al sistema financiero internacional basado en el dólar. Sin embargo, las sanciones lo impiden.
Las sanciones impuestas por el Gobierno de Obama en marzo de 2015 (para las que igualmente se declaró una "emergencia nacional") tuvieron también un impacto muy grave. Esto es bastante conocido dentro de las instituciones financieras, pero por lo general no se informa en los principales medios de comunicación, los que abordan estas sanciones tal y como las anuncia el Gobierno de Estado Unidos, como "sanciones impuestas a individuos". Pero cuando los individuos son funcionarios gubernamentales de alto rango, por ejemplo, el ministro de Economía y Finanzas, las sanciones causan enormes problemas, ya que estos funcionarios son aislados de las transacciones necesarias en la mayor parte del sistema financiero mundial.
Las instituciones financieras se alejaron cada vez más de Venezuela después de marzo de 2015, ya que vieron los riesgos de otorgar préstamos a un Gobierno que EEUU estaba cada vez más decidido a derribar y, a medida que la economía empeoraba, parecía más probable que tuviera éxito. El sector privado venezolano se vio privado del acceso vital al crédito, lo que contribuyó a la caída sin precedentes –en realidad– del 80 por ciento de las importaciones en los últimos seis años, lo que ha devastado esta economía dependiente de las importaciones.
Tomado de: Página12.com.ar
