07-04-25.-Durante la presidencia de Joe Biden, Juan González se desempeñó como director senior para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés), cargo que ocupó desde enero de 2021 hasta marzo de 2024. En ese período, fue una figura clave en la reformulación de la política de Washington hacia Caracas, que pasó del enfoque de “máxima presión” promovido por la administración Trump a una estrategia basada en el compromiso diplomático.

González fue uno de los funcionarios estadounidenses que participó directamente en contactos con el gobierno de Nicolás Maduro. Estos incluyeron visitas a Caracas con el objetivo de lograr la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos, así como encuentros confidenciales en Doha, Qatar. En conversación con Guacamaya, abordó las negociaciones bilaterales, el levantamiento de sanciones, el caso de Chevron, los errores cometidos y los factores que condujeron al estancamiento del proceso.

P: Durante el mandato de Biden, usted participó en los contactos con el gobierno de Maduro. ¿Cuál fue su función específica respecto a Venezuela?

R: Contrario a lo que muchos suponen, no ejercí el control exclusivo de la política venezolana desde la Casa Blanca. En mi calidad de Asistente Especial del Presidente y director para el Hemisferio Occidental en el NSC, mi responsabilidad consistía en asesorar a altos funcionarios como el Presidente, la Vicepresidenta y el Asesor de Seguridad Nacional, además de coordinar la ejecución de las decisiones presidenciales. Presidí el Comité Interagencial de Coordinación de Políticas para el Hemisferio Occidental, que congrega a representantes de todas las agencias involucradas.

En el caso venezolano, constituimos un grupo de trabajo reducido de alto nivel con delegados del Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y otras entidades clave para formular una estrategia negociadora. Ese plan pasó por los canales interagenciales habituales y fue revisado por subsecretarios, secretarios y, finalmente, aprobado por el Presidente. Además, mantuvimos una comunicación constante con el Congreso, particularmente con el senador Bob Menéndez, quien presidía el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en ese momento. Le informábamos antes y después de cada ronda de negociaciones para mantener la transparencia y recibir su retroalimentación.

“Lo que encontramos en 2021 fue un régimen de Maduro más consolidado, que ya se había adaptado a las sanciones de Estados Unidos, en un entorno diplomático regional donde el liderazgo estadounidense estaba profundamente debilitado.”

P: El expresidente Donald Trump ha afirmado que dejó a Venezuela “contra las cuerdas” y que Maduro estaba a punto de abandonar el poder. ¿Eso fue lo que usted encontró al asumir funciones?

R: En absoluto. Al iniciar nuestra gestión, lo que observamos fue un gobierno de Maduro fortalecido, que había aprendido a sortear las sanciones impuestas por EE. UU., en un contexto en el que la influencia diplomática de Washington en la región era mínima. El Grupo de Lima, que surgió en 2017 con la expectativa de una estrategia estadounidense coherente, ya había comenzado a distanciarse al percibir que las decisiones en política exterior se regían más por intereses electorales del sur de Florida que por un plan serio de transición democrática.

La política de “máxima presión” no produjo el desenlace esperado. Si bien las sanciones afectaron inicialmente al régimen en 2019, este logró adaptarse rápidamente. Por ejemplo, observamos cómo embarcaciones iraníes sancionadas transportaban crudo venezolano, lo descargaban en Malasia y lo revendían a China con descuentos de hasta 40 dólares por barril respecto al precio Brent. Las sanciones se enfrentan a un fenómeno de “rendimientos decrecientes”: cada nueva medida es menos eficaz que la anterior. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ya tenía problemas para identificar acciones que tuvieran un efecto real.

Expertos en sanciones coinciden en que estas medidas raramente derrocan gobiernos, aunque pueden modificar su comportamiento. La administración Trump se limitó a presionar económicamente sin establecer un canal de diálogo o mediación. Esa táctica fracasó de forma estrepitosa.

P: Las conversaciones con el gobierno venezolano se iniciaron formalmente en 2022, justo después de la invasión rusa a Ucrania. ¿Tuvo algo que ver el petróleo en esa decisión?

R: Se refiere a la visita que realicé a Caracas en marzo de 2022 junto al Enviado Especial para Asuntos de los Rehenes, Roger Carstens, y el embajador Jimmy Story. Esa misión no tenía como objetivo el petróleo, sino lograr la liberación de ciudadanos estadounidenses injustamente encarcelados. Roger pensaba que mi participación, en representación de la Casa Blanca, podría aumentar las probabilidades de éxito. Dado que sería la primera visita oficial de un alto funcionario de la Casa Blanca desde 1998, presentamos el caso directamente al Presidente Biden. Le advertimos del posible costo político si se filtraba la visita. Él respondió preguntando únicamente si eso ayudaría a liberar a los estadounidenses. Así que fuimos.

Más adelante, algunos críticos insinuaron que habíamos canjeado alivio de sanciones por rehenes, pero eso es absolutamente falso. En el encuentro con Maduro, le pedí la liberación de los estadounidenses como un gesto de buena voluntad tras nuestra visita. Advertí que si no actuaba en 48 horas, se cerraría el canal directo con la Casa Blanca. También manifestamos disposición a abrir un diálogo más amplio sobre la relación bilateral, con énfasis en la restauración de la democracia. Dos días después, fueron liberados Gustavo Cárdenas y Jorge Alberto Fernández.

La primera ronda formal de negociaciones se llevó a cabo en mayo de 2023. En ese momento, el foco no era el petróleo, ya que la producción venezolana no tenía la magnitud necesaria para influir en los mercados internacionales. El tema principal eran las condiciones para unas elecciones creíbles.

P: ¿Cuáles fueron los asuntos iniciales tratados entre ambos gobiernos? ¿Se habló de rehenes, petróleo, deuda o transición democrática?

R: No entraré en detalles específicos, pero sí puedo afirmar que nunca negociamos el futuro democrático de Venezuela. Esa responsabilidad siempre fue de la Plataforma Unitaria. Nuestra tarea consistía en generar condiciones internacionales favorables para una transición liderada por los propios venezolanos.

Tuvimos consultas estrechas con la Plataforma Unitaria para conocer su evaluación sobre avances o retrocesos de cara a las presidenciales de 2024. Estas apreciaciones guiaron nuestras decisiones. Cuando dialogábamos con el gobierno de Maduro, el énfasis estaba en establecer una secuencia de acciones claras: garantías electorales, reformas jurídicas, cronogramas. El levantamiento de sanciones se diseñó con base en esos hitos.

Cabe resaltar que no negociamos sanciones con la oposición. Eso lo hicimos para protegerlos, y también porque la autoridad sobre las sanciones reside exclusivamente en el gobierno estadounidense. Aun así, hubo momentos de desacuerdo con ellos respecto al ritmo o contenido de ciertas decisiones.

Sobre la eliminación de sanciones a Erik Malpica, es necesario precisar que la iniciativa surgió desde la propia oposición y fue transmitida al embajador Jimmy Story. Luego la discutí personalmente con Leopoldo López y Carlos Vecchio, quienes expresaron su apoyo. Por eso me sorprendieron sus posteriores críticas públicas. La secuencia de los hechos es clara.

“Venezuela seguía exportando petróleo—principalmente a China—pero lo hacía fuera del sistema formal y con grandes descuentos. El régimen de Maduro se había adaptado, y el mercado negro estaba prosperando.“

P: ¿Qué fue exactamente la licencia concedida a Chevron? ¿Cuál era su objetivo? ¿Por qué se otorgó?

R: No puedo revelar detalles concretos de licencias individuales por motivos de confidencialidad. Sin embargo, puedo explicar el razonamiento general.

Como mencioné antes, las sanciones habían llegado a un punto de efectividad decreciente. Venezuela seguía vendiendo petróleo—sobre todo a China—pero al margen del sistema formal, y con grandes rebajas. Esto alimentaba un mercado negro en auge.

La licencia otorgada a Chevron tuvo un carácter estratégico. Permitió que parte del petróleo venezolano se comercializara bajo jurisdicción estadounidense, a través de una empresa sujeta a regulaciones de cumplimiento y vigilancia de EE. UU. Lo esencial era que los ingresos generados no fueran al gobierno de Maduro, sino al pago de la deuda pendiente con Chevron. A su vez, esto facilitó el ingreso de divisas al sistema económico formal y contribuyó a revitalizar al sector privado local—un actor que considerábamos esencial para presionar por más concesiones.

Contrario a versiones de algunos medios, como Bloomberg, no hubo acuerdos secretos. Chevron ya tenía autorización para pagar regalías e impuestos bajo la Licencia General 35, que es pública. La Licencia General 41 simplemente ratificaba que esos pagos estaban contemplados en la LG35. Fue una medida política deliberada, orientada a fomentar actividad económica legal sin relajar la presión por reformas democráticas.

P: ¿Qué efectos prevé ahora que se ha revocado la licencia de Chevron? ¿Aumentará la presión sobre Maduro o tendrá el efecto contrario? ¿Puede incidir en la migración hacia EE. UU.?

R: El principal beneficiario de esta decisión será China. Gracias a que Chevron ayudó a estabilizar e incluso aumentar la producción de crudo, ahora Pekín podrá adquirir más petróleo con descuento, sin regulaciones, y sin controles de transparencia como los que impone EE. UU.

Respecto a Maduro, esta revocación reduce la capacidad negociadora de Washington. Las sanciones, sin respaldo diplomático, no inducen a negociar—sino que abren vacíos. Y esos espacios ya los están ocupando actores con intereses contrarios a los de Estados Unidos.

La migración probablemente continuará, incluso hacia EE. UU., a pesar de los intentos de esta administración por contenerla mediante medidas más restrictivas.

Debemos ser sinceros sobre el papel de las sanciones en esta crisis. Las medidas adoptadas en 2019, especialmente las que afectaron el sector petrolero, aceleraron la migración. Venezuela ya enfrentaba una crisis humanitaria derivada de corrupción y autoritarismo, pero las sanciones agravaron la situación al dificultar la importación de alimentos, medicinas y el sostenimiento de servicios básicos.

La cronología es elocuente. Los mayores flujos migratorios comenzaron tras 2017, y se intensificaron luego de las sanciones petroleras de 2019. Hoy, más de siete millones de venezolanos han abandonado el país. No es una coincidencia: es el resultado del colapso de un Estado autoritario combinado con aislamiento económico y falta de salidas políticas viables.

Para ser claros: las sanciones pueden ser útiles, pero no constituyen una estrategia por sí mismas. No derrocan regímenes. La lógica de la administración Trump parecía asumir que un mayor sufrimiento social induciría un levantamiento popular. Pero eso no ocurrió. La gente simplemente huyó.

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