Imagínese usted un país donde puedan ocurrir hechos como estos: el Ministro de Defensa reconoce públicamente que contactó con personas del país vecino que le ofrecen la detención y traslado hasta la frontera de un subversivo que su gobierno está buscando; reconoce igualmente que sus servicios de inteligencia evaluaron la propuesta, consideraron que eran confiables informes e informantes, acordaron entregar una alta recompensa (estimada en dos millones 300 mil dólares, pero sólo entregaron millón y medio) y autorizaron la operación, la cual se ejecutaría en el país vecino, con participación de efectivos militares y policiales de ambos países.
Es fácil observar que se ponían en juego las relaciones entre ambos países, que entre tensión y distensión pasaban por buen momento. Todo sucedió desde inicios de diciembre 2004, cuando el Ministro recibió la propuesta, y el 14, en cuya madrugada les entregaron la codiciada presa.
¿Usted cree que una operación de esa naturaleza, con una recompensa de tal magnitud para sobornar militares del país vecino, con el riesgo que implicaba para las relaciones diplomáticas, podía desarrollarse sin que el Presidente de la República estuviese enterado y le hubiese dado el visto bueno? Me imagino la respuesta, porque no se necesita ser experto internacionalista, sino tener un normalmentedesarrollado sentido común para suponer que ni en una nación poderosa, ni en el más pobre de los países, esa operación puede cumplirse sin que el jefe de Estado la autorizara. Y si lo hicieran a sus espaldas, es lógico suponer que caerían cabezas, la del ministro en primer lugar.
Pues bien, eso fue lo que sucedió con el caso Rodrigo Granda. Al ministro Jorge Uribe le escuché por radio admitiéndolo casi todo. Por supuesto, no reveló lo que después escribió el periodista Horacio Benítez en el semanario Temas:
inmediatamente enviaron a Maracay, en cuyas vecindades vivía Granda, a una comisión comandada por el mayor Carlos Cruz Curtidor, pero se movieron con torpeza pues los cuatro (Tte. Gil Arce y Subttes. Roa Martín y Sibaja Rodríguez y el mayor) fueron detenidos por la DIM. Se dice que en combinación con un coronel y alguien más del Ejército, que también habrían sido sobornados, explicaron que venían detrás del narcotraficante Wilmer Valera (a) Jabon, aunque Cruz Cortidor habría montado el secuestro. Antes de Navidad, aprovechando la visita del ministro Uribe a su par García Carneiro, lograron que les pusieran en libertad.
Se comprende hoy la indignación en altos niveles del gobierno venezolano con el ministro Uribe, que visitó para mejorar las relacionesmilitares y engañó a todos.
Como el presidente Uribe no podía ignorar la operación secuestro, se supone que la autorizó consciente de que violaba la soberanía de Venezuela, sobornaba a militares venezolanos y ponía en juego las casi siempre tensas relaciones. ¿Acaso fue desinformado u objeto de presiones? Después de un período de tensiones, haber llevado esas relaciones a los niveles de normalidad en que estaban, con significativo crecimiento del intercambio comercial, sobre todo desde la entrevista Chávez-Uribe en Puerto Ordaz, significó concesiones de ambas partes, tino en su manejo, moderar el lenguaje y cuidar hasta los silencios. ¿Echarlo todo por la borda por capturar a Granda? ¿Qué otros intereses pudieron moverse para lograr el máximo deterioro en las relaciones bilaterales desde el incidente del Caldas, en agosto de 1984?
La respuesta de su gobierno a la solicitud de excusas y rectificación que hizo Chávez, partiendo del supuesto diplomático que Uribe desconocía el operativo, revela una línea de halcones y hace mucho más tensa la situación. Uribe cerró la puerta que le abrió Miraflores.
Resta confiar en que los factores que en ambos países estaban inconformes con las buenas relaciones, y los que desde el exterior están interesados en estimular conflictos entre Venezuela y Colombia, no sean quienes dominen el manejo de tan difícil situación.
