La denuncia que realizamos con motivo de los infundios que en el Programa La Hojilla se dijeron contra Carlos Genatios ha generado un debate no sólo en Aporrea, sino también en otras listas de debate bolivarianas, y se han expuesto opiniones diversas y encontradas que reflejan la complejidad de la polémica.

Nuestro enérgico reclamo contra La Hojilla es necesario entenderlo por el calibre de las acusaciones proferidas contra Carlos Genatios, aunque el señor Silva pretende decir ahora que él no dijo nada. Hay que tener claro que en un ambiente de radicalización política, acusar a un individuo de ser un vulgar pesetero, que plagia proyectos y luego los presenta al gobierno tratando de embolsillarse sin esfuerzo varios millardos de bolívares, que además presenta proyectos que marginan a los sectores populares, y por si fuera poco, aprovecha los momentos de crisis para atacar al gobierno, en un papel similar al de Miquilena (es decir, de traidor y vendido al enemigo), que fueron las acusaciones que el señor Silva profirió ante cientos de miles de televidentes el pasado viernes 11 de febrero en contra del profesor Carlos Genatios, es lógico pensar que hasta la integridad física de Genatios se puede ver amenazada por el ataque de ciudadanos azuzados por la arenga irracional de Mario Silva.

No es lo mismo hablar zoquetadas ante un grupo de amigos, que decirlas ante millones de televidentes. Y ese “pequeño detalle” parece que no lo tuvieran muy
claro quienes dirigen La Hojilla. En México a fines de los años sesenta una arenga irracional del cura de un pueblo provocó el linchamiento de unos jóvenes
excursionistas cuyo único delito fue el pertenecer a una universidad, y como en esa época las universidad eran dominadas por las fuerzas comunistas, pues el
sacerdote orate creyó que todo estudiante era comunista, y por tanto había que combatirlo. Su arenga por medio de una radio local llevó a que todo un
pueblo atacara con palos y machetes a los jóvenes excursionistas que habían llegado allí con el objetivo de escalar un cerro cercano.

Por otra parte, cada día se hace más evidente que las críticas de Genatios son más que fundamentadas. Aunque no tengo los datos completos de la cantidad de lluvia caída, se sabe con certeza que en 1999 fueron más de dos semanas de lluvia continua lo que preparó el terreno para el gran deslave del 15-16 de diciembre. Ahora no hubo, afortunadamente, tantos días de lluvia, aunque la lluvia caída en Caracas en un solo día fue la mayor cantidad desde 1951. Con bastante menos lluvia de la caida en 1999, medida en días continuos, se presentó una situación en Vargas que se puede calificar sin discusión de “desastre”. Es decir, se
presentó un nuevo desastre en Vargas, sin que haya ocurrido el nivel de lluvias que originaron el primer desastre de 1999, aunque se supone que en los últimos
cinco años se ha trabajado precisamente para evitar no sólo los daños que pudieran causar lluvias como las de ahora, sino que los trabajos propuestos en Vargas se suponía que debían evitar que un nuevo deslave como el del 99 causara daños significativos.

Bueno, aunque afortunadamente las pérdidas en vidas humanas fueron casi inexistentes, sin embargo quedaron aisladas más de 20.000 personas que tuvieron que ser evacuadas por mar y aire, repitiendo en menor dimensión la evacuación vivida en el 99. Importantes sectores quedaron incomunicados, buena parte de las
carreteras reconstruidas quedaron nuevamente desechas, se cayeron varios puentes, e incluso se presentaron crecidas en quebradas que en el 99 no habían generado mayores problemas.

Es lógico que una opinión más autorizada debe provenir luego que expertos evalúen lo ocurrido al concluir las inspecciones en el sitio mismo de los acontecimientos. Pero el mismo presidente Chávez, al proponer un nuevo plan de reordenamiento de Vargas (en el Programa Aló Presidente del domingo 13 de febrero), está reconociendo el fracaso de los esfuerzos que se suponía realizaba Corpovargas. Y en esta situación lo más correcto es que los mismos sectores revolucionarios exijamos una explicación sobre la gestión de Corpovargas, y no dejar en manos de la oposición la denuncia de algo que está de anteojito.

En un artículo que Genatios publicó en Ultimas Noticias (y reproducido en Aporrea), aparece lo siguiente: “Un informe de Corpovargas de 2003 titulado: Documento de justificación de modificaciones efectuadas por Corpovargas a los proyectos de Control de Torrentes dice: “Las canalizaciones propuestas implican aproximadamente 70% de la inversión estimada en cada una de las cuencas a proteger, cuyo funcionamiento será por un período de no más de 60 días al año, lo cual no se justifica considerando la relación beneficiocosto”.” Tal como lo afirma Genatios de seguidas, ese argumento es absurdo. Con ese criterio nunca se construiría un edificio resistente a los sismos, porque un terremoto puede que no ocurra en un siglo, y si ocurre sólo duraría unos segundos, contraviniendo la sabia máxima de Corpovargas de considerar la relación costo-beneficio.

Los trabajos adelantados por Corpovargas están destinados a evitar que un nuevo deslave mate a 50.000 venezolanos, como ocurrió en 1999. Cuánto había que gastar en eso no importaba (se supone que los recursos los había, fueron aprobados). Aunque el deslave no se presente nuevamente en 200 años, también podría ocurrir que se presente el año próximo, pues la recurrencia de esos fenómenos no obedece a leyes estrictas. Y los desastres generados con las recientes lluvias demuestran que lo realizado hasta ahora en el manejo de las cuencas que caen de la Cordillera de la Costa está lejos de ser suficiente, pues ni siquiera se pudieron controlar los daños a pesar de que los días y el nivel total de lluvia caída fue bastante menor a la mitad de la que cayó en 1999.

Y cuál es el mejor momento para denunciar esos errores cometidos por Corpovargas. Pues precisamente que ahora es el momento. No obstante, al gobierno le consta plenamente que las opiniones de Genatios y de
otros calificados profesionales fueron presentadas a Corpovargas y demás entes gubernamentales desde hace más de un año, sin que nada se hiciera al respecto.

Por ejemplo, recientemente yo renuncié voluntariamente a mi cargo de Coordinador de Zona del Ministerio del Trabajo en Zulia-Falcón. Presenté una carta a la Ministra, la cual nunca fue respondida, y luego de un mes la hice publica a través de Aporrea. Si más adelante se presentan acontecimientos dentro del Ministerio del Trabajo que den la razón a las críticas y situaciones que allí denuncié, es lógico que aparezca públicamente a recordar que esas irregularidades ya habían sido advertidas con antelación, y que habían sido ignoradas por los funcionarios responsables del ministerio. Pues eso es lo que ha hecho Genatios. Y no se merece desde ningún punto de vista que hayan sido lanzadas sobre él la sarta de falsas acusaciones inventadas por el señor Silva.

Alerto contra los intentos por criminalizar las denuncias y las protestas sociales, pues es algo sumamente peligroso y puede conducir a la deformación total de la acción de gobierno. Repito que esto de criminalizar la protesta no es nada nuevo. En 1996, una serie de diputados de AD y COPEI acusaron públicamente a varios profesores de La Universidad del Zulia, a funcionarios del IAN y a varios abogados revolucionarios de ser colaboradores de la guerrilla colombiana por el simple hecho de actuar en solidaridad con las comunidades indígenas que se oponían a los planes de explotación de petróleo y de carbón en la Sierra de Perijá. La Guardia Nacional y los cuerpos policiales de la época mantenían una labor de constante amedrentamiento contra todo aquel que se vinculara a la justa lucha de los pueblos indígenas de la sierra. Pues resulta que el mismo argumento ha sido desenterrado por un representante del gobierno bolivariano, el general Carlos Martínez Mendoza, presidente de Corpozulia, el cual acusó en el Congreso Bolivariano de los Pueblos al profesor Lusbi Portillo de trabajar a sueldo de la CIA y las multinacionales, por el hecho de que este profesor forma parte de los movimientos sociales que se oponen al plan de expansión carbonífera en el Zulia. Simultáneamente, el funcionario del Ministerio de Energía y Minas, José Rojas, acusó públicamente al profesor Portillo de ser un “terrorista”, que es lo mismo que decir que colabora con la guerrilla colombiana.

Cómo se puede trabajar para la CIA y para las FARC al mismo tiempo es algo obviamente inexplicable, así como en 1996 no se podía demostrar el supuesto interés que la guerrilla colombiana, en alianza con empresas petroleras colombianas (vaya alianza contra natura), estaba interesada en que no se explotara carbón en Río de Oro. Son simplemente argumentos falaces a los que
se recurre para echar lodo sobre determinados personajes públicos, y descalificar así la justeza de su lucha, como se ha hecho ahora al denigrar del profesor Genatios.

Y hay todavía más. Con motivo del reciente secuestro de Rodrigo Granda, fui citado por el CICPC mediante una boleta enviada por internet, apareciendo como
responsables de dicha citación los funcionarios COMISARIO FAVIO RAMON FAORO, SUB-COMISARIO RAMÓN MENDEZ Y SUB-COMISARIO JUAN PEÑALOSA. La misma
citación le llegó a la profesora Margarita López Maya, de la UCV. Cuando llamé al CICPC para averiguar el origen de la citación, me comunicaron que se debía a
mi participación en el Encuentro de Intelectuales que se celebró en Caracas a comienzos de diciembre pasado, y deseaban saber si yo había visto a Granda, en qué mesa había participado, y otras cosas por el estilo. Lo extraño, y en el fondo bastante, pero bastante extraño, es que dicha citación no le llegó a ninguna
otra persona de las participantes en la Mesa de Memoria Histórica en la cual yo participé, y en la cual también participó la profesora López Maya. Lo único común que pudiera explicar que ambos fuimos citados por el CICPC, es que ambos aparecimos públicamente exigiendo al gobierno una explicación sobre el secuestro de Granda (la profesora López Maya firmó la misma carta que firmaron Noam Chosky y James Petras, entre otros, en la cual le solicitaban a Chávez una explicación por el secuestro de Granda; y yo publiqué un escrito personal en Aporrea solicitando lo mismo).

Pero no fueron citados los organizadores de la mesa en donde participé, como era lógico. Particularmente no tengo ni vínculos ni simpatías con las FARC, pero
me parece inaudito lo del secuestro de Granda, y también me parece inaudito que el CICPC investigue a los que exigimos al gobierno una explicación por ese
secuestro, en vez de investigar a los involucrados en dicho secuestro. Esta actitud del CICPC es también una forma de criminalizar y amedrentar a las actitudes de
denuncia y de protesta social. Es más. Me quedó la impresión que la CIA, el MOSAD o cualquier otro organismo de inteligencia extranjero continúan actuando dentro de nuestras policías con la misma libertad que lo hacían en tiempos de la cuarta república.

Aunque no concluyo que la conducta asumida por La Hojilla sea de común acuerdo con los otros hechos aquí denunciados, si creo que el fanatismo y extremismo de algunos los lleva a descalificar a quienes realizan justas críticas contra los vicios y deficiencias de este proceso revolucionario. La criminalización de la protesta social ha alcanzado su máxima expresión con la llamada “guerra contra el terrorismo”, pues el imperialismo y sus aliados terminan por calificar como terrorista a todo aquel que se oponga a sus designios imperiales. El que promueve una huelga es terrorista, el que pide aumento de salarios es terrorista, el que solicita tierras es terrorista. El que protesta por sus derechos es terrorista. En su versión “burocrática” y “revisionista”, los fracasados regímenes socialistas también criminalizaron la protesta social, pero en vez de terroristas los calificaron como “contrarrevolucionarios”. El poeta y revolucionario salvadoreño Roque Dalton fue fusilado por fanáticos extremistas que luego de haber sido líderes guerrilleros hoy han constituido un manso partido socialdemócrata.

Alerto contra la criminalización de la protesta social, porque el reiterado fracaso de numerosos planes de gobierno están generando un descontento social, totalmente legítimo, que no puede ser calificado como “contrarrevolucionario”, ni
“miquilenista”, como pretenden algunos. Por el contrario, esta denuncia y protesta social es la principal garantía de que este proceso continúe por el camino de la revolución permanente.

Finalmente, ratifico mi compromiso con la revolución, tal como lo vengo haciendo desde hace unos 30 años. La militancia y el compromiso con la lucha social transformadora sólo es posible si no se alcahuetean los vicios y los errores, aunque sean cometidos por amigos y camaradas. Si no actuamos así, esta revolución se perdería como se han perdido tantos intentos de transformación en el mundo. Hasta la victoria, siempre.