Cuando se supone se ha cometido un crimen contra una o varias personas, la investigación objetiva de los hechos es fundamental para hacer justicia, es decir para dar con el o los culpables ciertos de los delitos cometidos, pero también para proteger a los inocentes: Víctimas y familiares, a la sociedad entera y, en muchos casos, a personas que por distintas razones pudieran haber sido acusadas, a pesar de no haber participado en la comisión de los hechos delictivos en cuestión. Uno de los problemas mayores de todo régimen de administración de justicia es evitar la condena de personas inocentes, quienes pueden sufrir distintas penas, en algunos países hasta la pena capital, para conocerse luego, después de haberse producido el daño, que el supuesto culpable era inocente. Las modernas pruebas de ADN han logrado demostrar, que muchos ajusticiados con la pena capital eran realmente inocentes.
Nuestro país no está a salvo de este grave problema. Son muchos los inocentes que, a pesar de no existir elementos probatorios convincentes, permanecen privados de libertad por años, antes de que el tribunal penal declare su inocencia. ¿Quién les retribuye a estas personas el tiempo de su vida pasado detrás de las rejas? ¿Quién les compensa a sus familiares: hijos, esposas, padres, hermanos, el dolor experimentado, las angustias producidas, el desasosiego y la total destrucción de su vida cotidiana ocasionados por esta injusta situación? En estas situaciones se añade el peligro real de que la víctima pueda incluso ser lesionada o asesinada, dada la inseguridad que generalmente reina en casi todas las cárceles del mundo. En otros casos, la situación es incluso peor cuando la persona acusada es condenada y privada de libertad, a pesar de tratarse de una persona inocente.
