“La ignorancia aliada con el poder, es el más feroz enemigo que puede tener la justicia”

                                                                                                                                    James Baldwein… 
 

Debatir sobre las responsabilidades de los terribles hechos ocurridos en los penales del Rodeo 1y 2, excede las interpretaciones de esta crónica. Hubo homicidios, las responsabilidades deben ser investigadas, y juzgadas con todas las garantías constitucionales. Vuelve este cronista a hacer unas reflexiones, sobre estos desmanes en el contexto doloroso, y  ahora repetido en forma de virus en otros penales del país.

Está cuestión, preocupa, y aterra a la ciudadanía, ya que la enorme torpeza de las fuerzas de seguridad (encargadas de sofocar el motín de ipsofacto) haciendo uso ponderado del “monopolio de la violencia legal”. En el momento que las circunstancias lo indicaran, cuestión que si aplican en las protestas de reivindicaciones sociales, en contra de indefensos ciudadanos.

La apelación a las fuerzas de seguridad en ese penal, recurrentemente, se debió a violaciones de reglas penitenciarias, brutalidades, avasallamiento de derechos humanos, heridos y muertos, aplicados en el nuevo argot policial por unos llamados “PRANES y sus secuaces”. Se reitera, se utiliza el uso de armas de fuego contra manifestantes indefensos como se hizo en la IV República, por una “elite de izquierda hoy en el poder en la V República”. Eventualmente contra ciudadanos en acciones que “parecen ser” de reivindicaciones sociales. Hay que tratar de desentrañar si hubo impericia en este caso del Rodeo 1 y 2 que descalifican, al actual ministro del interior, y a los jefes militares. Son dos hipótesis graves, y todo parece conducir a la peor. En cualquiera de los casos, se perdieron vidas de guardias, reclusos, mediante el comportamiento irresponsable de un “ministro del orden publico y la seguridad ciudadana”.

Este caso fue aprovechado con cinismo proselitista, por el lombrosiano Humberto Prado, quien solicitaba franquicia de apoyo a densos sectores de la opinión pública, y a los vecinos residentes de esos penales que rechazaban esos motines, manifestándolo en varias ocasiones.

Si se lee bien el discurso de este ex-presidiario Prado, este asumía la falta de profesionalidad de los uniformados para desenvolverse en una crisis penitenciaria.

Se puede obtener más claridad sobre este caso, tal vez, si se amplía la visión del panorama político penitenciario, y se repasan delitos reales o presuntos cometidos por los encargados de la seguridad de esos penales, que provocaron enorme resonancia mediática. Los asesinatos del oficial y los efectivos de la GNB, comprobaron la ineficacia de los fiscales del ministerio público cuando las víctimas son gentes de estratos sociales medios y bajos. Ahí la autoridad fracasó miserablemente una y otra vez. Las torpezas se repiten, en proporción directa al imán con las declaraciones de la recién nombrada ministra para el sector penitenciario Iris Valera que tienen los casos anteriores incomento, y a la relativa eminencia social de los ciudadanos honestos y trabajadores. Se transmuta un problema extendido, menos visibilizado cuando víctimas, autoridades, y  reclusos ocupan distintos peldaños en la escala de la seguridad social y ciudadana.

La absurda y patética búsqueda de la entrega, no evitó la fuga del PRAN líder de esta banda de criminales con sus secuaces, fue un ejemplo extremo aunque no discordante con ese cuadro general de negligencia. La policía, los fiscales, el propio gobierno nacional bolivariano estaban más que interesados en resolver ese enigma carcelario. Pero no fueron idóneos para hallar la falla del carro que se había descontrolado exactamente en el sitio, donde se sabía que transitaba. La exigencia ciudadana era operar con rigor, y apego a la ley.

Con tamaños precedentes, hay que ampliar la mira, y poner en cuestión no sólo a los militares. También debe escudriñarse la responsabilidad política y moral de los que dieron las órdenes, conociendo sus endémicas limitaciones. Debían saber a quiénes  delegaron esas tareas. En política todos son responsables por las consecuencias de sus actos, y también de aquellos a quienes se le delegan responsabilidades.

Una masacre en la que actuaron centenares de guardias y reclusos, ocurrida en esos penales, encastra con todo lo reseñado. Un desalojo de presos a la fuerza, es una situación extrema. Cualquier autoridad debe saberlo, minimizando los riesgos, y no coqueteando con ellos. Ya que no estaban tratando con ningunas carmelitas descalzas.

Todos los hechos de sangre son repudiables, e irreparables. Hay guardias y reclusos entre las víctimas fatales, heridos graves. Ubicar a los respectivos autores materiales es imperioso, aunque no sanara las heridas dejadas, ni pondrá fin a los daños irrevocables.

En estos hechos que, se insiste, deben ser estudiados con todas las de la ley. La fiscalía debe tener las peores sospechas sobre quiénes dieron las órdenes, y quiénes cargan con el sagrado deber de proteger a los ciudadanos.

Todo ocurrió en un penal del Estado Miranda, emblema de explotación del crimen organizado, tanto como de la violencia criminal, y la apatía en la seguridad. Estremece contarlo.                        

Hugo Chávez a la militancia ayer 28/07/2011, día de su cumpleaños: “Critiquen al gobierno; pero apoyen a su gobierno”. ¡Ahí le dejo esa pelusa mi presidente!