- Según informaciones de prensa, 1,4 toneladas de cocaína fueron incautadas en una pista clandestina en el Cabo San Román, en un operativo conjunto de varios organismos y fuerzas de seguridad del Estado venezolano. Sin embargo, inicialmente se dijo que había sido en el aeropuerto “Josefa Camejo”, lo que de ser cierto revestiría mayor gravedad. En el tráfico del alijo se encuentran involucrados 5 miembros de la policía de Falcón y 3 civiles, todos ya detenidos. Sin embargo, el jefe de Poli-Falcón, Jesús López Marcano, denunció como “una cochinada” esta imputación. Dijo, además, que el CICPC debe ser sacado del caso, pues estaría involucrado en el delito. La avioneta salió de La Carlota, lo que indica que altos funcionarios tienen que estar comprometidos, ya que en ese aeropuerto sólo se movilizan aeronaves oficiales. Este caso puede complicarse más si la gobernación del estado está involucrada.
- El desorden carcelario es de tal magnitud que la ministro Iris Varela debe estar tropezando con dificultades enormes, para conocer la magnitud del problema concreto que tiene por delante. No hay forma que se sepa el número exacto de detenidos en cada una de las cárceles, ni siquiera en las distintas dependencias de estas instituciones. Al desorden, que permite cualquier cosa, se agregan seguramente los intereses de las mafias, que han hecho de las cárceles un negocio de millonarias ganancias en el que están involucrados altos burócratas civiles y militares. Estas pandillas seguramente sabotean en todas las formas imaginables la labor iniciada y pueden, incluso, abortarla. Un censo es más que necesario, pero producir medidas que alivien desde ya la crítica situación es imprescindible.
- Algo que no debe hacer el gobierno, ante las dificultades para financiar ciertos programas, es utilizar las mismas excusas del pasado, en circunstancias similares. “Los seguros universitarios de HCM ya no son sostenibles”, oí decir a un funcionario del ministerio del ramo, y seguidamente recordé una expresión idéntica de boca de un director o ministro del gobierno de Lusinchi. En aquel entonces, ante la millonaria deuda con el Instituto de Previsión del Profesorado ucevista, por el congelamiento presupuestario iniciado en 1982 por Luis Herrera, la caja de ahorros, el seguro HCM y el centro educativo de los docentes, corrían peligro de desaparecer, mientras sus sueldos se habían reducido al extremo. Las autoridades universitarias, como las de ahora, aceptaban cómplicemente la “dura realidad”.
- Los profesores en cambio, sin distingos políticos, asumieron la lucha como respuesta, unificaron a trabajadores y estudiantes y doblegaron al Gobierno y a las autoridades universitarias. El IPP-UCV, el Centro Educativo y la Caja de Ahorros, han seguido funcionando por 25 años más. No es posible que hoy se impongan visiones adecas lusinchistas.
- lft3003@yahoo.com
