(I)

En estos últimos tiempos, la sociedad venezolana ha sido saturada por críticas y replicas de opositores y defensores del gobierno nacional, a raíz de la publicación en Gaceta del Decreto 3.444. En efecto, la controversia generada por este polémico decreto aparecido en la Gaceta Oficial de la República N° 5.758, Extraordinario, de fecha 27/01/2005 constituye la causa de la confrontación pública. Los opositores al “régimen” a través de las reiteradas estrategias mediáticas, han tratado infructuosamente de recrear las convocatorias masivas del pasado. El gobierno nacional y sus seguidores han lanzado una contraofensiva, en la que involucran a la sociedad en general invocando la participación como principio de la democracia bolivariana. El debate, una vez más se da con mayor intensidad fuera de la universidad. Sectores internos de las universidades en estrecha relación con factores políticos y económicos externos no quieren comprometerse. No quieren que la universidad se transforme. La sociedad sin embargo presiona en esa dirección. Un análisis del decreto 3.444 y la “conflictividad” desbordada no puede soslayar el contexto en el que tiene lugar dicha confrontación. Es conveniente, hacer entonces algunas precisiones contextuales que permitan una mayor comprensión de las posiciones extremas surgidas, sin restarle importancia al necesario debate que toda la sociedad, incluidos los universitarios, deben realizar con el propósito de profundizar en el principio de autonomía y como consecuencia, reafirmar a la democracia como valor supremo del Estado.

Posiblemente existan motivaciones de índole diversa en la súbita subida del tono de las críticas por parte de los opositores a las políticas públicas que se están implementando en Venezuela. Posiblemente, esté activado un plan desestabilizador que como siempre le asigna a las universidades su rol de servir de carne de cañón e instrumento para el calentamiento de las calles. Ciertamente, la duda asalta a la mayoría en la sociedad nacional, que se ha percatado de la recurrente teatralización (George Balandier; El poder en escena) de agrupaciones políticas, que asociadas a factores económicos nacionales y transnacionales, ponen el énfasis en intereses particulares en perjuicio del supremo interés colectivo de la República. En efecto, son las universidades el pen-último reducto de la Venezuela que promueve las desigualdades; la de los delitos sin delincuentes; la del no me de, póngame donde haiga; la del endeudamiento externo y eterno (ilegal e ilegitimo); en fin la Venezuela de los cuatro crímenes, cuatro poderes, como bien la graficó el Doctor Fermín Mármol León en el texto, cuyo titulo es precisamente ese. Es decir, la Venezuela de los privilegios reservados a una minoritaria casta política, en connivencia con la casta económica del país. Pero de no tratarse de un plan desestabilizador; en el que los raquíticos y languidecentes, pero por sobre todas las cosas desgastados sindicatos de profesores, obreros, empleados y hasta vergonzosamente algunos movimientos estudiantiles actúan como peones en el ajedrez conspirativo; entonces se trata, de la lucha de sectores que se aferran a los privilegios y que encuentran en la autonomía, la vía más expedita para asegurarse -como lo expresó el Dr. Orlando Albornoz-, para sí y su familia la seguridad y estabilidad, aún incumpliendo con las responsabilidades en el desempeño de sus funciones. Unas organizaciones sindicales –asociadas y adscritas a las cuestionadas federaciones sindicales (FAPUV), que conforman la agónica central de trabajadores de Venezuela (CTV)-, plenamente concientes de la transición que se está operando en el país para la consolidación de un Estado de derecho y justicia social, orientado hacia la redefinición de las prácticas, asociaciones y relaciones sindicales éticamente comprometidas con los trabajadores, con la actividad y sector en que se desenvuelve y fundamentalmente comprometidos con Venezuela, en el que no tienen espacio. En fin, una dirigencia sindical desesperada por la perdida de espacios (v.g. Carlos Ortega, Juan Fernández, Carlos Fernández), protagonismo y privilegios que en muchos casos, se traducían en excesivos abusos de poder, atropellos a la dignidad de sus “representados” y de la nacionalidad, así como también en una praxis sindical/profesional de la mayoría de los “dirigentes”, caracterizada por una visión manipuladora de su rol gremial y de actuaciones contrarias a los intereses del colectivo que “representaron y/o representan”. Son precisamente, los sectores sindicales aludidos los que han participado y continúan haciéndolo, en estrategias de desestabilización política y entorpecimiento de la gestión de gobierno. Son responsables en consecuencia, de delitos de lesa patria y de lesa humanidad, al intentar, -afortunadamente para Venezuela-, sin ningún éxito, vender/regalar PDVSA y crear la antesala de las más sórdidas y oscuras acciones –criminales en algunos casos (11-A, Paro Petrolero)-, sin importarles la condición humana, para luego pasar a la ejecución de las más depravadas y pervertidas prácticas de terrorismo y violencia extrema en todas sus formas (Casos Tarek Willian Saab; Rodríguez Chacín y Victimas del Puente LLaguno).

Ahora bien, ¿Qué motiva la anémica manifestación de la privilegiada oligarquía académica y de las genuflexas cúpulas sindicales universitarias? La motivación central, sin duda alguna, es la de conservar privilegios que son reñidos con una ética institucional mínima, e igualmente contradictorios con las normas que determinan el Contrato Social, que suscribió el pueblo venezolano, cuando soberanamente y en referéndum votó por la Constitución en diciembre de 1999. Una Constitución, que establece que “La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad justicia y paz internacional en la doctrina de, Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional” (Art.1); “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad,, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”(Art.2); y que “El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz (…) La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines” (Art.3). En consecuencia, una Constitución que obliga a las instituciones sociales y políticas que constituyen el Poder Publico Nacional, a través de los órganos Ejecutivo(Presidencia de la República), Legislativo(Asamblea Nacional), Judicial(Tribunal Supremo de Justicia) Moral/Ciudadano (Fiscalía, Contraloría y Defensoría) y Electoral (Consejo Nacional Electoral) a una enérgica, firme y decisiva actuación en defensa de la Educación superior y de las instituciones sociales (Universidades y demás instituciones de educación superior) que la integran, como instituciones fundamentales para el ejercicio –se insiste en esto- de la democracia como valor supremo fundante del Estado.