La estrategia mediática para justificar ante el pueblo de los Estados Unidos y el resto del mundo el aislamiento o la intervención de Venezuela, ha venido repitiendo que el presidente Hugo Chávez es “terrorista” o “cómplice del terrorismo”. Tal afirmación no la presentan de una manera aislada, sino unida a otra: “Chavez es un potencial autócrata”.

Un autócrata, según la Real Academia Española, es una “Persona que ejerce por sí sola la autoridad suprema en un Estado”. De acuerdo a otras definiciones, un gobierno es autócrata cuando: utiliza la fuerza o el terror para imponer su autoridad y ejercer sus funciones pasando por encima de las leyes; todos los poderes los concentra una sola persona, sin limitación o control legislativo o judicial; y prescinde de la voluntad de sus gobernados(as), a quienes suspende libertades políticas e individuales.

La suma del supuesto carácter “terrorista” con el de “autócrata en potencia” que le endosa la Casa Blanca al presidente venezolano, pretende fabricarle una imagen de “amenaza” que “puede” desestabilizar la región.

La grave acusación de “terrorista” no es sustentable cuando se le analiza en profundidad, se revisan ahora los argumentos o “pruebas” que pretenden demostrar el supuesto carácter “autócrata” del gobierno de Hugo Chávez.

¿Cuáles hechos sustentan la afirmación “Chávez es un potencial autócrata”, un dictador?

De la afirmación “Chávez es un autócrata en potencia”, destaca en primer lugar la coletilla “en potencia”, pues indica que aún no lo es y demuestra que tal acusación es una especulación. Para que tal proyección futurística se cumpla, debe estar sustentada en hechos comprobables. Sin embargo, son ya comunes las publicaciones masivas que siguen sosteniendo tal acusación como una “verdad” y no como lo que es: una especulación fabricada.

Para demostrar que el gobierno del Presidente Chávez se dirige hacia un régimen autocrático, se señala que tiene “presos y perseguidos políticos por pensar diferente”, “amenaza la libertad de expresión” y “utiliza técnicas legales para concentrar los poderes públicos”.

¿Tiene el presidente Chávez “presos y perseguidos políticos por pensar diferente”?

Un Golpe de Estado, así como el sabotaje a cualquier industria del Estado, son considerados delitos en cualquier país.

En el golpe de Estado hubo responsables en la incitación, preparación y ejecución del mismo: desviaron ilegalmente una marcha opositora hacia Palacio de Gobierno, contrataron francotiradores y utilizaron a la Policía Metropolitana para producir las muertes que luego le endosarían al Presidente; elaboraron un “decreto” que designó “presidente” a Pedro Carmona Estanga y eliminó de un plumazo todos los poderes públicos; avalaron con su firma ese decreto; cerraron el canal de TV del Estado; detuvieron o persiguieron arbitrariamente a varios miembros del gobierno; asaltaron la embajada de Cuba.

Son muchos los implicados en estos hechos que, para garantizar su impunidad – y con la de ellos, la de sus cómplices extranjeros-, se presentan como “inocentes perseguidos por pensar diferente”, como si del pensamiento no hubiesen pasado a las acciones.

Bajo este paraguas de “presos políticos” o “perseguidos políticos”, también se ampara el grupo de militares que se declaró en rebeldía y se instaló en la Plaza Francia (entre los que se encontraban los autores intelectuales y materiales de los atentados con bombas en las sedes diplomáticas de España y Colombia, quienes hoy se encuentran en Miami), así como los responsables del sabotaje a las instalaciones, equipos y procesos productivos de la industria petrolera en 2002 y 2003 para forzar la renuncia del Presidente de la República y quienes contrataron y trasladaron a más de cien paramilitares colombianos hasta Caracas para asesinar al Presidente.

El gobierno venezolano, aplicando las leyes y la Constitución, está tratando de establecer responsabilidades penales de algunos(as) ciudadanos(as) que participaron en tales hechos, en los cuales se evidenciaron acciones que están tipificadas como delitos en los Códigos penales Militar y Civil. Si las instituciones judiciales demuestran que los acusados o imputados incurrieron en algún ACTO delictivo, son aplicadas las penas contempladas en las leyes.

Sin embargo, con la entera complicidad de los medios masivos, las investigaciones y acciones realizadas por diferentes instituciones en el marco del Estado de Derecho, son tergiversadas y presentadas como la utilización por parte de una sola persona -el presidente de la República- para “perseguir o infundir terror” entre quienes se le oponen.

Resulta muy conveniente para el discurso acusador de Washington y sus repetidores, esconder que muchas de las acciones de quienes se hacen llamar “presos o perseguidos políticos” están tipificadas como DELITOS. Tratar de presentarlos como “presos o perseguidos políticos” por “pensar” diferente, para inculpar de autoritarismo al Presidente Chávez, es una falacia.

¿Atenta el presidente Chávez contra la libertad de expresión?

Otro de los argumentos que suelen utilizarse -sobre todo la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)-, para señalar al Presidente Chávez como “autócrata”, es el supuesto atropello contra la libertad de expresión.

La cartelización de los medios comerciales de difusión en Venezuela en contra del Gobierno del Presidente Chávez es un hecho. Mientras se rasgan las vestiduras en defensa de la “libertad de expresión” han ejercido una censura sistemática a las informaciones relacionadas con los logros y apoyos al Gobierno y han mantenido una constante guerra psicológica atemorizando a los usuarios al propalar noticias alarmantes. Su parcialización quedó en evidencia durante el Golpe de Estado de 2002, cuando algunos hechos fueron preparados, distorsionados o manipulados, y sobre otros – el Golpe de Estado en sí-, simplemente no se informó.

En Venezuela se ha exacerbado el uso reiterado de técnicas de manipulación como la descontextualización, el falseamiento de hechos, la presentación de opiniones como hechos, entre otros. Muchas personas del exterior que han tenido la oportunidad de visitar nuestro país en los últimos 5 años, califican de sorprendente el número y calibre de los insultos emitidos en contra del Presidente en los medios masivos. Sin embargo, aún así, ningún medio ha sido cerrado por orden del Presidente Chávez.

Algunos de los y las periodistas que han denunciado ante la OEA hostigamiento por parte de la población y la falta de protección del Estado, han cometido tales excesos que han dado lugar a demandas por difamación . Casos emblemáticos de ello son las periodistas Ybeyice Pacheco y Patricia Poleo ( esta última condenada a 6 meses de prisión por difamar). Otros han sido imputados de delitos como instigar al odio.

La iniciativa de promulgar una ley que regulara la RESPONSABILIDAD SOCIAL de la Radio y la TV, fue usada como argumento para demostrar que el gobierno “atentaba” contra la libertad de expresión. Escondiendo el amplio proceso de consulta en el cual participaron diferentes sectores sociales del país para su formulación, la presentaron como una imposición legal del gobierno. Aún hoy, después de promulgada, esta ley es utilizada por los medios privados para tratar de convencer a la población que ser responsable ante la sociedad es sinónimo de “mordaza”.

Sin embargo, el abuso de la libertad de expresión (cuyo ejercicio siempre ha estado concentrado en pocas manos privadas) para oponerse a un gobierno que cuenta con un apoyo mayoritario, generó una pérdida de credibilidad que ha llevado a algunos medios a la quiebra y a otros a subsistir gracias al financiamiento extranjero. Sobra decir que el derecho de quienes apoyan al gobierno a expresarse libremente ha sido sistemáticamente violado por los medios privados de difusión masiva.

¿Usa Chávez “técnicas legales” para concentrar el poder?

Una de las afirmaciones más divulgadas últimamente es que el Presidente Chávez es un “dictador electo”, que hace uso de técnicas legales para ejercer un mandato autoritario y concentrar el poder.

El primer argumento de la estrategia mediática para “demostrar” que quien ejerce el poder legislativo es Chávez y no la Asamblea Nacional (A.N), es que la mayoría de los diputados, al pertenecer a las fuerzas políticas que apoyan al Presidente, le rinden cuentas y le proveen de las leyes necesarias para “imponer su proyecto”.

Con este simplismo esconden que en el órgano legislativo hay representación de todos los sectores y que si hay mayoría de diputados o diputadas representantes de las fuerzas que apoyan al gobierno, es porque el pueblo votó por ellos y ellas, precisamente por apoyar el proyecto de país que ofrecía el presidente Chávez.

En Venezuela cada Ley aprobada es previamente discutida en la A.N por todos los sectores (igual que en cualquier Congreso del mundo), e inclusive las leyes estas pueden ser impulsadas por la ciudadanía. El control de la ciudadanía sobre la creación del cuerpo de leyes que regulen sus vidas también está garantizado: Si hubiese contradicción entre las leyes que están siendo creadas y los intereses de las mayorías, la misma constitución permite a los electores revocar el mandato dado a cualquier parlamentario o parlamentaria, e inclusive, el pueblo tiene consagrado el derecho constitucional de convocar a referendos para consultar, abrogar o aprobar las leyes.

Si el Presidente Hugo Chávez controlara el poder judicial, el Tribunal Supremo de Justicia no hubiera dictaminado que en abril de 2002 “No hubo golpe de Estado”, sino un ‘vacío’ de poder”. Contrariamente a la acusación que le formulan, en clara evidencia de sujeción al poder judicial, el Presidente acató tal fallo.

Para descalificar al mandatario venezolano también lo acusaron -sin pruebas- de haber cometido “fraude” en el Referendo Reafirmatorio, porque “controlaba” el poder electoral. Sin embargo, la participación de la OEA, el Centro Carter y la de miles de otros observadores internacionales, comprobaron la actuación transparente del Consejo Nacional Electoral.

En conclusión, quienes acusan al presidente venezolano de ser un “autócrata en potencia”, sin tener pruebas y desinformando a la opinión pública, no pueden aceptar públicamente que los encargados de los poderes públicos no están alineados con el Presidente Chávez, sino con la Constitución. Tal negación demuestra el carácter antidemocrático que quienes vienen actuando al margen del Estado de Derecho establecido y refrendado por la mayoría del pueblo venezolano, atacando a la institucionalidad democrática no sólo de palabra sino con acciones.

No hay pruebas que sustenten que Chávez es “autócrata” o “terrorista”, entonces ¿cómo quiere hacer creer la Casa Blanca que es una amenaza para la estabilidad de la región?