Lanzada tal propuesta hemos podido apreciar posiciones bastante disimiles de cada uno de los sectores políticos, por un lado la oposición cayéndole a piedra y por otra parte afectos al gobierno aplaudiendo la decisión.
Los sindicatos socialistas proponen, muy asertivamente, sea convocada una discusión pública para aclarar la forma jurídica y el ente financiero que dictará las pautas para el funcionamiento de dicho fondo. La oposición por su parte no hace ningún tipo de propuesta, sino que manifiestan que le quieren robar sus derechos a los trabajadores.
El radicalismo en este tipo de materia tocan lo más interno de todos los venezolanos, porque en fin de cuentas los que no dependen directamente de una relación laboral, lo hacen indirectamente.
Desde hace mucho tiempo he venido planteando mis propuestas, críticas y apoyos a la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, por ello solo me voy a detener en la parte del manejo del fondo. Actualmente la Ley otorga la prerrogativa al empleador, sea público o privado, de depositar mensualmente 5 días de salario a cada trabajador a partir del cuarto mes de servicios ininterrumpido; en la gran mayoría de los casos los depósitos realizados en las instituciones bancarias están garantizados y disponibles para el trabajador en el momento de culminación de su relación contractual o para realizar los retiros parciales que establece la ley, en el peor de los casos si quiebra una institución bancaria, los recursos de los trabajadores son los primeros que se liquidaran con los activos de la institución, y de paso los garantiza el Estado a través de nuestro ordenamiento jurídico. En el caso cuando las empresas optan por ser ellos quienes administren los recursos y se los entregan al trabajador al final de la relación laboral con los intereses que indica la Ley, en su mayoría los cancelan de inmediato, y de no ser así el trabajador a través de la vía de la Inspectoría del Trabajo o los Tribunales de dicha competencia, logran cobrar su dinero, pero la cosa no funciona igual en la administración pública cuando las instituciones se reservan las prestaciones y no las depositan en el banco, porque en la mayoría de los casos, independientemente de la posición política que tengan, se gastan los recursos en otras partidas, o simplemente tienen tal exceso de personal que no disponen del dinero suficiente para garantizar el pago de los cinco días por mes.
Vistas estas situaciones propongo que en vez de ser el Estado que administre los fondos, se obligue legalmente tanto a las instituciones públicas como privadas a depositar las prestaciones de los trabajadores mes a mes en una entidad bancaria para que el grupo familiar pueda contar luego de sus sacrificados años de trabajo con un dinero del cual puedan disponer de manera inmediata y sin ningún tipo de dilaciones.
Abogado
